PRD va contra la privatización del alumbrado público.

Julio 5, 2011.

En referencia a la propuesta de concesionar el Alumbrado Público del Ayuntamiento de la Capital, el Diputado local Felipe Abel Rodríguez Leal consideró que, bajo el esquema que se han venido realizando algunas privatizaciones de servicios públicos en San Luis Potosí, esta posibilidad es totalmente inadmisible, debido a que la autoridad se ha manejado en favor de los intereses de la iniciativa privada, siendo omisa ante las necesidades de la ciudadanía.

“En el esquema en el que se ha venido haciendo en San Luis Potosí no es posible, porque no es en función de resolver el asunto a los ciudadanos, es un problema de negocios, cuando la autoridad tiene intereses con los prestadores de servicios es muy complicado”.

En el mismo sentido, el legislador del sol azteca aseguró que la experiencia de concesionar los servicios ha sido muy mala para la Capital del Estado, siendo que ni la del servicio de recolección de basura, ni la del agua potable, trajeron la solución al problema, y por el contrario, dejaron una serie de ilegalidades y de situaciones de contubernio.

Aseguró que el problema central de la privatización no es que si un particular puede dar mejores servicios que las instituciones, sino en términos de lo que se pierde, de que los bienes y servicios públicos se convierten en asuntos de carácter privado, y pasan a formar parte solamente del ámbito de la mercancía. “Si me pagas tienes el servicio, sino pues no lo tienes, y mis decisiones en temas de la basura y el agua tienen que ver en función de si me es redituable o no, ese es el problema de convertir los servicios y los bienes públicos en mercancía”.

De igual manera expresó que la postura de la Representación Parlamentaria del PRD al respecto es muy firme, que la concesión del servicio de alumbrado público no debe avanzar, ya que el Estado y el Municipio tienen una responsabilidad y deben cumplirla, y si no pueden y tiene que ayudarse de particulares, los esquemas bajo los que tiene que hacerlo deben ser muy claros, y poner un candado para evitar que los particulares en cualquier momento puedan asumir condiciones que después sean contrarias a los intereses de la mayoría, como el caso de Aguas del Poniente.

En este tenor Rodríguez Leal hizo referencia a la situación que actualmente se enfrenta con la empresa Aguas del Poniente, que ahora resulta que tiene todas las condiciones para ganar a la autoridad un litigio jurídico, después de que los que incumplieron la ley e hicieron un acuerdo a todas lucres ventajoso fueron los empresarios, a quienes la misma autoridad les dio todo en charola de plata, inclusive dejando las condiciones para que posteriormente puedan demandar a las instituciones y sacarles dinero aunque se tengan que ir.

Aprueban reforma al Código Penal para mayor protección a víctimas de violencia.

Julio 1, 2011.

La LIX Legislatura aprobó en sesión ordinaria la reforma al artículo 177 del Código Penal para el Estado, a fin de establecer diversas excepciones en la persecución por querella de un delito, y así asegurar una mayor protección a las víctimas de violencia familiar, evitando las diligencias conciliatorias o mediadoras.

Las comisiones de Justicia; y Derechos Humanos, Equidad y Género; y Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, dictaminaron a favor de la reforma propuesta por el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, estableciendo así que el delito se perseguirá por querella, excepto cuando: la víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, presente una discapacidad sensorial, física o mental, sea mayor de sesenta años de edad, se encuentre en estado de embarazo, o que se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, entre otras excepciones.

El legislador del sol azteca explicó que uno de los beneficios de esta reforma, sería que al no ser considerados de querella necesaria se evitan las conciliaciones entre agresor y víctima, pues la intención es evitar las diligencias conciliatorias o mediadoras, por la exposición indebida que se hace de la parte afectada.

En este sentido Rodríguez Leal reiteró que el estado debe intervenir no sólo en la prevención de prácticas de violencia cometidas en contra de cualquier persona, sino también en la persecución y sanción debida, aún en el ámbito familiar, por lo que es necesario generar los mecanismos para que las víctimas de la violencia familiar puedan acceder en las mejores condiciones a la procuración de justicia.

Por otra parte, las comisiones dictaminaron a favor la adiciona el artículo 88 BIS del Código Penal, así como reformas a los artículos, 3º en su fracción X, 155, y 407; y adición del artículo 407 BIS, de y al Código de Procedimientos Penales.

En este sentido, el perredista presentó una reserva de voto sobre el artículo 407, pues con el mismo se pretende retirar el beneficio de la libertad provisional bajo caución a las personas que se hallen sometidas a proceso penal, aún sin tratarse de delitos graves y sin mediar una sentencia condenatoria en su contra.

Reconoció que el razonamiento que conduce al Gobernador del Estado como promotor de la iniciativa, y a las comisiones dictaminadoras, podría ser comprensible dado el legítimo reclamo de un amplio sector de la sociedad que percibe como una falla en el sistema de procuración de impartición de justicia el hecho de que una persona que comete un delito se encuentre muy pronto de nuevo en la calle reiterando conductas ilícitas.

No obstante, aseguró que el sentido de la reforma constituye un grave atentado contra la garantía de legalidad consagrada en la Constitución General de la República, y configuraría en la práctica un régimen de exclusión que conlleva implícito un riesgo enorme de parte del Ejecutivo y del Judicial, de utilizar el proceso penal y al poder punitivo del Estado con fines de persecución política al privar de seguridad, certeza y legalidad a la persona que se halle en este presupuesto.

Graves inconsistencias y violaciones a la ley evidencia la Cuenta Pública del Ejecutivo.

Junio 30, 2011.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal dijo que es posible afirmar que la revisión de las cuentas públicas efectuada por la Auditoría Superior del Estado es objetiva, sin embargo señaló, es necesario que las diferentes áreas del Ejecutivo solventen las inconsistencias encontradas ya que, sólo por mencionar algunas, tenemos que el presupuesto de egresos se elevó en más de 2 mil millones, y tuvo un subejercicio cercano a los 1 mil 200 millones de pesos.

En este sentido el perredista aseguró que estas discrepancias muestran una toma de decisiones errática en dicho rubro. Además hizo mención de que el Egreso reportado por el Ejecutivo difiere del precisado en el Informe Final de Auditoría.

De igual manera se detectaron erogaciones en rubros no autorizados por el Legislativo, lo que implicaría probables violaciones a la Constitución Federal y Estatal, así como el Artículo 61 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. Tan sólo en el rubro de Bienes Inmuebles, esta inconsistencia representa más de 21 millones de pesos.

Indicó que la Representación Parlamentaria del PRD estará pendiente de que el Gobierno del Estado solvente o justifique estas inconsistencias, ya que además se encontró que en el rubro de Servicios Personales, se erogó un 5.3 por ciento más del presupuesto autorizado, destacando un aumento de 280 millones de pesos en sueldos.

Rodríguez Leal determinó que el Ejecutivo debe explicar las razones para el errático manejo en el rubro de Inversión Pública, que de un presupuesto de 1 mil 049 millones se elevó a 2 mil 90 millones de pesos, y sin embargo, sólo se ejercieron 1 mil 405 millones, destacando los renglones de Fomento Agropecuario, Fomento a la Cultura, Edificios Públicos, Agua Potable, entre otros.

Por otra parte informó que el rubro de Inversión financiera muestra también un manejo deficiente, puesto que el presupuesto aprobado de 169 millones se redujo a 125, de los cuales sólo se ejercieron poco más de 119 millones de pesos. Además de que se observa que el Congreso no asignó partida presupuestal para el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, no obstante se erogaron 545 mil 844 pesos para el mismo.

Asimismo el legislador del sol azteca destacó la existencia de diversos sobregiros, que ascienden en su conjunto a cerca de 371.5 millones de pesos, los que generaron como consecuencia el pago de comisiones bancarias por emitir cheques carentes de fondos.

Otra grave inconsistencia que salta a la vista es que, el Congreso autorizó en junio de 2010 la contratación de un crédito con BANOBRAS hasta por 190.4 millones, el cual se dispuso en el mes de noviembre por 175.5 millones de pesos. La Secretaría de Finanzas lo transfirió a la SEDESORE probablemente con el fin de reportarlo como ejercido, sin embargo, hasta el 31 de diciembre esta dependencia no había ejercido dichos recursos.

Finalmente Rodríguez Leal señaló que se reporta también, la existencia de diversos empleados que están incluidos tanto en la nómina del Gobierno del Estado como en la del Ayuntamiento de San Luis Potosí, violentando así la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Constitución Política Estatal.

PRIAN pretende continuar con un proyecto de pobreza, abandono y marginación en 2012.

Junio 29, 2011.

En referencia a las declaraciones vertidas por Felipe Calderón Hinojosa, quien dijo ver un PRI muy fortalecido y negó que Enrique Peña Nieto represente un peligro para México, el Diputado local Felipe Abel Rodríguez Leal consideró que lo expresado por el mandatario, es la prueba más fehaciente del acuerdo que hay entre los grupos de poder para continuar con un proyecto neoliberal impuesto desde hace casi tres décadas.

“Es la prueba más fehaciente de que hay un acuerdo entre los grupos de poder de este país, los que realmente gobiernan, los que toman las decisiones y financian las campañas para llevar a la presidencia a Enrique Peña Nieto, y con eso asegurar la continuidad del proyecto neoliberal, el cual ha ratificado un estado de pobreza, abandono y marginación de la ciudadanía, y de abandono de los derechos sociales fundamentales”, aseguró.

En el mismo tenor mencionó que este neoliberalismo fue impuesto en nuestro país a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, por lo que el próximo año se estarían cumpliendo tres décadas con resultados desastrosos en materia económica, lo que ha ahondado la desigualdad social. “Esa política económica es la que defienden tanto el PRI como el PAN en una alianza tácita perversa”.

Igualmente el legislador del sol azteca indicó que no existe ni siquiera una alternancia, sino que para el 2012 se proyecta una absoluta continuidad del mismo grupo, los mismos intereses, y el mismo proyecto, por lo cual dijo es de temerse lo que nos espera: seis años adversos y muy difíciles para México en todos los órdenes de la vida nacional, y sobre todo más inseguros, pues el Gobierno Federal pretende posicionar “uno de los grupos de delincuencia organizada enquistados desde el poder”.

Afirmó que existe un grupo de delincuencia de cuello blanco de los más altos niveles políticos de este país, es decir, el grupo Atlacomulco, mismo que Rodríguez Leal consideró representa lo más putrefacto del sistema político mexicano y del PRI, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, quien ahora presenta a Peña Nieto como el salvador del país, de una situación de pobreza e inseguridad que ellos mismos generaron.

Por lo que además expresó que es preocupante que este sea el perfil de un priismo que nunca se fue del todo, con el riesgo latente de que dicha camarilla regrese a recuperar sus fueros desde el Poder Ejecutivo.

Finalmente el perredista exhortó a la sociedad a que tome conciencia y que recuerde que este fue el PRI que padecimos durante décadas, y cuyo retorno puede evitarse si se tiene presente que este país merece una opción mejor que la que ofrece y representa Peña Nieto y esa gavilla política.

PRD solicita se declare Alerta de Violencia de Género por feminicidios en la Husteca.

Junio 24, 2011.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que el Ejecutivo del Estado requiera al Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, declare en San Luis Potosí la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, siendo que desde hace ya algunos meses se han agudizado los secuestros, homicidios y violaciones cometidos en contra de mujeres, niñas y jóvenes en la región Huasteca.

Asimismo el instrumento parlamentario pide que el Congreso del Estado solicite a la titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Teresa De Jesús Mendoza Rivera, acuerde con la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, una reunión de trabajo para coordinar acciones urgentes que conduzcan a la contención de estos graves hechos.

El legislador perredista manifestó que el delito de “feminicidio”, es antiguo y ha cobrado dimensiones alarmantes en nuestro Estado durante los últimos 3 años por lo menos, sin embargo desde hace meses en la Huasteca se ha identificado un patrón de feminicidios silenciosos, poco difundidos o incluso intencionalmente ocultados.

Reveló que solamente en Ciudad Valles, entre 2009 y 2010 se tiene conocimiento de 27 homicidios en contra de mujeres o niñas, en Tamazunchale fueron asesinadas 7 en el mismo periodo, asimismo, en Tancanhuitz suman 5, en Ébano 4, en Tampamolón 2, y 1 en Tanquían y Matlapa, respectivamente. De forma que sólo en la Huasteca han ocurrido 50 feminicidios en los últimos dos años.

Rodríguez Leal señaló, que la Ley General en la materia contempla la posibilidad de que el Gobierno Federal declare la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, cuando se pongan en riesgo los Derechos Humanos de las mismas, derivado de prácticas de violencia y feminicidios reiterados. y tiene como fin garantizar la seguridad de las mujeres de la comunidad afectada.

De igual manera indicó que la declaratoria de dicha Alerta implica la acción inmediata de diversas instituciones para restablecer el orden y la salvaguarda de los Derechos de las Mujeres, y que corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar dicha acción emergente.

Para concluir, el perredista dijo que la violencia de género es un asunto de patrones culturales, de prácticas sociales que deben ser erradicadas y en las que el Estado tiene una enorme responsabilidad que ha sido incapaz de abatir la inequidad social, económica, y genérica patriarcal. Por lo que urgió a combatir esta práctica dolorosa y denigrante, ya que de no hacerlo, el Estado se volvería cómplice por omisión.

Es apremiante que el Estado atienda agresiones a defensores de Derechos Humanos.

Junio 22, 2011.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal presentará en la próxima sesión ordinaria, un Punto de Acuerdo para solicitar que el Congreso del Estado requiera a diversas autoridades, se otorguen las garantías para el cabal desempeño de las y los defensores de los Derechos Humanos, y específicamente para que se esclarezca la agresión en contra el vocero Leonardo Vásquez, y se finquen responsabilidades.

En días pasados algunos medios locales y nacionales dieron a conocer que en la madrugada del viernes 17 de junio del presente año, el vocero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue agredido físicamente, golpeado y vejado por elementos presuntamente de la Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento.

Los graves hechos fueron confirmados por el Director de Gestión y Quejas de la propia Comisión, Pablo Loredo Oyarvide, quien detalló que los acontecimientos ocurrieron en el Anillo Periférico cerca de la Avenida Juárez, en donde los elementos policíacos detuvieron sin motivo alguno a Leonardo y a su acompañante, para aplicarles una falta administrativa.

En este tenor el legislador perredista hizo mención de que recientemente el vocero, como parte de sus labores en la Comisión, había denunciado que el mayor número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos eran contra elementos policíacos de San Luis Potosí.

Por lo que indicó que el número de asesinatos de defensoras y defensores en la región, demuestra que los Estados deben tomar una denuncia de amenaza contra un defensor de manera seria y actuar en forma inmediata y eficaz, ya que en muchos casos de asesinatos de defensores, fueron precedidos por amenazas que en su momento se denunciaron pública y legalmente ante los medios de comunicación y las autoridades, denuncias que fueron ignoradas.

Rodríguez Leal afirmó que los Estados deben asegurar que sus autoridades o subalternos, no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas, como es el caso de las defensoras y defensores de Derechos Humanos.

“Ninguna autoridad, mucho menos policíaca debe inhibir mediante amenazas, hostigamiento y agresiones físicas las actividades de personas vinculadas con la promoción y defensa de los Derechos Humanos”.

En el instrumento legislativo propuesto por la Representación del PRD se solicita al Gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, que realice en el ámbito de sus atribuciones y a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las investigaciones necesarias de los presuntos delitos cometidos en contra del vocero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Leonardo Vázquez, y se finquen las responsabilidades correspondientes.

Asimismo se requiere a la Presidenta Municipal, Victoria Labastida Aguirre, presente un informe detallado sobre las agresiones cometidas por personal de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en contra del vocero, y que detalle los datos de los agresores y dé a conocer de qué manera serán sancionados ellos y sus superiores jerárquicos.

Acuerdan convenio de colaboración interinstitucional para atender a migrantes.

Junio 21, 2011.

La Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado acordó con funcionarios del tema migratorio, de procuración de justicia y de derechos humanos, la firma de un convenio de colaboración interinstitucional para llevar a cabo acciones concretas de atención a las problemáticas que enfrentan los migrantes a su paso por San Luis Potosí.

En reunión con la Encargada del Despacho en la Delegación del Instituto Nacional de Migración, Ana Graciela González Baltazar, el Procurador de Justicia, Cándido Ochoa Rojas, el Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Ángel Morán Portales, y la titular del Instituto de Atención a Migrantes, Jaqueline Villaseñor Noyola, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, presidente de la comisión, propuso la firma de dicho acuerdo interinstitucional, y se comprometió a presentar el proyecto a los funcionarios en las próximas semanas.

El perredista indicó que los principales objetivos del protocolo sería establecer acciones concretas, como la implementación de operativos en los puntos neurálgicos del Estado, así como brindar seguridad en la casa de atención al migrante, además de darle difusión a la nueva legislación federal en la materia, y comenzar con la discusión de la Iniciativa de Ley de Protección al Migrante y Movilidad Humana para el Estado.

En este sentido el Procurador de Justicia señaló que la mayoría de los migrantes no denuncian los abusos de los que han sido víctima, debido a la percepción de que se encuentran en la ilegalidad y el desconocimiento de sus derechos, por lo que consideró que es necesaria la difusión de estas legislaciones para avanzar en la respuesta a esta problemática.

Asimismo el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hizo mención de la nula capacitación de policías municipales y estatales en el tema migratorio, por lo que es necesario igualmente establecer mecanismos para llevar a cabo la formación de los agentes en el tema.

El legislador del sol azteca mencionó que a pesar de que no se contó con la presencia del Secretario de Seguridad Pública, General Heliodoro, igualmente se le presentará la propuesta del convenio interinstitucional, ya que es de suma importancia la colaboración de la secretaría, la cual consideró que hasta ahora no tiene contemplado en su agenda el tema de la migración, y por lo tanto no existe una estrategia específica de seguridad pública al respecto.

Software libre puede ser una opción para los millones que se gastan en dependencias de gobierno.

Junio 18, 2011.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que el Congreso del Estado exhorte a los titulares de los tres poderes constitucionales, así como a los titulares de los órganos autónomos de la entidad; para que implementen en las dependencias y oficinas a su cargo el uso de programas informáticos libres o gratuitos, a fin de evitar el gasto enorme que implica la adquisición de licencias, actualizaciones y capacitaciones de una marca específica.

Al respecto el perredista informó que en 2009, el Poder Judicial gastó en total en la implementación y operatividad de programas informáticos 421 mil 542.99 pesos, y en el mismo año, el Poder Legislativo invirtió en dichos conceptos un total de 2 millones 255,759.00. pesos, y se estima que en el Ejecutivo el gasto correspondiente pudiera alcanzar entre 80 y 100 millones de pesos.

Señaló que el recurso que se destina en programas informáticos es sumamente oneroso para el erario público, pues además se debe considerar el gasto ejercido por los ayuntamientos y los órganos autónomos como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

Por lo que el legislador del sol azteca enfatizó en la importancia de la implementación de programas gratuitos, e hizo referencia a los satisfactorios resultados que se han obtenido en el Distrito Federal, en donde se ha hecho uso de dichos programas en las oficinas de sus dependencias, del mismo modo que la Universidad Nacional Autónoma de México ha experimentado la instalación y uso de software libre en sus oficinas.

“Esto demuestra que es viable y conveniente recurrir a esas opciones incluso en áreas de atención ciudadana muy demandadas”, aseguró. Además dijo que a pesar de que pueda argumentarse que el paquete de Microsoft es el más usado en empresas y oficinas públicas, numerosos especialistas han demostrado que otros paquetes informáticos son no solo más baratos, sino más eficientes, más seguros y más fáciles de enseñar y de usar.

Asimismo sostuvo que el promover el uso de software libre democratiza conocimiento informático, abarata costos, contribuye a hacer más accesibles los equipos, sin cancelar la posibilidad de que aquellos que deseen adquirir programas de paga puedan hacerlo.

Ayuntamiento debe cumplir con los acuerdos pactados con recolectores inconformes.

Junio 17, 2011.

En relación con la protesta que realizaron el día de ayer un importante número de recolectores de residuos sólidos urbanos en la Unidad Administrativa Municipal, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, afirmó que la responsabilidad principal sobre las afectaciones a la vialidad y los daños ocasionados al inmueble, se origina en una mala negociación política del Ayuntamiento, y sobre todo, en el incumplimiento de los acuerdos que se tomaron al momento de privatizar el servicio municipal.

Asimismo el legislador recordó que la Representación Parlamentaria del PRD advirtió de los alcances de esta problemática desde hace más de un año, de las implicaciones que tendría seguir adelante con el contrato con la empresa Vigue- Red Recolector, que llegó a San Luis Potosí en medio de un ambiente de mucha tensión y serios cuestionamientos sobre su funcionamiento, marco legal, y conveniencia para la ciudadanía.

Consideró que los afectados de manera directa son justamente los trabajadores, quienes ayer expresaron su legítima inconformidad, además de que, sin justificar los excesos en los que se pudo haber incurrido los manifestantes, responsabilizó al Ayuntamiento por la falta de previsión y sensibilidad, y por la obstinación en favorecer a unos cuantos empresarios de Vigue, por encima de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía que ayer se vio gravemente afectada por el bloqueo.

De igual manera el perredista no descartó la posibilidad de que haya existido provocación por parte de las autoridades municipales, la presencia de agentes infiltrados para justificar una eventual represión del Ayuntamiento, por lo que enfatizó que el encarcelamiento no es la solución, sino atender el origen de la inconformidad.

Al respecto recordó que la diputación del PRD ha sido particulamente insistente en la decisión de revocar el contrato con Vigue-Red Recolector, y de considerar otras formas alternativas en torno al tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que no menoscaben los derechos de las personas que actualmente se dedican a su recolección y además, desde una perspectiva ambiental integral.

Rodríguez Leal ratificó que es urgente que el Ayuntamiento cumpla a cabalidad los acuerdos pactados con las organizaciones de recolectores, a fin de evitar manifestaciones que podrían incluso detonar en otras expresiones de inconformidad, pues no hay que olvidar que los trabajadores han sido presionados, engañados y hostigados, al grado de que cada vez se les ha invadido más sus rutas y se les ha obstaculizado incluso para la pepena, reduciendo sus ingresos hasta cuarenta pesos diarios.

Propone PRD tipificar el delito de desaparición forzada de personas.

Junio 16, 2011.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal presentó ante el Pleno del Congreso, una Iniciativa para adicionar el artículo 136 quater al Código Penal para el Estado, a fin de tipificar en la entidad el delito de “desaparición forzada de personas”, y así armonizar la legislación local con los criterios internacionales y nacionales al respecto.

En este tenor el legislador informó que en 2001, la Fiscalía Especial para la Investigación de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), determinó que las cifras de víctimas de desaparición forzada ascendían a 788 (643 casos acreditados y 145 presuntos).

Asimismo enfatizó en la pertinencia del delito de Desaparición Forzada de Personas, dado que las condiciones actuales de inseguridad y violencia, con un fuerte incremento de la presencia militar en los meses recientes, en donde efectivos del ejército hacen labores de policía, subsiste la práctica de que éstos cometan violaciones graves a Derechos Humanos.

Dijo que hay además un riesgo latente de que so pretexto de combatir la criminalidad, se persiga por motivos políticos a personas no vinculadas con la delincuencia, sino por razones ideológicas o políticas, siendo los activistas opositores y críticos del régimen institucional la población más vulnerable, así como las y los defensores de Derechos Humanos.

“Se deben prevenir posibles conductas represivas en la entidad por parte de funcionarios, servidores o empleados de cualquiera de los tres poderes del gobierno”, aseguró.

La propuesta del perredista consiste en adicionar el artículo 136 quater, el cual establece que cualquier servidor público o empleado de cualquiera de los tres poderes de gobierno, que detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero se le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil días multa, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

Además de que al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos citados, se le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa.

Rodríguez Leal además señaló que el delito de “desaparición forzada de personas” fue tipificado a nivel federal mediante reforma al Código Penal en de junio de 2001, y a la fecha ocho legislaturas locales han hecho lo propio en la materia: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas.