martes, 14 de diciembre de 2010

Incongruencia, cerrazón e ignorancia en materia ambiental y de derechos humanos en las comisiones del Legislativo.


Representación Parlamentaria del PRD denuncia falta de seriedad y conocimiento, así como un menosprecio sobre los problemas ambientales que aquejan a la población.

Diciembre 14, 2010.


El día de ayer en sesión en el Pleno del Congreso, las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Derechos Humanos, Equidad y Genero, así como la Junta de Coordinación Política, presentaron un dictamen que desecha el Punto de Acuerdo que solicita al Legislativo condenar actos de violencia contra ciudadanos y organismos sociales de defensa de los derechos humanos, ambientales y sociales, de quienes se oponen a la instalación de proyectos de minería a cielo abierto, y conformar una comisión plural de legisladores que analice el funcionamiento de las empresas que se encuentren desarrollando trabajos de exploración y/o explotación en el Estado.

Al respecto, la Representación Parlamentaria del PRD se pronunció en contra del dictamen, pues consideró que se renuncia a la discusión de un tema clave y de alto interés, y se deja en manos de burocracias la posibilidad de encontrar canales reales de solución y prevención.

Asimismo el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal señaló que se contradicen mismos dictámenes de esta Legislatura, como en el caso del presentado por la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y aprobado en el Pleno del pasado 4 de noviembre del presente año, en donde el tema fue una exhortativa para prevenir el proceso de minería a cielo abierto. “El asunto fue apoyado por esta Representación Parlamentaria, no obstante la debilidad del mismo y la actitud de oportunismo sobre el tema”.

Hizo mención de que el Congreso del Estado de Baja California Norte, determinó hace más de un mes prohibir en forma expresa este tipo de minería de tajo a cielo abierto mediante el proceso de lixiviación por montones y aplicación de Cianuro, mientras que “hoy en San Luís Potosí se rechaza la defensa de poblaciones y seguridad de luchadores sociales, y se deja en manos de los aliados de las corporaciones el derecho de discutir el tema”.

El legislador observó que en el dictamen se evidencian diversas inconsistencias, como en el capítulo de considerandos, en donde se establece que las comisiones carecen de atribuciones para condenar actos de violencia y crimen, lo que desde luego es incongruente, siendo que el Legislativo ha condenado las agresiones de migrantes nacionales y de mismos ciudadanos potosinos en este año que fenece, y por otra parte es indolente frente a los homicidios y actos de violencia contra luchadores sociales inmersos en el problema de la minería de cielo abierto.

De la misma forma indicó que el razonamiento que determina en el considerando cuarto, de que este legislativo no puede exhortar el cumplimiento de la ley en cuanto a garantizar que diversas instituciones del Estado generen garantías y seguridad a ciudadanos y organismos que luchan por la defensa del medio ambiente, derechos humanos y sociales, resulta absurdo e insensible que ante un problema concreto de incumplimiento de la ley, que constituye un riesgo real a la integridad y vida de actores sociales.

En cuanto a la resolución de no conformar una comisión especial que analice la problemática de las empresas mineras que ponen en riesgo la salud de los potosinos, así como la estabilidad política y social, Rodríguez Leal manifestó que es evidente que las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, así como Derechos Humanos Equidad y Género, menosprecian los problemas reales que aquejan a la población y que han sido más que insensibles ante los conflictos que subyacen al respecto.

Por otra parte el diputado del sol azteca señaló que el considerando sexto denota la falta de seriedad y conocimiento sobre el problema ambiental y la necesidad de instaurar el principio precautorio, pues se plantea un ejercicio incorrecto sobre la interpretación de dicho principio, pues se entiende de forma subjetiva, a criterio indefinido de la autoridad responsable. Por lo que consideró como vergonzoso que la LIX Legislatura “se exhiba con un resolutivo tan repleto de ignorancia sobre el tema”.

Finalmente expresó que en el caso del considerando séptimo, el dictamen establece que el convocar a la ciudadanía a opinar y discutir sobre el tema de la minería, es un aspecto exclusivo de la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental y de una supuesta Comisión Estatal de Ecología. De lo que aseguró, el tema nunca ha sido debatido en función de la iniciativa de dichos organismos, por lo que resolver en este sentido, implica limitar a la ciudadanía, a los especialistas y los actores del tema, ateniéndose a quien hoy ocupa la tristemente célebre SEGAM. “En acontecimientos como los que se suscitan en Cerro de San Pedro y lo que pudiera suscitarse en Real de Catorce, Manuel Barrera Guillén, titular de esta secretaría, camina entre la indolencia, la negligencia y la complicidad”.

PRD hace propuesta para evitar que sea “partidizado” el proceso de elección de integrantes del CEEPAC.

Diciembre 10, 2010.

Ante la proclividad de las fracciones parlamentarias a elegir personas cercanas política e ideológicamente a sus intereses, para integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, quien es integrante de la Comisión para la Reforma del Estado, hizo una propuesta ante la misma para desahogar la siguiente etapa en el proceso de elección de los consejeros, a fin de garantizar neutralidad, imparcialidad, y dotar de transparencia.

De los 128 aspirantes, se deberán presentar ante el Pleno del Congreso del Estado un total de 34 propuestas, a efecto de que de ahí se elijan los 17 integrantes de dicho organismo, para ello el legislador propuso la modalidad de insaculación, en donde, de los 68 perfiles seleccionados en la Comisión de acuerdo con los puntajes obtenidos como resultado de la evaluación de expedientes, tanto por la entrevista como por los ensayos, con el nombre de estos proceder a insacularlos públicamente, y obtener los 34 perfiles.

“Este mecanismo provee varias ventajas, en primer lugar garantiza la neutralidad, en segundo lugar asegura la imparcialidad, y finalmente dota de transparencia en la obtención del número de aspirantes de entre los cuales se ha de elegir al Consejo”. Por lo que Rodríguez Leal dijo estar en espera de que la Comisión considere asumir esta propuesta como la vía idónea para garantizar la legitimidad y credibilidad del proceso y del organismo.

De igual manera indicó que este proceso ha despertado una gran expectativa entre la población y los medios de comunicación, siendo que por primera vez se abrió la convocatoria de manera tal que un gran número de aspirantes se registraron. Además de que la mecánica impulsada por la LIX Legislatura respondió en parte a un ánimo de transparentar los mecanismos de depuración, a través de la revisión de expedientes, ensayos académicos y entrevistas personales, filtros que con sus limitantes, ofrecerían a cambio una forma de evidenciar que los buenos perfiles serían los electos.

Sin embargo reconoció que a pesar de este método, que prometía arrojar un Consejo enteramente ciudadano, se corre ahora el riesgo de ser “partidizado”. “Estamos a tiempo de salvar la legitimidad y la credibilidad, no solo de este procedimiento sino de la institución que habrá de emerger del mismo”.

Concluyó que a pesar de no estar obligados por Ley a ir más allá en aras de buscar el respaldo social, es el Pleno del Congreso el órgano que definirá los integrantes finales, y la Comisión para la Reforma del Estado deberá desempeñarse como el filtro adecuado para entregar las mejores posibilidades de entre los aspirantes.

Incremento a la tarifa del agua potable para subsanar el desfase de El Realito.

El Realito y sus apéndices, la planta de tratamiento de El Morro y la modernización del Interapas, arrastrarán a la población a pagar lo que no les corresponde.

Diciembre 8, 2010.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal calificó como grave, la decisión de incrementar la tarifa del agua potable en una proporción desafortunada y perjudicial para la población, mientras a los grupos de poder “no se les toca un pelo”. Aseguró que esta medida obedece a un intento de Interapas de ganar tiempo ante la crisis del retiro de los créditos que, hasta hace ocho meses, Banobras tenía contratado con el organismo operador.

El legislador explicó que en el año 2008 los cabildos de San Luis Potosí y Soledad, aprobaron por una parte endeudarse, y por otra, convertirse en aval solidario del proyecto de refinanciamiento y modernización del Interapas, posteriormente, por presiones de la Secretaría de Hacienda Federal y por criterios de Banobras, los acuerdos tuvieron que ser alterados y modificados, durante los meses de agosto y septiembre de 2009. En este caso, se necesitaba generar participaciones directas de los ayuntamientos sin que pudiese existir la figura del fideicomiso.

Señaló que una situación algo que llamó la atención desde entonces, fue el establecimiento de una política de aumento anual a la tarifa del agua, misma que iría en aumento en forma gradual, pero que se relaciona, desde luego, con el financiamiento del proyecto integral de Interapas, la planta tratadora del Morro y la presa El Realito. No obstante, la petición de aumento que el Interapas y los Ayuntamientos presentan al Congreso, duplica lo que se tenía preestablecido por año, siendo que antes se había establecido que serían aproximadamente 1.50 pesos bimestrales y ahora la cifra se duplica a 2.20 pesos.

Hizo mención de que en el mes de octubre, compareció ante el Congreso del Estado el Director de la Comisión Estatal del Agua, Jorge Luis Rangel Aguirre, en donde el diputado local le cuestionó en múltiples ocasiones respecto al proyecto integral, sin embargo el funcionario ha denotado una gran ignorancia sobre el tema y negligencia en cuanto al manejo del problema del agua en el Valle de San Luis Potosí. A pregunta expresa, de que si era cierto que el crédito de más de mil millones de pesos que Banobras había contratado con Interapas se encontraba suspendido y porqué, al funcionario no le quedó más que reconocer que efectivamente el crédito había sido retirado y también tuvo que establecer que todo el proyecto estaba desfasado, incluido el proyecto de construcción de la presa.

Manifestó que el retiro del crédito de Banobras atendió a la falta de liquidez del organismo, a conflictos jurídicos y de intereses por asignación indebida de obra pública y por el uso redireccionado de los recursos provenientes del crédito. Bajo este escenario, la decisión fue recurrir a los incrementos de tarifas a los ciudadanos.
“Es una situación muy grave para un año que se presenta como difícil para los bolsillos de los ciudadanos. Como es costumbre en esta forma de gobernar, a los ricos y poderosos, dueños de mansiones y desarrollos inmobiliarios, no se les toca un pelo, y por otra parte a la población se le acusa de morosa, se le presiona y, en algunos casos, se le corta el servicio".

viernes, 3 de diciembre de 2010

Condenable el ataque a la libertad de expresión, por parte del contubernio entre el gobierno federal y Televisa.

Diciembre 3, 2010.
En referencia a la campaña de desprestigio que la empresa Televisa inició contra el medio de información Proceso, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal consideró inadmisible que se use el poder político para combatir o acallar a una voz crítica que se caracteriza por su seriedad y profesionalismo. Aseveró que es un síntoma gravísimo de la visión del gobierno federal, que usa al consorcio mediático más poderoso de este país para limitar el ejercicio de la libertad de expresión, y del periodismo.
El día de ayer Televisa, a través del noticiero que conduce Joaquín López Dóriga, acusó a Proceso y al reportero Ricardo Ravelo de haber recibido dinero del narcotráfico para acallar información, siendo que hace unos días el semanario dio a conocer declaraciones del presunto narcotraficante Sergio Villarreal, “El Grande”, según las cuales éste sostuvo un encuentro con el presidente Felipe Calderón. Además de que en la siguiente edición del 28 de noviembre del semanario, se difundió el adelanto del libro Los señores del narco, de la periodista Anabel Hernández, en el que revela la decisión del gobierno calderonista de establecer contacto directo con jefes de los narcos y en particular con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
En este tenor el legislador perredista dijo es condenable que se emprendan campañas de desprestigio desde el gobierno, desde la televisora más grande el país en contra de cualquier ciudadano y en contra de periodistas y colaboradores de un medio de comunicación, por lo que la Representación Parlamentaria del PRD exigirá enérgicamente al gobierno federal el cese inmediato del hostigamiento contra la revista Proceso. “Nos solidarizamos con la defensa de la libertad de expresión, con el ejercicio del periodismo”.
Asimismo señaló que el semanario Proceso es un medio de divulgación muy prestigiado, que se ha caracterizado por cubrir desde una perspectiva crítica muchos temas y asuntos que otros medios omiten, además de que ha mantenido siempre una absoluta independencia de los poderes públicos como principio para ejercer libre y responsablemente el periodismo, por lo que la revista y sus colaboradores han sido víctimas de diversas agresiones que ponen en riesgo la libertad de expresión.

En este sentido, Rodríguez Leal hizo mención de que desde el inicio del sexenio de Calderón, el hostigamiento y la presión han sido constantes, pues el medio de información ha mantenido una posición crítica respecto a las actuaciones erráticas del gobierno federal, siendo que desde ahí se ha denunciado el fracaso de la política económica en materia social, el exceso, dispendio y corrupción en la administración pública y con mucho énfasis en la llamada guerra contra el Narcotráfico.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Se frena despojo de tierras ejidales que pretendía el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona.

Diciembre 2, 2010.

En respuesta al cobro ilícito de derecho de piso que pretende hacer el Ayuntamiento del municipio de Mexquitic de Carmona, a pobladores del Núcleo Agrario de Guadalupe Victoria y Anexo de la Cruz, los mismos interpusieron un amparo, por el cual el Juez 6º Federal ordenó que se suspenda cualquier acto contra el ejido, para efecto de que no sea despojado de tierras ejidales por un total de cien hectáreas, ni para que se cambie el uso de suelo de dicha superficie.

De acuerdo a la versión de los pobladores, durante las fiestas patronales de la iglesia de San Francisco Javier se instala un tianguis en los alrededores, por uso y costumbre el Ayuntamiento cobraba el impuesto, pero todo lo que cobraba era destinado a la realización de obras para el ejido. Sin embargo eso se acabó con la actual administración y ahora el municipio pretende disponer del recurso que se obtenga por el cobro de dicho impuesto, amenazando a los habitantes con el despojo de 100 hectáreas.

En el amparo No. 1259/2010/VI, presentado por la vía de la personalidad sustituta por el ejidatario Gavino Quistiano Hernández, con asesoría de abogados de la Representación Parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, se reclaman los actos de orden de despojo por parte de las autoridades, así como el cambio de uso de suelo, lo que conllevaría convertir la superficie mencionada en una propiedad Municipal, administrada y regulada por el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona.

Los pobladores manifestaron que desde el pasado 6 de noviembre, personal adscrito al gobierno municipal se presentó al ejido informando que en los próximos días se ejecutarían las acciones arriba enunciadas.

Por su parte el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal aseguró que el Ayuntamiento no puede ejercer actos administrativos sobre el núcleo agrario, por lo que no tiene derecho a cobrar el gravamen. Además consideró que ante el disgusto social, es probable que la situación se torne difícil, por lo que indicó que el Congreso del Estado llamará a comparecer al Presidente Municipal, Fermín Estala Jacobo; al Secretario General, Vicente Puerta Saucedo; y a su asesor jurídico, para que den una explicación de porqué pretenden cobrar algo a lo cual no tienen derecho, y además tratar de mediar la problemática.