Mayo 20, 2010.
La Representación Parlamentaria del PRD solicitará al Congreso del Estado se eleve su enérgico rechazo contra la Ley Arizona, por considerar que esta criminaliza la condición social, vulnera el derecho a la identidad, atenta contra los miembros de comunidades culturales específicas, deshonra la memoria histórica, no sólo de una nación, sino de toda la región y legaliza violencias ilegítimas. Así mismo que el Legislativo exhorte a la Gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer, a fin de dar marcha atrás a la puesta en práctica de la ley en mención, para lo cual se deberá integrar una comisión de diputados que hagan la entrega personal de dicho planteamiento, ante las instancias correspondientes en los Estados Unidos de América.
En este tenor el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal consideró que la nueva Ley SB 1070 legaliza actos racistas y discriminatorios, criminaliza a los inmigrantes indocumentados, atenta contra los derechos civiles o humanos básicos de los migrantes porque institucionaliza el racismo contra la población en general.
“Esta ley es una vergüenza o debería serlo para una sociedad que se jacta de vanguardia en la democracia occidental en plena segunda década del siglo XXI, retrocede en el ámbito de los derechos humanos y se fomenta el racismo”, aseguró.
Por lo que dijo que los legisladores y la Gobernadora Jan Brewer han aprobado la ley sin tomar en cuenta la valiosa aportación de los migrantes a la economía, la sociedad y la cultura de Estados Unidos, siendo que la historia de esta nación es una composición de migraciones diversas y constantes.
Los activistas hispanos se preparan para interponer demandas contra la legislación racista y xenofóbica, además de que se está convocando a las compañías, a sumarse a un boiciot contra Arizona por pasar la Ley Atimigrante. Por su parte, el Congreso de la Unión hizo un exhorto al Ejecutivo mexicano a que “haga uso de todos los espacios de diálogo diplomático y de los instrumentos y mecanismos que sean necesarios para defender los derechos e integridad de los mexicanos”.
En este sentido Rodríguez Leal expresó que son numerosas las medidas que podríamos tomar, de modo concatenado y en estrecha alianza con los mexicanos del exterior, para poner un coto a la humillación y la impunidad.
Desde luego con un tono diplomático más enfático y convincente hacia el país vecino del norte y la comunidad de naciones, mediante el agotamiento de procedimientos bilaterales y la búsqueda de opciones multilaterales; como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los comités de Naciones Unidas con jurisdicción en la materia, la Asamblea General de la Organización y la propia Corte Internacional de La Haya.
Así mismo consideró que la criminalización de los migrantes va a contrapelo de los avances mundiales en este campo. Abre la vía para que las autoridades locales asuman, al margen de toda responsabilidad, competencias migratorias que por definición son nacionales, legaliza la xenofobia, porque permite la persecución fundada en identificación étnica.
“Debiéramos sumarnos por entero a la lucha de nuestros compatriotas por su dignidad. Se hace necesario proponer que desde la Constitución quede estipulado que las autoridades mexicanas tendrán la obligación de proteger a los mexicanos aún en el extranjero. Tendríamos que consagrar cuanto antes el derecho universal a votar en elecciones nacionales para nuestros compatriotas del exterior”.
El legislador perredista expresó que es urgente escapar de la trampa que nos tendió un Tratado de Libre Comercio asimétrico e hipócrita de integración: libertad para la circulación de bienes, servicios y transacciones financieras, pero limitaciones aberrantes y maltratos para los migrantes, cuando migrar es un derecho humano inalienable.
Por lo que de igual manera, el Punto de Acuerdo presentado ante la LIX Legislatura, pide exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dé seguimiento a las 1106 propuestas que en 44 estados de la Unión Americana que en mayor o menor medida atentan contra los derechos de los migrantes.
Además de que de deberá buscar que el Congreso exhorte a la SRE, para que, por los canales diplomáticos que estime pertinentes, invite al Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama a que inste a que el Congreso de aquél país a que emita a la brevedad una reforma migratoria integral a fin de que establezca los lineamientos generales aplicables a toda la nación en proporción a los compromisos internacionales relativos a la migración contraídos a instancias de la Organización de las Naciones Unidas.
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