Abril 12, 2012.
En sesión ordinaria de la LIX Legislatura se aprobó por mayoría de votos la propuesta de que se inicien averiguaciones para fincar responsabilidades a todos los funcionarios y servidores públicos que hayan incurrido en abuso de autoridad, brutalidad policíaca y falsedad de declaraciones, en el caso de los ciudadanos que fueron acusados de terrorismo.
El Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución fue presentado por el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, quien solicitó en el mismo que el Congreso del Estado exhorte al titular del Ejecutivo, para que tanto la Procuraduría General de Justicia como la Secretaría de Seguridad Pública inicien de inmediato las averiguaciones pertinentes que conduzcan al establecimiento de responsabilidades; así como para que se inicien los procesos internos de sanción respectiva, en el ámbito municipal, concretamente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
El legislador del sol azteca expresó que no puede una autoridad, aprovechando su peso y la atribución que tiene para usar la fuerza pública, irse encima de dos ciudadanos para justificar una presión que existía de los medios y de la opinión pública frente a la psicosis que se vivió durante el evento, por lo que dijo, es necesario que se les responda a los acusados por los abusos que se cometieron en contra de ellos.
“La autoridad también tiene obligación y los ciudadanos derecho a que se les haga justicia cuando una autoridad comete algún abuso contra ellos, eso es lo que estamos pidiendo, que se inicien las averiguaciones, para que si hubo abuso de los policías, de Protección Civil, de las autoridades municipales, se deben fincar responsabilidades a los servidores públicos”.
Rodríguez Leal culpó del caos que se vivió en el evento a las autoridades, a la policía, así como a Protección Civil tanto municipal como estatal, y señaló que esto evidencia el desorden de estas instituciones, así como la corrupción y tolerancia con el comercio ambulante. “La policía fue incapaz de contener el orden y recurrió a chivos expiatorios para responder ante la presión social y mediática”.
Por otra parte criticó la pretensión del Gobierno del Estado de utilizar políticamente el código penal y a criminalizar cada vez más prácticas sociales. “El estado, ante su enorme incapacidad, falta de prevención y ausencia de confrontar a los verdaderos criminales, simplemente generaliza, pretende criminalizar toda conducta”.
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