Trata de Personas; un delito que debe ser legislado en nuestro Estado

Mayo 31, 2010.

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población, Ma. Teresa Galicia Saldaña, así como, Cristina Santibáñez Bandano del Instituto de la Mujer, sostuvieron una reunión con el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, a fin de realizar un primer análisis del panorama y las expectativas de una Ley sobre la Trata de Personas, siendo que este delito está ganando terreno en nuestro Estado y en el País.

La Secretaria del COESPO manifestó que ante la necesidad de una legislación para la Trata de personas, en definitiva se requiere de un amplio proceso de análisis sobre las diversas aristas de esta problemática, pues es un delito con varias etapas, muchas de las veces trasnacional y orquestado por la delincuencia organizada.

Sin embargo reconoció que actualmente la legislación sobre el tema en nuestro País se encuentra muy dispersa, además que la probabilidad de que los responsables sean sancionados se reduce a un 1.7 por ciento, pues es claro que existe un grave problema de corrupción e impunidad.

Por lo que en la elaboración de esta Ley de Trata se requiere cuidar la armonización y homología en cuanto a la legislación estatal y federal, a fin de que la misma sea clara, uniforme y aplicable, abarcar todas las modalidades, incluir penas proporcionales y diversos rubros expuestos en el Protocolo de Palermo; como la persecución y sanción del delito y la atención, asistencia y protección de la víctima.

En la reunión quedó de manifiesto la importancia de esta Ley para exigir el compromiso de las Instituciones en la implementación y difusión de políticas públicas enfocadas a evitar el enganche de la víctima y reducir la vulnerabilidad de quienes pueden ser objeto de este delito.

Por su parte el legislador perredista reconoció la necesidad de enriquecer el tema de la Trata de Personas y aterrizar una Ley efectiva, a través del consenso con las demás comisiones involucradas en el tema, como lo es la de Justicia y Derechos Humanos, entre otras, así como el análisis e investigación de expertos.

ESTANCADO EL VOLUMEN DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA CAPITAL

Mayo 29, 2010.

A través de documentos oficiales del Ayuntamiento de la Capital, proporcionados por el mismo al Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, se reconoce implícitamente que la cantidad de toneladas de basura recolectadas por la empresa Vigue Red Recolector es prácticamente la misma que cuando prestaba el servicio el Municipio, situación gravísima dadas las circunstancias en las que se encuentra el tiradero de Peñasco y la ausencia de un terreno para el nuevo Relleno Sanitario.

En el oficio PM/282/2010 que es suscrito por Victoria Labastida Aguirre, intenta dar respuesta a diversos cuestionamientos, entre ellos, el hecho de que el contrato firmado el 7 de marzo del 2008 entre funcionarios municipales y la empresa contratante, nunca fue aprobado por el Pleno del Cabildo entonces en funciones.

No obstante la comparecencia generada el pasado 19 de mayo, las evasivas se mantienen, sin embargo en el documento enunciado aparece como un anexo denominado “Ficha informativa”, en donde se informa de las toneladas depositadas en el sitio de disposición final por organizaciones de camioneteros de enero a junio del 2009 y un comparativo antes y después de la privatización del servicio de recolección de basura.

En el mismo se establece que existen 423 permisos de trabajadores de organizaciones sociales y que sólo el 28.38 por ciento de los mismos trabaja, y de que ingresan 3 122 toneladas al mes.

Sin embargo, el dato que genera verdadera atención es en relación a las toneladas depositadas en su momento por el servicio municipal y posteriormente por Red Recolector en la etapa de privatización.

De enero a junio del 2009 se depositaron 28 641 toneladas. Red Recolector, de septiembre a febrero del 2010 depositó 30 671 toneladas. Es decir, no existen datos cuantitativos que establezcan en este sentido una mejora substancial en cuanto a la recolección y su volumen.

Por otra parte, y en virtud de que la celda emergente creada en Peñasco el 1 de enero del 2009, se ha convertido en un Tiradero a Cielo Abierto y de que además la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental ha instaurado un procedimiento administrativo por este motivo contra el Ayuntamiento de de la Capital, se avecina un problema grave, pues el Municipio seguirá pagando 60 millones de pesos anuales, indexados a la inflación y con un porcentaje adicional de un 2 por ciento sobre el pago total anual.

Rodríguez Leal recordó que durante más de dos años, la administración de Jorge Lozano Armengol, realizó una campaña de desinformación sobre el manejo de los residuos sólidos, estableciendo que le era imposible material y económicamente mantener dicha obligación, en cuanto a la prestación del servicio.

Así mismo señaló que en dicha administración se abandonó el parque vehicular, se generaron adeudos para puentes y obras de relumbrón como la llamada iluminación escénica del Centro Histórico, se pagaron viajes innecesarios a Europa para gestionar los llamados estacionamientos subterráneos, se compararon cámaras de video vigilancia que finalmente tuvieron que ser rescatadas por el C4. “Pero en cuanto al servicio de limpia el mismo fue asfixiado para poderlo vender a grupos económicos de dudosa procedencia, como son las corporaciones Vigue y Red Recolector”.

El legislador perredista puntualizó que evidentemente, si el Ayuntamiento se mantiene en su postura ambigua y carente de iniciativa, el problema crecerá, desbordará al Municipio y las medidas que se deberán de tomar conllevarán múltiples problemas financieros, sociales y de salud pública.

No se descansará hasta encontrar a los jornaleros potosinos desaparecidos

Mayo 27 del 2010.

El día de hoy se llevó a cabo una reunión de trabajo por parte de las comisiones unidas de Asuntos Migratorios y Justicia, en torno al tema de la trata de jornaleros agrícolas, con la presencia del Procurador General de Justicia, Cándido Ochoa Rojas, el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Miguel Cardoza Mora, el Director del Instituto Estatal de Atención a Migrantes, Juan Manuel Martín del Campo, La Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población, Ma. Teresa Galicia Saldaña, Cristina Santibáñez Bandano por parte del Instituto de la Mujer, así como representantes de la Delegación del Instituto Nacional de Migración.

Esta reunión encabezada por los diputados Felipe Abel Rodríguez Leal, Alfonso José Castillo Machuca y Claudio Juárez Mendoza, surgió del Punto de Acuerdo presentado por Rodríguez Leal, en donde se solicita a las instancias correspondientes para que intervengan concretamente en los casos de explotación y encarcelamiento de indígenas originarios del municipio Axtla de Terrazas y la desaparición de 28 jornaleros que iban a trabajar al estado de Tamaulipas, de los cuales el Procurador de Justicia confirmó 8 son potosinos, entre ellos los dos choferes, y los 20 restantes son originarios de los estados de Querétaro e Hidalgo.

En este sentido Ochoa Rojas informó que se tienen ubicados los nombres de los desaparecidos y se está a la espera de los resultados que se generen de la investigación que se está llevando a cabo. Así mismo afirmó que con anterioridad familiares de los jornaleros y de los choferes interpusieron denuncias sobre este caso de secuestro.

Por parte de la Secretaría del Trabajo, Cardoza Mora hizo mención de la existencia de un programa de Evaluación de la Estrategia Jornaleros Agrícola, sin embargo reconoció que dentro del mismo sólo se abarca a empresas formalmente establecidas, por lo que enganchadores que operan en la ilegalidad, quedan totalmente fuera de la supervisión de la instancia.

Por lo que el Subdirector Operativo del Servicio Nacional de Empleo, Carlos García Siller, planteó la necesidad concreta de difundir los programas oficiales a través de los que se vigila el apego a la ley de la contratación de jornaleros agrícolas, a fin de que los ciudadanos interesados busquen empleo a través de la STPS para no caer en engaños.

En este tenor García Siller hizo mención de que para poder llevar a cabo dicho trabajo de difusión, es indispensable la colaboración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de las presidencias municipales.

Teresa Galicia del COESPO recalcó la urgencia de un marco legal para establecer programas estatales para el combate a la trata de personas, una Ley que sancione y tipifique el delito y que proteja a la víctima.

El legislador Rodríguez Leal expresó, es necesario establecer una estrategia de coordinación interinstitucional, a fin de darle continuidad al tema de trata de personas en concreto. Por lo que en la reunión se estableció el compromiso de no cesar en las investigaciones hasta encontrar a los potosinos que en la necesidad de un empleo, fueron engañados y secuestrados.

Por separado, el perredista manifestó es necesario evaluar las propuestas que están en el Congreso del Estado de una Ley para normar en forma más precisa la trata de personas.

PED debe contener propuestas reales de carácter social y ambiental.

Mayo 26, 2010.

A fin de robustecer el proyecto de dictamen que presentará la Comisión de Hacienda del Estado, referente al Plan Estatal de Desarrollo, la representación Parlamentaria del PRD planteó al presidente de dicha comisión, el Diputado Jesús Ramírez Stabros, algunas propuestas sobre cuestiones sin desarrollar o bien sin considerar en forma expresa, en temas como vivienda popular, migración, creación de empleos, trata de personas, educación ambiental y protección del acuífero, entre otros.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal hizo mención de que el PED se presentó casi para concluir el término de Ley, situación que originó que el Pleno del Congreso ordenara la comparecencia de diversos integrantes del gabinete del Ejecutivo durante el mes de abril para que explicara la estructura del Plan, los rubros generales y particulares del mismo y respondieran las inquietudes de los legisladores.

En este sentido el legislador expresó que de dichas reuniones con funcionarios y de una revisión detallada del documento mencionado, surge la necesidad de que sean incluidas en el dictamen final algunas adiciones en torno a temas sociales y ambientales de gran importancia.

Como el establecer reservas territoriales del Estado, con el fin de crear polos de desarrollo urbano, armónicos con los planes de crecimiento y que fomenten una política de abatimiento real del problema de la vivienda popular, así como la implementación de programas para el acceso a créditos de vivienda popular.

Así mismo en el tema de migración, resultan indispensables estrategias de desarrollo y empleo, programas sociales, educativos y de integración social para inhibir este fenómeno. Al igual que se requiere fomentar la creación de empleos a través de incentivos a las empresas que contraten adultos mayores y jóvenes profesionistas recién egresados aún sin experiencia. Y definir como prioridad que el apoyo del Estado para proyectos de inversión tenga como justificación la creación de empleos directos.

Además de iniciar estrategias integrales para aplicar las medidas necesarias para frenar el crecimiento del fenómeno de la trata de personas tanto en materia laboral así como lo relativo al comercio sexual.

Por otra parte Rodríguez Leal indicó que otra de las propuestas para el PED, es implementar una materia curricular en todos los niveles educativos referente al tema ambiental, que abarque desde el proceso formativo hasta la creación y especializaciones relacionadas con el tema. Y de la misma forma que se fomente una concientización sobre el problema de los residuos sólidos aplicando el esquema de la recolección diferenciada, el reciclaje y el reúso.

Creación de sistemas integrales de protección y fortalecimiento de los acuíferos vigilando que las estrategias de desarrollo tengan como eje principal el abastecimiento de agua potable a todos los ciudadanos y la utilización de agua tratada como un factor adicional en los procesos industriales tanto del Estado como de la inversión privada.

En lo referente a la transparencia, es necesario garantizar el cumplimiento tanto al acceso a la información, el acatamiento de las recomendaciones y la aplicación de sanciones a los organismos y/o funcionarios que incumplan con sus responsabilidades. Además de establecer en forma periódica una evaluación del desempeño de los funcionarios de primer nivel atendiendo los señalamientos de la sociedad civil en el sentido de generar certidumbre sobre la honestidad y eficiencia en el manejo de la administración pública.

Así mismo que ante la urgencia de fortalecer la autonomía municipal para un óptimo desarrollo regional, se requiere de una nueva definición en la asignación de los recursos federales que se transfieren a las entidades, reconsiderando las fórmulas y coeficientes, respecto a índices de marginación y población.

El legislador perredista concluyó señalando que una vez analizado el proyecto de dictamen que incorpora diversas observaciones, considera oportuno agregar los puntos mencionados, “que en ninguna forma contravienen el espíritu del PED, las observaciones de los congresistas y que además consideramos, de ser tomadas en cuenta, implicaran un ejercicio de consenso en beneficio del interés público”.

Con engaños, empresarios pretenden quedarse con tierras en SLP: comuneros

Edith Argüelles
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de mayo de 2010, p. 26

Comuneros de San Juan de Guadalupe, denunciaron ayer en la ciudad de San Luis Potosí su temor a ser despojados de mil 200 hectáreas por empresarios de la capital potosina.

Foto Edith Argüelles

Mediante una “figura jurídica inexistente”, empresarios que proyectan un nuevo desarrollo inmobiliario, residencial, comercial y de servicios en la capital de San Luis Potosí, pretenden despojar de mil 200 hectáreas a 328 comuneros, titulares únicos del núcleo de tierras de la comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, denunció Tomás Jasso Menchaca, uno de los poseedores inconformes con este negocio.

Con engaños, dijo, los empresarios encabezados por Carlos Gerardo López Medina hicieron firmar a los comuneros un contrato de préstamo por 82 millones de pesos, a cambio de que éstos modifiquen el cambio de régimen jurídico de mil 200 de las 14 mil 869 hectáreas que tiene el núcleo ejidal, y las aporten para el desarrollo.

Los compradores estarían entregando cada mes, desde octubre pasado, entre 18 mil 750 y 25 mil pesos, “en calidad de préstamo”, para concluir en septiembre próximo la entrega de 250 mil pesos a cada uno de los comuneros, con el propósito de que cedan sus tierras, agregó Jasso Menchaca.

Pero las comunidades, legalmente, no pueden venderse, pues tendrían que cambiar su condición de comunidad, por lo que empresarios pretenden convencer mediante un fraude que les cedan las tierra, para concretar un proyecto que incluye fraccionamientos, hoteles, universidades y hasta una zona de cabañas en una área que fue propuesta por el gobierno del estado para que la Secretaría del Medio Ambiente y Gestión Ambiental la proteja como reserva ecológica.

Agustín Jasso Juárez y Cipriano de la Rosa Bravo señalaron que ante la preocupación de ver pérdidas sus tierras, unos 30 comuneros disidentes interpusieron la demanda número 149-2010 ante el Tribunal Unitario Agrario del 25 distrito, a nombre de Virginia Trujillo, de la cual se estaría notificándose a los demandados en estas fechas para citarlos a comparecer el mes entrante.
Los denunciantes mostraron el presunto contrato de préstamo celebrado entre los comuneros y empresarios, en la cual aparecen como acreedor Carlos Gerardo López Medina, en su propio nombre y en representación de José Cerrillo Chowell, Manuel del Valle López, José Carlos Mahbub Sarquis, Manuel Muñiz Werge, además de Jorge González Hernández, ex titular del Instituto de la Vivienda en el Estado.

Por parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe firman Aniceto Jasso Bravo, Gilberto Ángel Acosta Pitones, Alejandra Pérez López, Juan Socorro Leyva Flores, J. Guadalupe Campos Terán y Natividad Aguilar, en su calidad de integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia.

Contrato sin firmas.

El diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal sostuvo que este contrato es ilegal, pues ni siquiera tiene firmas, y según los afectados es el documento con que los empresarios pretenden envolver a los comuneros aprovechándose de su pobreza y presionándolos a aceptar los 250 mil pesos como préstamo, cuando en realidad sus tierras valen muchísimo más, pues se ubican donde apunta el desarrollo residencial de la capital del estado.

El legislador denunció que el negocio consiste en pagar entre 50 y cien pesos el metro cuadrado por tierras que luego serían vendidas en más 5 mil pesos por la misma extensión, como hicieron los empresarios Carlos Gerardo López Medina, Vicente Rangel y Eduardo García Navarro, entre 1994 y 1995, con las más de mil hectáreas del ejido La Garita de Jalisco, que ahora son complejos habitacionales.

La reestructuración del crédito de 190 mdp no es más que un adeudo injustificado para las próximas cinco administraciones.

Mayo 21, 2010.

Ante la pretendida reestructuración de la deuda de 190 millones de pesos del Ayuntamiento capitalino y la falta de información al respecto, diputados buscarán un consenso al interior el Congreso del Estado, para proponer un Punto de Acuerdo en donde se solicite la Comparecencia de la Presidenta Municipal, Victoria Amparo Labastida Aguirre, a efecto de que informe todo lo relativo al crédito y la propuesta de refinanciar el mismo.

Además de que explique a detalle con documentos e información fidedigna, lo concerniente a las obras autorizadas con el recurso enunciado. En este sentido deberá acreditar el estado de las mismas, así como lo respectivo al expediente de licitación, los pagos realizados según el crédito descrito, el monto de adeudos, las razones por la modificación o cambio de la corrida financiera.

El 27 de abril del presente año, el Tesorero Municipal Agustín Soberon Alvarez envió al Diputado Jesús Ramírez Stabros, el proyecto generado por el Cabildo de San Luis Potosí, anexando diversos documentos complementarios, entre ellos carta de intención de Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple, en donde se plantea un esquema de crédito simple a 165 meses con un periodo de gracia de 36 meses y por el importe de crédito de los 190 millones de pesos enunciados, cuestión que busca substituir el contrato primigenio elaborado el 17 de marzo del 2009.

Sin embargo el planteamiento realizado por el Cabildo, en ningún momento acredita el estado de trámite de la realización de las obras autorizadas por el mismo, y que dieron por origen la solicitud de línea de crédito. En este sentido el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal afirmó que el Congreso no tiene a la vista lo concerniente al proceso de licitación y a los proyectos ejecutivos que derivan de los mismos.

Así mismo aseguró que existe un desconocimiento sobre los montos que fueron ejercidos en relación a la empresa licitante y el argumento bajo el que se establece la necesidad de renegociar el crédito enunciado.

Por otra parte, la Presidenta Municipal deberá describir y acreditar las razones por las que solicita el refinanciamiento del crédito, justificando el objetivo del mismo en función de criterios coherentes y financieramente sustentables, determinando las causas por las que la misma implica un saneamiento financiero a la administración municipal y en forma determinante, implica un beneficio al interés y orden público, explicando además las razones por las que dicho planteamiento no fue programado en el Presupuesto de Egresos de este Municipio.

Además de que deberá proporcionar el listado de predios municipales susceptibles a venta, siendo que como informó Rodríguez Leal, la aprobación de la línea de crédito para la realización de los proyectos de pasos a desnivel, quedó condicionada en junio de 2008 al análisis de propuestas de terrenos que pudieran ser vendidos el Ayuntamiento de la Capital, a efecto de saldar la mayoría de dicho crédito en el periodo de la actual administración.

“Las corridas financieras del crédito original y la proyección del nuevo crédito son contradictorias en cuanto a justificar el interés y utilidad pública de la determinación. No queda claro si se trata de la renegociación de un crédito, de la transferencia de uno existente o es un nuevo crédito finalmente, además de que se desconoce cómo será la transacción y/o transferencia entre la institución bancaria original, Banamex y ahora con respecto a Bansi, Banca Múltiple”, manifestó el legislador perredista.

Así mismo expresó que la inestabilidad financiera se mantendrá en forma indubitable, pues no existe al respecto un razonamiento que acredite la necesidad de ampliar los términos de pago del crédito. No se enuncia con claridad cuál será en términos fehacientes el escenario comparado en cuanto a capital, intereses, costo financiero, tasa neta y ampliación de plazos.

“La certidumbre es que simplemente se esta planteando un adeudo injustificado para las próximas cinco administraciones, aun cuando los recursos predestinados, provenientes del Ramo 28, se encuentran etiquetados y debieran ser inamovibles. Además de que el Cabildo fue totalmente omiso de incluir esta renegociación en su Presupuesto de Egresos”, puntualizó Felipe Abel.

Dictamen de reestructuración deberá ser nuevamente elaborado.

Este viernes 21 de mayo, fueron citadas las comisiones unidas 1ª y 2ª de Hacienda y Desarrollo Municipal, para discutir el dictamen respecto a la reestructuración del crédito de 190 millones de pesos solicitado por el Ayuntamiento de la Capital, ante la debilidad y fragilidad del proyecto se generó una discusión que finalmente provocó el retiro de la propuesta.

Con el acta de cabildo en mano, el legislador perredista Felipe Rodríguez Leal expresó que originariamente el Cabildo de la capital, el 20 de junio del 2008 estableció la necesidad de vender terrenos municipales, para con esto facilitar el pago del adeudo para la construcción de los puentes. De la misma forma aseguró que no existía información sobre el cumplimiento de las obras acordadas respecto a los dos pasos a desnivel ubicados en el periférico Rocha Cordero en el cruce con Cordillera Central y el situado en Avenida Salk.

De que en fecha pasada el tesorero del Ayuntamiento en diversa comparecencia había señalado que la obra estaba concluida, entregada y pagada. Ahora se informa que se deben 41 millones para concluir el puente del boulevard Rocha Cordero. Esta cuestión debe ser clarificada pues en el expediente remitido por el Ayuntamiento de San Luis Potosí no se establece ni se justifica nada de los antes referido.

Algunos diputados cuestionaron también lo relativo al año de gracia acordado. En el caso de un año que se establecía en el acuerdo original, ahora se establecía que este fuera por tres años.
Con respecto a la corrida financiera, y esto fue también ratificado por algunos legisladores el hecho de aplazar el pago inicial a 165 meses, es decir, el doble de lo firmado por el Ayuntamiento implicará un incremento de adeudo, pues originariamente los 190 millones más 57, 462 de intereses se incrementaría a 247, 462, y la reestructura implicaría sumar a los 190 millones 120, 804 de intereses, dando un total de 310, 840.

Por su parte el Diputado Jesús Ramírez Stabros que en un inicio planteó que el Dictamen fuera aprobado como iba, propuso el retiro del mismo y la elaboración de uno nuevo que implicara alguna de las observaciones planteadas. Sin embargo, el diputado Felipe Abel Rodríguez Leal estableció que no apoyaría ninguna modificación si no quedaba claro que se acreditara lo relativo a que en verdad el Ayuntamiento necesitara la reestructuración, en función del incremento del costo de la obra, pues de otra forma esa cuestión se presta a entregarle a las autoridades municipales un cheque en blanco, que podrá ser utilizado con objetivos diversos.

Diputados deben sumarse a las movilizaciones para rechazar la Ley Arizona

Mayo 20, 2010.

La Representación Parlamentaria del PRD solicitará al Congreso del Estado se eleve su enérgico rechazo contra la Ley Arizona, por considerar que esta criminaliza la condición social, vulnera el derecho a la identidad, atenta contra los miembros de comunidades culturales específicas, deshonra la memoria histórica, no sólo de una nación, sino de toda la región y legaliza violencias ilegítimas.

Así mismo que el Legislativo exhorte a la Gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer, a fin de dar marcha atrás a la puesta en práctica de la ley en mención, para lo cual se deberá integrar una comisión de diputados que hagan la entrega personal de dicho planteamiento, ante las instancias correspondientes en los Estados Unidos de América.

En este tenor el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal consideró que la nueva Ley SB 1070 legaliza actos racistas y discriminatorios, criminaliza a los inmigrantes indocumentados, atenta contra los derechos civiles o humanos básicos de los migrantes porque institucionaliza el racismo contra la población en general.

“Esta ley es una vergüenza o debería serlo para una sociedad que se jacta de vanguardia en la democracia occidental en plena segunda década del siglo XXI, retrocede en el ámbito de los derechos humanos y se fomenta el racismo”, aseguró.

Por lo que dijo que los legisladores y la Gobernadora Jan Brewer han aprobado la ley sin tomar en cuenta la valiosa aportación de los migrantes a la economía, la sociedad y la cultura de Estados Unidos, siendo que la historia de esta nación es una composición de migraciones diversas y constantes.

Los activistas hispanos se preparan para interponer demandas contra la legislación racista y xenofóbica, además de que se está convocando a las compañías, a sumarse a un boiciot contra Arizona por pasar la Ley Atimigrante. Por su parte, el Congreso de la Unión hizo un exhorto al Ejecutivo mexicano a que “haga uso de todos los espacios de diálogo diplomático y de los instrumentos y mecanismos que sean necesarios para defender los derechos e integridad de los mexicanos”.

En este sentido Rodríguez Leal expresó que son numerosas las medidas que podríamos tomar, de modo concatenado y en estrecha alianza con los mexicanos del exterior, para poner un coto a la humillación y la impunidad.

Desde luego con un tono diplomático más enfático y convincente hacia el país vecino del norte y la comunidad de naciones, mediante el agotamiento de procedimientos bilaterales y la búsqueda de opciones multilaterales; como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los comités de Naciones Unidas con jurisdicción en la materia, la Asamblea General de la Organización y la propia Corte Internacional de La Haya.

Así mismo consideró que la criminalización de los migrantes va a contrapelo de los avances mundiales en este campo. Abre la vía para que las autoridades locales asuman, al margen de toda responsabilidad, competencias migratorias que por definición son nacionales, legaliza la xenofobia, porque permite la persecución fundada en identificación étnica.

“Debiéramos sumarnos por entero a la lucha de nuestros compatriotas por su dignidad. Se hace necesario proponer que desde la Constitución quede estipulado que las autoridades mexicanas tendrán la obligación de proteger a los mexicanos aún en el extranjero. Tendríamos que consagrar cuanto antes el derecho universal a votar en elecciones nacionales para nuestros compatriotas del exterior”.

El legislador perredista expresó que es urgente escapar de la trampa que nos tendió un Tratado de Libre Comercio asimétrico e hipócrita de integración: libertad para la circulación de bienes, servicios y transacciones financieras, pero limitaciones aberrantes y maltratos para los migrantes, cuando migrar es un derecho humano inalienable.

Por lo que de igual manera, el Punto de Acuerdo presentado ante la LIX Legislatura, pide exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dé seguimiento a las 1106 propuestas que en 44 estados de la Unión Americana que en mayor o menor medida atentan contra los derechos de los migrantes.

Además de que de deberá buscar que el Congreso exhorte a la SRE, para que, por los canales diplomáticos que estime pertinentes, invite al Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama a que inste a que el Congreso de aquél país a que emita a la brevedad una reforma migratoria integral a fin de que establezca los lineamientos generales aplicables a toda la nación en proporción a los compromisos internacionales relativos a la migración contraídos a instancias de la Organización de las Naciones Unidas.

La privatización de la basura en SLP; la peor herencia de Jorge Lozano.

Mayo 19, 2010.

Titubeantes, desencajados y preocupados, funcionarios del Ayuntamiento de la Capital estuvieron el día de ayer en una reunión con la Comisión ampliada de Ecología del Congreso del Estado, encabezada por la Diputada Yvette Salazar Torres, además de Jaime Yañez Peredo, María Patricia Álvarez Escobedo, José Luis Martínez Meléndez, Tito Rodríguez Ramírez y Oscar Bautista Villegas, quienes se dieron cita en la Sala de Previas del Pleno, en relación al Punto de Acuerdo presentado por el legislador perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, presentado ante el Pleno el pasado 6 de mayo.

A dicha reunión asistieron la Presidenta Municipal, Victoria Labastida Aguirre, el Secretario General, Emigdio Ilizaliturri Guzmán, el Tesorero, Agustín Soberón Álvarez, el Síndico, Luis Miguel Meade Rodríguez, la Directora de Ecología e Imagen Urbana, Mayra Denisse Govea Tello, el Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, Manuel Barrera Guillén, así como los regidores Sara Catalina Ramos Reyna, Ramón Oyarbide Escalante y media docena más de funcionarios de diferentes niveles.

De entrada, la Alcaldesa manifestó que ella nunca estuvo de acuerdo con la privatización del servicio cuando fue diputada, e inclusive votó en contra, pero que ahora debe asumir la responsabilidad de la institución municipal que representa, por lo que dejó ver su firme postura de no rescindir el contrato, argumentando que se deben de analizar todos los escenarios legales antes de correr el riesgo de un daño patrimonial.

Señaló que se están pagando 60 millones de pesos por año y que esto sería por los 15 años de la concesión, y que es una situación muy complicada. Por su parte el Síndico Municipal, en una larga exposición intentó justificar la incapacidad jurídica y económica para rescindir o nulificar el contrato con la empresa Red Recolector y /o Vigue.

En un documento pretendió desglosar el contrato firmado el 6 de marzo del 2009. Realizó una serie de definiciones de conceptos y compromisos insertos en el mismo, y a su vez definió lo relativo a la celda emergente que al día de hoy se sigue utilizando, en cuanto o a su operación y posible clausura, de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003, expresando que el inicio de operación del nuevo sitio de disposición final de residuos, se dará hasta en tanto quede clausurada la anterior. Sin embargo sabemos que en la actualidad no hay terreno para el sitio.

En forma poco veraz Meade Rodríguez comentó, que por existir de acuerdo al punto 2.4 de las bases del concurso de la licitación, los trabajos de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos, sólo podía ser exigible hasta que se firmara el punto referido, que es concerniente a los compromisos laborales de los trabajadores del servicio de limpia que llegasen a un acuerdo de indemnización y /o contratación con la empresa que obtuvo la concesión.

Es decir, de acuerdo a esta interpretación, Red Recolector y/o Vigue, pueden seguir arrojando los residuos en la celda emergente que al día de hoy se encuentra totalmente colapsada.

Durante la exposición del síndico se hizo referencia a un documento elaborado por un despacho particular denominado Loperena, Lerch y Martín del Campo, en donde se analizan el concepto del caso fortuito y la fuerza mayor como eventos que escapan a la voluntad del Ayuntamiento y de la concesionaria para cumplir el contrato, de la misma forma lo relativo a fianzas, los riesgos que le implicarían al municipio concluir anticipadamente la concesión.

Por su parte el Diputado Jaime Yañez manifestó su preocupación por el problema que vive hoy la capital de nuestro Estado, estableciendo que el síndico municipal había expuesto cuestiones sobre cómo la empresa Red Recolctor y /o Vigue pudiera defenderse de la posible demanda, pero que en ningún momento comentó de qué forma se debieran de proteger los intereses del Municipio, en función de las irregularidades generadas por la empresa concesionaria.

Así mismo el legislador perredista Felipe Rodríguez Leal, cuestionó muchos de los señalamientos realizados por los funcionarios municipales, como es el hecho de que en forma indudable se contaba con 180 días después de la firma del contrato para el inicio de operaciones del nuevo relleno sanitario, lo que desde luego ya había concluido como plazo. Además de que SEGAM había rechazado la autorización para el terreno del nuevo relleno sanitario por diversas cuestiones sólo imputables a la empresa, por lo que los trámites fracasaron.

Por otra parte recalcó que el Ayuntamiento jamás había realizado sesión de cabildo para aprobar el contrato, y que era falso que bastara la autorización en lo general para su firma, pues las cláusulas y la totalidad del documento deberían haber sido aprobadas por el cabildo entonces en funciones.

Ante el cuestionamiento del diputado hacia el Secretario de Ecología, sobre si la celda emergente provoca un problema de salud a los potosinos, dadas las condiciones de sobresaturación en las que se encuentra, Barrera Guillén evadió responder. Sin embargo, manifestó que en San Luis Potosí no hay un relleno sanitario, sino que por el estado en que se encuentra la celda emergente de Peñasco, “el lugar es un tiradero a cielo abierto”. Por lo que informó, ha sido instaurado un procedimiento para sancionar tanto a Vigue como al Ayuntamiento.

Así mismo el funcionario estatal señaló, no existe en este momento ningún trámite para volver a intentar la autorización de un terreno para el sitio de disposición final ante la instancia que representa, además de que no se subsanó absolutamente nada en tiempo y forma. “La empresa no ha presentado la documentación y no sabemos si presentarán otra propuesta de terreno. No hay a la fecha trámite sobre la viabilidad”.

Por su parte Rodríguez Leal concluyó exigiendo la entrega de la información requerida en el Punto de Acuerdo que dio origen a esta mesa de trabajo, pues no obstante de que en algunos casos son acciones que se generaron en la anterior administración municipal, las consecuencias se viven el día de hoy. Además de que reiteró su postura, en el sentido de que si existen condiciones para rescindir el contrato.

Por lo que además solicitó conocer las supervisiones que la administración municipal ha hecho, tanto a la empresa Vigue y/o Red Recolector como a los carretoneros, camioneteros y pepenadores que realizan la colecta de casa en casa, de acuerdo al dicho del Secretario General en la misma reunión. Así mismo se informe sobre el cumplimiento del Decreto 537, en torno a diversos aspectos, entre estos, el respeto a las rutas que se habían asignado para los recolectores informales.

PROFEPA reconoce ante el FAO actos irregulares de su delegado

Mayo 16, 2010.

El pasado viernes 14 de mayo, durante más de seis horas la PROFEPA mantuvo cerradas sus instalaciones ante el temor de que integrantes del Frente Amplio Opositor tomaran el lugar. Sin embargo los ambientalistas instalaron un plantón y realizaron una protesta pacifica, con lo que se logró que una comisión encabezada por Armando Mendoza Ponce, Sergio Serrano Soriano, Mario Martínez Ramos, Martín Faz Mora, Francisco Romero, Carlos Covarrubias Rendón, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, los ex diputados federales Armando Barreiro y Jesús González Schmall, entre otros, fueran recibidos por los representantes del área jurídica de la dependencia.

Sergio Herrera, Director Jurídico de PROFEPA, fue instruido por el Procurador del Medio Ambiente, Patricio Patrón Laviada, para dar respuesta a los integrantes del Frente Opositor. La discusión se extendió por más de dos horas.

Así mismo fue presentado un documento elaborado por Héctor Barri González, abogado de Pro San Luís Ecológico, mismo en el que desglosa la situación jurídica de diversos amparos, como el 1246/2009 que ya fue resuelto en forma definitiva, mismo que sirvió a MSX para reabrir operaciones después de la clausura de Noviembre del año pasado. Este amparo fue sobreseído el pasado 21 de abril del 2010.

Integrantes del FAO enunciaron que debe ser una clausura total y definitiva, que la resolución de los tribunales es inatacable y que es muy sospechosa la forma de actuar del Delegado de PROFEPA. Alfredo Sánchez Azua, “es evidentemente colaboracionista de Minera San Xavier”.

El abogado Sergio Herrera reconoció que la clausura a MSX en noviembre pasado fue mal hecha. Por lo que aseguró que se esta realizando la investigación correspondiente respecto al delegado de la Procuraduría y en su caso se actuara en consecuencia.

Sergio Serrano, de Pro San Luís Ecológico, exigió que el documento entregado sea respondido a la brevedad y que además se establezca con claridad los tiempos de clausura.

Por su parte el abogado Carlos Covarrubias Rendón, estableció que no aceptaran la instauración de un nuevo procedimiento administrativo para la clausura. “Sería darle a la minera la posibilidad de recurrir el tramite, irse a los tribunales y luego a mas amparos. La forma de terminar esto es clausurar y darle curso a las indagatorias que se tiene contra la trasnacional y sus representantes ante la unidad de delitos ambientales de la PGR”.

Cabe mencionar que el encuentro con las autoridades federales fue video grabado íntegramente por miembros del FAO, a fin de que sirva como elemento de prueba contra Alfredo Sánchez Azua en la demanda penal que fue presentada en su contra en marzo de este año.

Hospital General de Soledad contrató a su personal mediante outsorcing.

Mayo 15, 2010.

En relación a la inauguración del Hospital General del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, realizada el pasado 10 de mayo, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal solicitó información al Secretario de Salud, Alejandro Perea Sánchez, sobre el personal que fue contratado para laborar en dicho hospital, pues se tiene conocimiento de que fue mediante el esquema de outsourcing, es decir vía intermediarios o subcontratación.

Ante la situación, Rodríguez Leal le solicitó mediante oficio al funcionario, proporcione un informe completo sobre el tema, que deberá consistir en el nombre y/o razón social de la empresa intermediaria, el contrato o convenio firmado por el Gobierno del Estado o este Hospital con la empresa enunciada.

Así mismo que Perea Sánchez proporcione la plantilla laboral subcontratada, el documento mediante el cual esta institución médica pidió al Ejecutivo el mecanismo de contratación o la justificación para el mismo, el número de personas que fueron asignadas a la misma, su nombre, escalafón y salario.

Además de que se informe si dichas personas cuentan con alguna prestación social o de cualquier naturaleza y se defina si el Gobierno del Estado o este Hospital general es patrón solidario de los trabajadores enunciados.

El legislador manifestó su sorpresa ante la aplicación de dicho esquema, sobre todo en un centro de atención médica tan importante, siendo que la contratación terciarizada se encuentra muy cuestionada y criticada por los bajos niveles de seguridad social que implica, pues violenta la estabilidad laboral y la seguridad de quienes por necesidad se someten a esta forma de relación laboral.

En este sentido hizo referencia al Punto de Acuerdo presentado por la Representación Parlamentaria del PRD, el pasado 6 de mayo ante el Pleno de la LIX Legislatura, en donde se solicita al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Miguel Cardoza Mora, vigile e inspeccione a las empresas privadas de jurisdicción estatal, así como que se acuerde la comparecencia del mismo, a fin de que rinda un informe pormenorizado respecto a esta modalidad de subcontratación en la que tenga o hubiese tenido injerencia el Gobierno.

Además de que se exhorte al Oficial Mayor del Gobierno del Estado, para que por su conducto las demás dependencias del Ejecutivo, se abstengan de hacer uso de esta modalidad de contratación, y el funcionario rinda un informe pormenorizado en donde se enuncie todos y cada uno de los ciudadanos contratados bajo subcontrato por intermediarios, y que presten un servicio a las instituciones públicas a su cargo.

MOVILIZACIÓN A PROFEPA PARA EXIGIR EL CIERRE DEFINITIVO DE MSX.

Mayo 14, 2010.

Simpatizantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier en la Ciudad de México y en diversos puntos del país, fueron convocados para presionar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en su responsabilidad de clausurar en forma definitiva las operaciones de la empresa canadiense Minera San Xavier.

Se realizaron actos de resistencia en las instalaciones que se ubican en carretera Picacho-Ajusco # 200, colonia Jardines de la Montaña. Una Comisión del FAO sería recibida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la PROFEPA.

En este sentido la Representación Parlamentaria del PRD, además de instrumentar desde el aspecto legislativo esta lucha contra las mineras de tajo a cielo abierto, con Puntos de Acuerdo, Comparecencia de Funcionarios y Reformas a las leyes, informó que brindará el más solidario y consecuente apoyo a esta movilización y a las que se generen en la búsqueda de la salida definitiva de MSX de Cerro de San Pedro.

Después de 12 años de confrontación jurídica entre la minera y opositores, la empresa carece del permiso federal derivado de la nulidad de resoluciones emitidas en 1999 y en abril del 2006, es decir, los permisos que otorgara el Instituto Nacional de Ecología y la Dirección General de Estudios e Impacto Ambiental, ambas dependientes de la Secretaria del Medio Ambiente Federal, colocaron a la MSX en un estado de crisis y declive legal.

La empresa se mantiene trabajando infructuosamente. No obstante de que no existe ningún impedimento para que la PROFEPA clausure en forma definitiva, se pretende mantener a la empresa, argumentando la existencia de permisos de carácter estatal que datan del año 2000 y que quedaron revocados cuando fue nulificado el permiso federal de 1999.

Por su parte el legislador Felipe Abel Rodríguez Leal manifestó que jurídicamente la empresa está derrotada y la preocupación de los grupos económicos de poder es evidente, pues han recibido de MSX apoyos para campañas políticas y además, para generar actos de simulación fiscal. “La transnacional ha financiado al PAN y al PRI, además de que han violado los derechos laborales y han fomentado la explotación al contratar por la vía de las outsorcing”.

Así mismo consideró que el principal referente de la lucha contra las mineras de tajo a cielo abierto a nivel nacional e inclusive internacional, es la batalla por el Cerro de San Pedro. Por lo que aseguró se espera que la inminente victoria de los opositores sea una guía para el trabajo, la

resistencia y la victoria de miles de pobladores y vecinos donde este tipo de proyectos pretenden

justificar su actividad depredadora.

Demandan penalmente a Vicente Rangel y Funcionarios por el caso Libramiento Norponiente.

Mayo 12, 2010.

La ciudadana Martha Pérez Llanas, afectada con la construcción del libramiento Norponiente, presentó denuncia penal por los delitos de Allanamiento de Morada y Despojo y los que resulten, esto derivado de los hechos suscitados la pasada semana en su propiedad ubicada en el poblado Estanzuela en el Municipio de Mexquitic.

En la denuncia establece que “por la mañana de este seis de mayo, antes del medio día al llevar de comer a mis animales, me sorprendió ver que el terreno se encontraba marcado y estaqueado por dentro y fuera de su delimitación. Pinturas amarillas y naranjas marcaban la nopalera y estacas enterradas establecían claramente que personas ajenas a mi propiedad y seguramente a temprana hora realizaron dicha faena. Tengo certidumbre que se generaron actos de allanamiento y despojo…”

Así mismo la afectada manifestó que el predio de 8 hectáreas se encuentra cercado, tiene puerta con candado, por lo que seguramente entraron en forma subrepticia.

Denunció además de que desde hace meses ha sido hostigada y presionada para vender su parcela, pues le aseguran las autoridades y empleados de la empresa META, que el trazo del terreno es inminente, así como la liberación del derecho de vía del nuevo libramiento.

El Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, quien acompañó a la afectada junto con una centena de inconformes, quienes tienen conocimiento y han sido víctimas de la presión que ha estado ejerciendo la empresa META para obtener la posesión de los terrenos del trazo y acreditar la libertad del derecho de vía, hizo mención de que el acto delictivo enunciado tiene por objeto acreditar topográfica y materialmente la posesión de la superficie, situación que al parecer esta aconteciendo en cientos de terrenos que no han podido comprar.

Además afirmó, que al no existir un mandamiento oficial inatacable desde el punto de vista legal, que obligue al los ciudadanos a recibir un pago o indemnización, al no existir tampoco ningún tramite de expropiación, nadie tiene derecho a introducirse a su propiedad, ni tampoco a delimitarla o fraccionarla.

Deberán entonces ser citados a declarar por los acontecimientos enunciados el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, Octavio Arredondo Mata, el Director de la Junta Estatal de Caminos, Ricardo Fermín Purata Espinosa, el Presidente Municipal de Mexquitic de Carmona, Fermín Estala Jacobo, el Director General y/o responsable del Centro en San Luís Potosí de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, José Guadalupe Rodríguez Moreno, así como el Propietario de la empresa META, Vicente Rangel Lozano.

Por su parte Martha Pérez Llanas señaló la presunta responsabilidad de los aludidos, pues son algunos de ellos y empleados de las diferentes dependencias y de la empresa mencionada, los que han generado la presión de los lugareños para permitir el acceso a sus propiedades o bien para firmar contratos de ocupación previa o compraventa.

Alteración de documentos y uso indebido de atribuciones en el proyecto El Realito.

Mayo 11, 2010.

Falsedad en declaración, alteración de documentos y uso indebido de atribuciones; son algunos de los actos presumiblemente ilegales en los que incurrieron e incurren en responsabilidad, tanto el Ex Gobernador Marcelo de los Santos Fraga, el Ex Presidente Municipal Jorge Lozano Armengol y/o quien resulte responsable respecto al Proyecto de Mejora Integral de Gestión de INTERAPAS, el Programa de Agua Potable el Realito y la Planta de Tratamiento del Morro.

En este sentido, la Representación Parlamentaria del PRD ratificará ante el Congreso del Estado, el voto particular en contra respecto a la modificación del Decreto 563 publicado originariamente en el Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de Diciembre del 2008, para efectos de poner en conocimiento y dar vista a la Contraloría General de la Federación y la Contraloría General del Congreso de la Unión sobre los actos ilegales enunciados, la presión, chantaje y mala fe de los gobernantes en turno.

“El Dictamen que aprobó este Congreso para modificar el Decreto 563 está repleto de incongruencias y falsedades, toda vez que se ve afectado de nulidad al partir de la premisa de la solicitud hecha por Jorge Lozano Armengol, y no como era lo correcto, por el acuerdo debidamente asentado en Acta de Cabildo correspondiente; además de que la decisión se toma en el extremo de una aberración jurídica al no consultar al Cabildo soledense”, aseguró el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal.

El día 17 de septiembre del 2008 en Sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez determinó suscribir el Programa Integral de la Gestión de INTERAPAS, el Programa de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable El Realito y el Programa de Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Morro. Por su parte el cabildo de la capital, el 11 de noviembre del mismo año, aprobó el Dictamen donde aprueba los acuerdos enunciados, para el caso se aprobó un mecanismo para crear un fideicomiso que fuera nutrido con recursos del Ramo 33, a partir de las ministraciones que para el efecto recibiera la siguiente administración.

Sin embargo, como explicó el legislador, en Sesión de Cabildo de fecha 13 de agosto del 2009, el entonces tesorero del Ayuntamiento, José Mejía Lira, a través de la Comisión de Hacienda solicitó diversas modificaciones al Acta número 56, con el fin de sustentar modificaciones a diversos artículos del Decreto 563, pues la forma mediante la cual se establece la aportación municipal al proyecto no podría generarse a partir de un Fideicomiso mercantil y que en su lugar debería establecerse un mecanismo tal, y como lo solicitó INTERAPAS originariamente.

Al cambiar el esquema de financiamiento como lo peticionó Mejía Lira, se exige que se avale de manera irrestricta todos los proyectos, lo que creó una disonancia jurídica y financiera. Cabe señalar que jamás se planteó la modificación en suma de aportaciones, como tampoco se definió cuál seria el tratamiento para el caso de Soledad, sobre la base de que éste modificara su determinación original. La única petición de modificación fue suprimir el modelo de fideicomiso, jamás modificar las cantidades, esquemas de aval y tiempo de aportación.

Al realizarse la votación correspondiente, no se obtuvo la mayoría calificada para el efecto, por lo que el acuerdo de fecha 11 de Noviembre del 2009 se mantuvo. No empero y pese a adolecer de las deficiencias jurídicas antes narradas, el 3 de septiembre del 2009 fue turnada a la anterior Legislatura, una Iniciativa que proponía modificar varios artículos del Decreto 563.

El planteamiento fue formulado directamente por Jorge Lozano en su calidad de integrante de INTERAPAS, pretendiendo con ello evadir su responsabilidad como integrante del cuerpo edilicio. Además de no existir constancia de dictamen o resolución emitida por la junta Directiva del Organismo, que le permitiera manifestar una voluntad colectiva o colegiada referente a las modificaciones suscritas solo por él.

El legislador perredista indicó que el 10 septiembre del mismo año se realizó una Sesión del Cabildo en donde nuevamente se formuló el planteamiento de modificación al Acta del 11 de Noviembre del 2008, aprobándose en esta ocasión dicha solicitud. Sin embargo el Ayuntamiento de Soledad nunca ha modificado su Acta de Cabildo de fecha 17 de septiembre del 2008.

“Las cifras, los términos, las condiciones, las corridas financieras, lo planteado originariamente por INTERAPAS, los razonamientos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, son incongruentes y se modifican para resarcir yerros y desfasamientos del proyecto”.

Así mismo Rodríguez Leal advirtió que el montaje para materializar el proyecto de la Presa El Realito se mantiene y el endeudamiento puede ser de una gravedad estructural para los dos niveles de gobierno local, sobre todo considerando la base de argucias y mentiras de quien ostentó y ostenta el poder, poniendo desde este momento en quiebra técnica a ambos Ayuntamientos, lo que muy seguramente generará la necesidad de su rescate financiero, que pagaremos todos los ciudadanos potosinos de varias generaciones.

Labastida pretende dejar la deuda de 190 mdp a la próxima administración.

Mayo 10, 2010.

“Debe precisarse que la reestructura solicitada por el Ayuntamiento capitalino tiene su verdadero origen en una grave omisión presupuestal, de manera totalmente ilegal y no en una intención de liberar 100 millones de pesos para obra social, como se ha estado argumentando”, aseguró el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal.

En este sentido manifestó; lo que realmente está sucediendo es que no se incluyó el pago de esa deuda en el Presupuesto de Egresos 2010, y ahora enfrentan el problema de carencia de recursos para pagarla. Por lo que tendrían que modificar el presupuesto y tomar los recursos de otras partidas y programas para poder pagar ese crédito.

Rodríguez Leal expresó que todavía es más grave el que se hayan violado preceptos legales, de las leyes de Deuda Pública y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, pues ambas obligan a que los pagos de deuda pública queden consignados y autorizados en el respectivo presupuesto anual.

Lo que no se ha dicho, es que los intereses aumentan 110 %, pues el pago de éstos se ampliaría con 67 millones, y en lugar de pagar 57 millones que actualmente corresponden al adeudo de 190 mdp, se terminaría pagando poco menos de 121 millones por este concepto.

“El Congreso no es lavadero de nadie, el Ayuntamiento omitió intencionalmente circunscribir el pago al presupuesto, pues no es opcional incluir o excluir el pago de deuda pública en el Presupuesto Anual, esta acción está obligada por Ley cuando el calendario de los compromisos de pago así lo exijan”.

El perredista explicó que una vez considerado el pago del capital de 190 millones, el pago total aumentaría de 247 a 311 millones de pesos, derivado de un enorme error de planificación financiera y de violaciones graves al marco legal aplicable en materia presupuestal y de deuda pública.

Por lo que finalmente el legislador indicó que se llevará a cabo una labor de difusión a través de los medios de comunicación, así como un consenso con los demás integrantes de la LIX Legislatura, para que la pretendida reestructuración no pase en las comisiones de Hacienda, 1ª y 2ª de Hacienda y Desarrollo Municipal y Desarrollo Territorial Sustentable, o rechazarla en el Pleno.

Funcionarios y fraccionadores irrumpen en propiedades sin autorizacion.

Mayo 09, 2010.

Con el objetivo de marcar el trazo del nuevo Libramiento Norponiente, en la zona de Mexquitic de Carmona en la comunidad de Estanzuela, grupos de topógrafos, acompañados de funcionarios estatales y federales irrumpieron en las pequeñas propiedades que están ubicadas en la delimitación del proyecto durante este fin de semana.

El día de ayer al concluir una asamblea en dicho lugar, los afectados se dirigieron acompañados por el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal al lugar del conflicto, para quitar las estacas y borrar los rastros de la medición.

Los ciudadanos Martha Pérez Llanas, Hilarión Blanco y Juan Ávila Juárez, relataron cómo se introdujeron los topógrafos a sus propiedades y a las de unas docenas más de lugareños, con vehículos oficiales y protección policíaca, para estaquear el trazo que a lo ancho es de 60 metros.

El legislador explicó que desde hace mas de 10 meses los empleados de la empresa Mexicana en Técnicos de Autopistas (META), propiedad del empresario Vicente Rangel Lozano, apoyados por empleados de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, del Gobierno Estatal y del Ayuntamiento de Mexquitic, comenzaron a entrar a cerca de 60 propiedades sin que existiera ninguna orden oficial.

Evidentemente esta situación ha provocado la molestia y la resistencia de los vecinos. Ante un clima de violencia, los constructores han intentado convencer a los pobladores, en forma infructuosa. Y ahora se reinicia el clima de confrontación.

El proyecto del Libramiento Norponiente abarcaría en sus dos primeras etapas 52 kilómetros, partiendo del Libramiento Oriente, ubicado en la intersección de la carretera estatal de Matehuala, y de ahí se desenvuelve por los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic, hasta llegar a San Luis Potosí y conectar con la Carretera a Guadalajara.

Las comunidades que se oponen son, Cerrito del Jaral, Agua Señora, Maravillas, Estanzuela, Loma Chica, entre otras, de las que los habitantes han manifestado una firme negativa a vender sus tierras, pues se les está ofreciendo cuatro pesos por metro cuadrado.

Uno de los afectados, Víctor Hernández, señaló que es un proyecto de especulación pues paralelamente al intento de medir, los traficantes de tierra y coyotes intentan comprar los ejidos por donde pasará este nuevo Libramiento, que es a su vez un tercer anillo periférico. “Ahora nos dicen que nos van a obligar a vender, que nos pueden expropiar nuestras casas y parcelas y que entonces nada detendrá el proyecto”, externó preocupado el ciudadano.

Por su parte Rodríguez Leal informó que de acuerdo al proyecto ejecutivo, serian afectados entre 400 y 450 ejidatarios y propietarios en la primera etapa. El costo de la obra es de 2 mil 400 millones de pesos, que a la fecha no han podio ser aplicados por Banobras, pues ante la falta de liberación del derecho de vía, se condicionó su entrega para el mes de junio de este año, de lo contrario el proyecto tendrá que ser renegociado.

El perredista indicó que la autorización del proyecto deriva en el desdoblamiento de una concesión que data de 1990, en lo que se identifica como el Libramiento Oriente, que es un tramo de cuota. “Los acuerdos fueron suscritos y apoyados por el Ex Gobernador Marcelo de los Santos Fraga y es como otros proyectos, una herencia pactada con el actual mandatario Fernando Toranzo”, aseguró.

Así mismo afirmó que es sólo la primera parte de un enorme proyecto que delimita una nueva zona de crecimiento urbano. Es parte del gran eje troncal que une Manzanillo con Tampico, es también el punto de enlace del eje Lázaro Cárdenas, las importaciones de Asia que llegan a San Luís Potosí por vía férrea, al recinto Fiscal que tiene Vicente Rangel enclavado en el antiguo Libramiento Oriente y que de ahí parte rumbo a Estados Unidos.

Este nuevo libramiento les es necesario para entroncar todas las carreteras nacionales que confluyen a nuestro Estado, el problema es que los únicos no invitados a la fiesta son los campesinos y agricultores.

El Ayuntamiento pretende tapar el sol con un dedo al retirar a limpiaparabrisas y malabaristas

Mayo 7, 2010.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal se pronunció en contra de los recientes operativos que se han estado realizando en semáforos, en donde se ha remitido a una cantidad considerable de limpia parabrisas, malabaristas o cualquier tipo de pedigüeño, pues es totalmente violatorio de los derechos humanos por tener vicios de ilegalidad.

En relación a las declaraciones del Director de Seguridad Pública Municipal, Juan Felipe Sánchez Rocha, en donde anunció dichos operativos que redundan en la remisión de los ciudadanos a las instalaciones del Charco Verde, estableciendo una sanción de arresto o multa económica, el legislador perredista expresó que no es posible pretender sancionar por la condición de pobreza a estos grupos famélicos, cuando el Ayuntamiento no hace nada por combatir el cúmulo de delitos y faltas administrativas que se presentan diariamente en la capital del Estado.

Así mismo aseguró, el argumento que se usa para la implementación de dicho operativo es sumamente pobre, pues el decir que estos ciudadanos que se emplean lavando parabrisas o haciendo malabares, entorpecen la circulación vial o molestan a los automovilistas, no es sino el reflejo de la propia incapacidad de las autoridades municipales para generar empleos dignos para la ciudadanía potosina.

“El sol no se puede tapar con un dedo y el hecho de retirar a este grupo de personas del arroyo vehicular no implica que los indigentes no existan”, puntualizó.

Finalmente Rodríguez Leal dijo este tipo de acciones policiacas recuerda acciones de gobiernos plutocráticos como el que existió en Sudáfrica en la época del apartheid, en donde se le forzaba a la gente de color a vivir en guetos fuera de las ciudades y éstos sólo podían ir a las mismas con un permiso especial.

Contratación vía “outsorcing” viola los derechos laborales.

Mayo 06, 2010.

Se tiene conocimiento de que en la actualidad, más de 2 millones de trabajadores en el país están subcontratados bajo la modalidad de outsourcing. En el territorio nacional hay más de 5 mil empresas, de las que gran parte sirven para evadir el pago a los trabajadores, prestaciones, reparto de utilidades, así como omitir la seguridad social y fondos de vivienda. Además de que no pagan impuestos federales ni locales y demás obligaciones fiscales.

En este tenor el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal consideró, esta modalidad de contratación violenta la estabilidad laboral y la seguridad de quienes por necesidad se someten a esta forma de relación laboral, con empresas que han hecho del outsourcing un modelo de acumulación de riqueza y plusvalía.

Así mismo hizo referencia de una denuncia publicada en un diario de circulación nacional, en donde se dan a conocer los intereses que guardan Marcelo de los Santos Fraga, Ernesto Zedillo Ponce de León y Santiago Creel Miranda en relación con la empresa Álvarez Puga y Asociados, quienes a través de prestanombres asesoran a diversas empresas outsourcing y utilizan sus influencias como funcionarios o ex funcionarios, a fin de obtener todo tipo de ventajas y beneficios de proporciones económicas insospechadas al evadir obligaciones fiscales, administrativas y laborales.

“De acreditarse dicha denuncia en el sentido de que la empresa Alvarez Puga y Asociados está violando flagrantemente la ley, y que esto a su vez se relaciona con alguna empresa local, nos llevaría a suponer que estamos ante una defraudación que afecta de manera estructural la economía del Estado potosino y vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores directamente involucrados, más aún si se comprueba la participación del Ex Gobernador Marcelo de los Santos”, advirtió el legislador.

Ante esta situación y tras el anuncio que en días pasados diera el Oficial Mayor, José Francisco Carrera Martell, sobre el contrato firmado por el Gobierno del Estado con una empresa outsorcing, resulta el obligado involucramiento del Congreso del Estado, a fin de solicitar a las diversas instancias del Ejecutivo se abstengan de hacer uso de este modelo de contratación, que constituye un instrumento para la desviación de recursos públicos.

Por lo que Rodríguez Leal presentará un Punto de Acuerdo para que el Poder Legislativo solicite al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Miguel Cardoza Mora, vigile e inspeccione a las empresas privadas de jurisdicción estatal, así como que se acuerde la comparecencia del mismo, a fin de que rinda un informe pormenorizado respecto a esta modalidad de subcontratación por intermediarios o terciarizada en la que tenga o hubiese tenido injerencia el Gobierno.

Además de que se exhorte al Oficial Mayor del Gobierno del Estado, para que por su conducto las demás dependencias del Ejecutivo, se abstengan de hacer uso de esta modalidad de contratación, ya que vulnera los derechos de los trabajadores. Y el funcionario rinda un informe pormenorizado en donde se enuncie todos y cada uno de los ciudadanos contratados bajo la modalidad de subcontrato por intermediarios o terciarizada, y que presten un servicio a las instituciones públicas a su cargo.

Así mismo se solicite al Gobernador Fernando Toranzo Fernández y sus subordinados, que bajo ninguna circunstancia se generen apoyos económicos, financiamientos y programas a empresas que utilicen el modelo de contratación terciarizada y que en su lugar se generen las instrucciones para que la fuerza laboral sea etiquetada en los documentos, contratos y convenios de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Por otra parte, el Punto de Acuerdo en mención señala también, se acuerde la comparecencia del Secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, a través de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, a efecto de que informe cuántos contratos, convenios de colaboración o formas de financiamiento y apoyo económico ha generado el Ejecutivo a favor de empresas privadas desde el año 2003 a la fecha, donde se haya justificado el mismo respecto a la creación de fuentes de empleo.

Finalmente el legislador perredista consideró como inconstitucional la disonancia social que origina este tipo de subcontratación, pues permite que existan trabajadores de primera y de segunda clase; pues las prestaciones de los trabajadores contratados por esta modalidad son por lo común muy inferiores a las de los trabajadores sindicalizados, ya que en eso consiste el “ahorro” para las empresas.

“La diferenciación entre trabajadores que implica la contratación por outsourcing atenta contra el principio consagrado en el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo que señala que no se harán distinciones por ninguna circunstancia entre los trabajadores”, puntualizó.

SE DESTAPA LA CLOACA DE VIGUE.

Mayo 5, 2010.

La Presidenta Municipal Victoria Amparo Labastida Aguirre deberá comparecer ante la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, para rendir un informe sobre las múltiples irregularidades que se han presentado en la privatización parcial del servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos no peligrosos, que fuera instrumentada, armada y preparada por la anterior administración para favorecer al grupo Vigue-Red Recolector, y explicar el por qué del incumplimiento de lo establecido en el Decreto 537 que refiere a la autorización para dicha subrogación.

El panorama que actualmente se presenta en materia de disposición de residuos en la capital potosina es desastroso, pues esta se da aún en la celda emergente de Peñasco, sobresaturada desde hace más de 10 meses y que de manera ilegal sigue operando.

Sin relleno sanitario, con un Ayuntamiento sometido a un contrato firmado con fecha 6 de marzo del año 2009, sin una estrategia de sustentabilidad, y con una creciente inconformidad social, el Congreso debe actuar conforme a las atribuciones que el Decreto 537 le faculta y establecer si la subrogación es viable al día de hoy o si lo más conveniente sería rescindir el contrato y que el municipio asuma la responsabilidad constitucional de prestar el servicio.

En este sentido el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal manifestó, es necesario la LIX Legislatura revise con la administración municipal el contrato con la empresa Vigue- Red Recolector, pues la situación de la celda emergente de Peñasco, en la vía de los hechos es un remedo de relleno sanitario, se encuentra en un momento caótico, a punto de colapsar y con un grave riesgo de salud para la población.

Es por ello que el legislador perredista presentará un Punto de Acuerdo para que a través de la Comisión de Ecología, Victoria Labastida presente un informe pormenorizado sobre el estado en que se encuentra la implementación del proyecto ejecutivo para la clausura del relleno sanitario de Santa Rita, el tiradero de Peñasco y el estado que guarda su celda provisional y emergente.

Además de que explique las razones técnicas y jurídicas por las que no se ha cerrado la celda emergente, no obstante que en el contrato se establece claramente que la misma debió ser clausurada tres meses después de firmado el mismo. Y revele por qué el predio adquirido por la empresa Vigue-Red Recolector en el Ejido Santa Rita no ha obtenido el uso de suelo correspondiente.

Así mismo Labastida Aguirre deberá explicar por qué no se ha remitido el contrato realizado entre el Ayuntamiento y la empresa Vigue-Red Recolector, debidamente aprobado por el Cabildo, acreditándolo con el acta correspondiente y acompañándolo con todos sus anexos de conformidad con el articulo 6 del Decreto 537 que así lo mandata.

Por otra parte Rodríguez Leal recordó que el Decreto 537 estableció en su articulo 5 la obligación de hacer uso de todas sus facultades y medios a su alcance para preservar las garantías y derechos laborales de los empleados y servidores públicos que pudieran verse afectados por la concesión parcial del servicio, esto vinculado a los trabajadores del departamento de aseo publico y de la misma forma se mandata instrumentar los mecanismos a su alcance, para no obstaculizar el trabajo de los integrantes de organizaciones de carretoneros, camioneteros, pepenadores y demás personas que hacían de la recolección informal de la basura, su fuente de empleo.

Sin embargo los integrantes de los sindicatos municipales y de los grupos arriba mencionados, han sido presionados, engañados y hostigados, al grado de que a los recolectores de puerta en puerta cada vez se les ha invadido más sus rutas y se les ha obstaculizado incluso para la pepena, reduciendo sus ingresos hasta cuarenta pesos diarios.

Es por ello que se solicita a la Presidenta Municipal, proporcione la relación de trabajadores que han pactado su retiro voluntario, el número de expediente tramitado ante la instancia laboral correspondiente, estableciendo con claridad el monto del pago indemnizatorio, además de la relación de los empleados que se han incorporado a la empresa Vigue- Red Recolector.

Así como un informe de la condición laboral de los trabajadores del servicio de limpia que decidieron mantenerse en la planta laboral del Ayuntamiento, y de cómo se ha respetado la fuente de trabajo de las organizaciones de los denominados camioneteros, carretoneros, pepenadores y similares.

Y se proporcionen datos precisos y soportes documentales sobre el destino de los 23 millones de pesos que en forma de garantía fueron depositados por la empresa concesionaria para efecto de garantizar el pago indemnizatorio a trabajadores de limpia que decidieron acogerse a un retiro voluntario.

El diputado manifestó también tener conocimiento de que la empresa concesionaria manipula la información del tonelaje de su recolección, por lo que Labastida Aguirre deberá informar sobre los pagos realizados a Vigue por el Ayuntamiento, que en esta situación se percibe como complice y negligente al no prever un sistema de control y vigilancia que verifique la veracidad del tonelaje.

Así mismo, tras la determinación de rescindir el contrato tomada por la Comisión Permanente de Ecología del Ayuntamiento, dicho Dictamen de fecha 28 de Abril del 2010, deberá ser remitido al Congreso del Estado.

MINERIA A CIELO ABIERTO=contaminación, daños a la salud, violencia y represión.

Mayo 04, 2010.

Debido a los funestos hechos suscitados en el estado de Oaxaca, en donde fueron asesinados ciudadanos y miembros de organismos sociales que desempeñaban una labor de defensa de los derechos humanos, ambientales y sociales, es necesario que San Luis Potosí tome cartas en el asunto, pues el municipio de Cerro de San Pedro se ha convertido en un foco rojo debido al clima de hostilidad y persecución hacia ambientalistas y simpatizantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier.

En este sentido, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presentará un Punto de Acuerdo para solicitar al Congreso del Estado, se condenen los actos de violencia contra ciudadanos y organismos sociales de defensa de los derechos humanos, ambientales y sociales, de quienes se oponen a la instalación de proyectos de minería a cielo abierto de empresas nacionales y extranjeras, exhortando al Gobierno del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que generen las garantías necesarias que den seguridad a los mismos.

Así mismo, se conforme una comisión plural de legisladores para analizar el funcionamiento de las empresas mineras que se encuentren desarrollando trabajos de exploración y/o explotación en el Estado, presumiblemente contaminantes y que evidentemente generan conflictos de carácter socio político. A fin de que como resultado se rinda un informe que permita tomar las medidas necesarias para que en el marco de la legalidad, se hagan las gestiones necesarias para que se instaure el principio precautorio que impida la devastación del medio ambiente en San Luis Potosí.

Además de solicitar, se convoque a las y los ciudadanos potosinos a paneles de discusión sobre el tema de la minería a cielo abierto.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal indicó, es lamentable y muy preocupante el ataque que sufrieron defensores de derechos humanos de diferentes países, observadores civiles y periodistas, en especial la muerte de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, dirigente del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), siendo que la misma participó activamente con el FAO en Cerro de San Pedro y con la Red de Afectados por la Minería (REMA), y en diversas ocasiones denunció los atropellos de las compañías trasnacionales mineras en Oaxaca y en todo el país.

Apenas hace unos días, el 24 y 25 de abril, Beatriz Cariño participó activamente en el encuentro nacional de la REMA efectuado en Cerro de San Pedro, y la madrugada del lunes 26 salió de la ciudad de San Luis Potosí rumbo a Oaxaca para integrarse a la caravana que se dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Copala, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas Triquis, sin embargo la misión fue atacada por un grupo armado.

Cabe señalar que algunas organizaciones sociales participantes de la citada caravana, responsabilizaron del ataque a integrantes de la Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), organización paramilitar vinculada al Partido Revolucionario Institucional, antagónica del Gobierno Autónomo de San Juan Copala.

Por su parte, el legislador perredista hizo mención de que el clima de hostilidad y persecución hacia dirigentes de organizaciones sociales que se oponen a compañías mineras no es nuevo, pues el 27 de noviembre de 2009, el activista Mariano Abarca Roblero, también miembro de la REMA, fue arteramente asesinado en Chicomuselo, Chiapas. Además de que ese clima de hostigamiento no es ajeno a nuestra entidad, ya en diversas ocasiones los ambientalistas y simpatizantes del FAO, han padecido diversos actos de represión por parte del Ejecutivo del Estado, como el encarcelamiento o exilio.

Así mismo Rodríguez Leal indicó, otra serie de presuntos hechos ilícitos está asociada a la instalación de las compañías mineras extranjeras. “El interés público se pervierte al obsequiar concesiones a compañías cuya nacionalidad jurídica sólo se acredita en papel, pero que en los hechos representan capitales e intereses extranjeros. A todas luces se trata de una simulación jurídica”.

Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, el Gobierno Federal ha otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año, la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras, de las que en su mayoría tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido.

Por otra parte expresó, se tiene conocimiento de que en el Municipio de Real de Catorce, otra empresa canadiense denominada First Majestic Silver Corporation, de Keith Neumeyer, está anunciando que ha concluido trabajos de exploración a efecto de reiniciar trabajos de explotación de plata, pero ahora mediante el proceso de “Tajo a cielo abierto”, lixiviación mediante el método de flotación y aplicación de soluciones de compuestos orgánicos, altamente contaminantes y acreditados con comprobados efectos cancerígenos.

“Los impactos ambientales en la región implicarán al igual que en el caso de Cerro de San Pedro, la adquisición de derechos de agua y el uso indiscriminado de la misma en sus procesos”, aseguró el legislador.

Por lo que hizo mención del caso del Municipio de Guadalcázar, en donde existe un antecedente sobre la empresa transnacional Metalclad, que aseguró que el manejo de residuos tóxicos industriales que fueron confinados no iban a contaminar, sin embargo, le fue revocado el permiso tras acreditar la alta incidencia de residuos incluso radioactivos, que hasta la fecha siguen contaminando y son causa probada de altos índices de hidrocefalia, pues el fallo a favor de la empresa en un Panel de Controversia de acuerdo al TLCAN, tuvo como consecuencia la indemnización de la compañía y la no remediación del lugar.

Finalmente Rodríguez Leal reiteró, la violencia es algo cotidiano en Cerro de San Pedro, las agresiones y las provocaciones de Minera San Xavier se dan a diario. “Por suerte o casualidad no hemos llegado a las tragedias de Oaxaca y Chiapas. Pero cada vez estamos mas cerca”. Además de que de la misma forma, en Municipios como Real de Catorce y Guadalcazar se replica el mismo perverso patrón.

“Estamos obligados a actuar en el ámbito de nuestras atribuciones. De no ser así seremos corresponsables”, puntualizó.