Autoridades coludidas con el Crimen Organizado facilitan el secuestro de Migrantes Centroamericanos y la Trata de Personas

El secuestro y tortura a migrantes Centroamericanos, la trata de personas y la explotación de jornaleros agrícolas a manera de esclavitud, son problemas que se han acrecentado de manera exorbitante, gracias a la corrupción de autoridades involucradas con el crimen organizado y su interés por favorecer únicamente a los grupos de poder.

En el marco del Congreso Regional Migrantes, Jornaleros Agrícolas y Trata de Personas, que se llevó a cabo los días 26 y 27 de noviembre en el municipio de Real de Catorce, quedó de manifiesto que ante tales problemáticas que violan gravemente los Derechos Humanos, se requiere de acciones concretas y trabajar en conjunto la sociedad en general, las organizaciones civiles y autoridades que construyan políticas gubernamentales para defender la vida, ya que en la actualidad están diseñadas para que el crimen organizado obtenga cuantiosas ganancias a costa de la integridad humana.

En el interés del Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, como presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, así como del trabajo legislativo en general, asistió acudió a dicho Congreso para escuchar la opinión de expertos que han realizado trabajo de investigación, y como atención a víctimas de este tipo de fenómenos sociales.

Las conferencias se llevaron a cabo por profesionales como la Lic. Sandra Albicker, Coordinadora del Proyecto Frontera con Justicia A. C. y Humanidad sin Fronteras, Presbítero Pedro Pantoja Arreola, Director de la Casa del Migrante, Saltillo, Coahuila, en el tema; “Migrantes Centroamericanos y las Casas de Atención al Migrante, problemáticas a las que se enfrentan”, así mismo el Dr Emilio Maus Ratz, Director del Área del Programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Además, un Informe sobre la situación de los migrantes en tránsito por el Estado de SLP, la Conferencia Magistral “Trata de Personas” (un enfoque sobre la explotación sexual y comercial infantil en la Cd. de México), por el Dr. Luis Armando González Plascencia, Presidente de la CEDH del DF. “Derechos del los apátridas, asilados, desplazados, migrantes y refugiados”, por Lic. Axel García Caballar de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana. “Situación de los trabajadores, quiénes y cómo les violan sus derechos” con un Panel de Especialistas, y “Los niños y niñas migrantes no acompañados y su vulnerabilidad a la trata de personas”, por Hélene Le Goff, OIM.

Tanto la información expuesta por los ponentes como la generada durante las mesas de trabajo, dejó en claro la urgencia de implementar leyes que favorezcan a Migrantes y así como evitar la explotación laboral a jornaleros, frenar otras como la vieja Ley de regulación de la Prostitución, que tiene como trasfondo el crear mecanismos legales para la trata y explotación.

Así mismo, es evidente que estos fenómenos obedecen a un problema estructural de gobierno, la falta de voluntad política de quienes tienen la capacidad de decidir y los intereses económicos que se encuentran de por medio.

La información recopilada durante este Congreso, servirá para hacer trabajo legislativo que pueda beneficiar a migrantes Centroamericanos, Jornaleros Agrícolas y víctimas de la Trata de Personas.

Dip. Felipe Rodríguez Leal, Dr. Luis Armando

González Placencia, Lic. Jorge Escudero Villa

Congreso del Estado se niega a solidarizarse con LyFC y solicitar la derogación del decreto mediante el que fue extinta la paraestatal.

La Comisión de Trabajo y Previsión social integrada por los diputados Arnulfo Hernández Rodríguez presidentes, Bernardina Lara Arguelles vicepresidenta y Vito Lucas Gómez Hernández secretario, elaboró un dictamen en el que se descalificaba la propuesta de manifestar una posición de solidaridad con los empleados del organismo descentralizado de Luz y Fuerza del Centro, tras el despido de más de 50 mil trabajadores.

Dicha propuesta del Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, señalaba se solicitara al Ejecutivo Federal, revocar el Decreto por el que se extingue a la paraestatal en cita, así como todas y cada una de sus consecuencias en agravio de sus trabajadores, la soberanía sindical y el Estado de Derecho, sin embargo los integrantes de la Comisión de Trabajo, argumentaron que el Congreso es incompetente para conocer del asunto y pedirle al Ejecutivo Federal que derogue el decreto.

Dentro de la pasada sesión ordinaria en el Pleno, en un alegato de más de 15 minutos, Rodríguez Leal cuestionó a sus compañeros legisladores por la falta de análisis del planteamiento, siendo que se evidenciaba un intento por evadir la parte central del Punto de Acuerdo y estableciendo un esquema de rechazo a la discusión.

En su exposición, el Diputado perredista mencionó la existencia de un diagnóstico, que desde hace años habría elaborado el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que planteaba la supuesta problemática de Luz y Fuerza y la necesidad de adelgazar la planta de trabajadores hasta en 8, 500 de 45, 000, además de la recomendación de abrir más a la participación privada por medio de contratos diversos.

Por otra parte dio a conocer cifras de adeudos millonarios de Secretarías Estatales y Federales, con respecto a los pasivos con los que esta empresa contaba, en buena medida, por la falta de pago de quien hoy la pretende destruir. De la misma forma se mencionaron los adeudos que corporaciones privadas mantenían con la compañía, como es el caso de Elektra, Bimbo, Jumex y una docena más.

Subrayó, que el argumento financiero que justifica la quiebra, no era responsabilidad del SME. “Los responsables son quienes fungían como administradores y directores, ellos eran los responsables de la crisis de la empresa estatal, y quienes junto al gobierno federal diseñaron una campaña de linchamiento contra el sindicato”. A lo que agregó, el trasfondo de todo es la privatización de la fibra óptica, y desde luego, eliminar un referente sindical independiente y combativo.

En este sentido hizo mención de que en sus aspectos jurídicos resulta ilegal dicho decreto constitucional del 11 de octubre del presente año, pues se lesionan los derechos laborales de respeto a la Libertad sindical y protección del derecho de sindicación en México firmados en el Convenio 87 de la OIT en 1948, siendo que la terminación de la relación de trabajo se hace de facto sin sujetarse a ningún procedimiento laboral mucho menos se toma en cuenta la consideración de la representación sindical del gremio electricista.

Concluyó exigiendo a los priístas, panistas y demás a que debatieran el punto, que no fueran irresponsables, ya que si fuera el caso de que el día de mañana se despertaran con la noticia de que el SNTE y el SUTSGE fueron disueltos y liquidados sus trabajadores, pues de una evaluación del gobierno estatal y federal, eran ineficientes, incapaces y responsables de la crisis económica del Estado y del País, sabrían que no es una situación nada fácil de afrontar en plena crisis.

Feminicidios en Cd. Juárez: cientos de muertes se han quedado en el olvido.

La Organización Justicia para Nuestras Hijas; agrupación no gubernamental que busca el esclarecimiento de todas las desapariciones y feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, solicitó la LIX Legislatura se solidarice con su movimiento y con todas las familias afectadas, ante la ausencia de responsabilidad de las autoridades.

Dicha organización integrada por familiares de mujeres desaparecidas y/o asesinadas, así como abogadas, coadyuvantes y asesores, surge en marzo del 2002 en Chihuahua, ante la falta de justicia para castigar a los asesinos y la desesperación de no saber la verdad, deciden unirse para exigir justicia.

Es por ello que el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal promovió el pasado jueves 26 de noviembre en el Pleno, un Punto de Acuerdo en el que se expone el trabajo que desarrolla Justicia para Nuestras Hijas, y la omisión e irresponsabilidad de las autoridades ante el asesinato de cientos de mujeres, motivos por los que se requiere el apoyo de la sociedad en general y de autoridades comprometidas.

Desde 1993, casi 450 cadáveres de mujeres han sido encontrados, sin embargo hasta la fecha estos crímenes siguen impunes. En un principio se quiso ocultar el problema, argumentando que las occisas eran mujeres dedicadas a la prostitución, que llevaban una doble vida y que las madres de estas últimas, nunca se habían percatado de ello.

Estudiantes o jóvenes madres de familia que un día salieron a la tienda por pañales o a pedir trabajo en una maquiladora, nunca más volvieron, pero el gobierno puso de pretexto de que no tenían ni los recursos ni la pericia para investigar, y que tampoco tenían suficientes policías para cuidar cada uno de los rincones del Municipio de Ciudad Juárez.

Existen antecedentes de asesinos que nunca fueron encontrados, no obstante que familiares y amigos, como en casi todos los casos, indicaron líneas de investigación y posibles sospechosos.

Entre las diversas especulaciones que se han hecho sobre el problema, está la supuesta existencia de uno o más asesinos en serie, que en teoría cada vez que se sentían amenazados cruzaban la frontera hasta que decidían cometer otro crimen. Además de la participación de mafias de tráfico de órganos y de grabaciones de sexo y muerte conocidos como videos snuff.

Sin embargo, ninguna de las víctimas fue encontrada por la autoridad investigadora, sino por casualidad, por personas civiles, lo que indica que en realidad, no las buscaban. Así mismo huesos y pruebas fueron embodegados en el olvido, y las situación sigue inconclusa.

Es ésta la respuesta que el Estado ha dado, en un escenario lleno de impunidad y corrupción que obstaculiza el acceso a la justicia y, además abre el camino para que más crímenes y feminicidios sigan ocurriendo.

Cerro de San Pedro no precisa de MSX para subsistir, proyectos turísticos dejarían mejores empleos y mayores recursos para la región.

A fin de consumar el cierre de Minera San Xavier, ofreciendo paralelamente otras oportunidades de empleo a los pobladores de Cerro de San Pedro, la fracción parlamentaria del PRD propuso en el Pleno del Congreso, un Punto de Acuerdo para solicitar a las Secretarías estatales de Desarrollo Social, Fomento Económico, Finanzas, Agricultura, Turismo y Cultura, se convengan partidas de los programas de apoyo, para generar mediante proyectos previamente elaborados, la restauración material social y económica del poblado.

En este sentido también se plantea solicitar al Gobernador del Estado; Fernando Toranzo Fernández, se reactive el proceso de Declaratoria ante la UNESCO, dada la vocación natural del lugar considerada por Decreto como Zona de Monumentos, lo que a la vez coadyuvaría para consumar con un argumento real, los frustrados intentos para lograr la declaratoria del Centro Histórico de la capital de San Luís Potosí.

Así mismo Rodríguez Leal señaló, es necesaria la conformación de una comisión plural de Diputados que se traslade a dicha localidad, a efecto de conocer los acontecimientos ahí sucedidos, recabar información y entregar al Pleno un informe preciso del estado físico, jurídico, social y político en que se encuentra tras los efectos de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que revoca la autorización condicionada de MSX.

Dijo, tras el cierre de la trasnacional, lo más fundamental es reactivar la economía de Cerro de San Pedro y ofrecer empleos estables que aseguren trabajo a las futuras generaciones, ya que la Minera sólo generaba unos 200 empleos temporales, por 7 u 8 años, y en cambio lo que deja es un grave deterioro ambiental, contaminación del acuífero, daños a la salud y grandes problemas que aun repercuten a nivel internacional, dejando al descubierto las vastas redes de corrupción de funcionarios públicos.

“Es innegable que tras tres años de operación de una mina a tajo a cielo abierto, hay daños irreversibles en el Valle de San Luis, sin embargo aún se puede rescatar esta zona y a corto plazo convertirla en un desarrollo turístico de importancia”.

Reiteró, para ello es necesario que tanto la Federación como el Estado, implementen programas de rehabilitación del poblado, con apoyos económicos que puedan generar un desarrollo sustentable acorde con la vocación natural de esta Zona de Monumentos, para lo que también el legislador propone acordar un incremento para el municipio en las asignaciones correspondientes al Ramo 33 y 26, en el marco de la discusión relativa a la Ley de Egresos de este Gobierno.
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Por lo que el papel que desempeñe Gobierno del Estado es de suma importancia, ya que tiene en sus manos la posibilidad de obtener mayores recursos impulsando la Declaratoria de Cerro de San Pedro como Patrimonio de la Humanidad, que fuera promovida por el INAH, dada su riqueza histórica y arquitectura vernácula, y congelada para proteger el ilegal proyecto de Minera San Xavier. A la vez que dicho trámite posibilitaría la similar declaratoria en el Centro Histórico, lo que no solo beneficiaría la economía de la población, sino las finanzas públicas, pues los beneficios quedarían en la región.

Por otra parte el Diputado perredista manifestó, es de urgente instruir al área de asesores del Congreso, a efecto de elaborar un estudio y propuesta de defensa de nuestro País, del Estado de San Luís Potosí y del Municipio de Cerro de San Pedro, ante la inminente controversia a plantear por la trasnacional, sobre la base establecida por el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

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Proponen en Congreso del Estado exentar del pago de la tenencia a vehículos con más de 10 años de antigüedad.

En conjunto con el C. Leonardo Robledo Lasso, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal propondrá en el Pleno una Iniciativa de Ley, que promueve reformar el capítulo VI de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, a efecto de eliminar el cobro de la tenencia sobre vehículos con una antigüedad mayor a 10 años, y obtener el recurso para el Estado administrando la contribución de modelos recientes.

El objetivo de dicha Iniciativa es solidarizarse con las clases de bajos ingresos, dada la carga económica que representa el tributo, exentando del mismo a los automóviles más antiguos, a la vez que se pueden generar al Estado recursos adicionales para beneficio de la sociedad, cobrando y administrando el pago de quienes se encuentran en posibilidades de cubrirlo.

En este sentido Rodríguez Leal indicó, no es posible simplemente quitar el pago de la tenencia, ya que significa un muy buen ingreso para el Estado, sin embargo, es necesario apoyar a la clase trabajadora.

Explicó, el ingreso que obtiene y administra el Estado con motivo de dicho impuesto resulta pobre, sin embargo, su cobro si es significativo para los contribuyentes, más aún en medio de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, mientras que lo que podría ser una contribución de importancia, es decir, el cobro de la tenencia vehicular a modelos reciente, no se ha aprovechado.

Actualmente en el Capítulo VI de la Ley de Hacienda se encuentra regulado el cobro y administración local de la tenencia o uso de automóviles y motocicletas con una antigüedad mayor a diez años.

La propuesta de reforma establece; “Artículo 36 Bis. El estado de San Luís Potosí, ejerce la facultad de cobro y administración del impuesto que grava la tenencia o uso de vehículos automotrices, a que se refiere la Ley Federal que le da origen, en los términos y con las modalidades que se previenen en el presente capítulo”.

“Artículo 36 Quarter. Tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como a continuación se indica…
En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo la tarifa…”, que se propone con una tasa del 1.0, 3.0, 8.7, 13.3, 16.8 y 19.1 por ciento, dependiendo del valor del vehículo.

“ARTICULO 36 QUINQUE. Los vehículos terrestres con una antigüedad mayor a diez año modelo, quedan exentos en el estado del pago del impuesto por uso o tenencia de automóvil”.

El Gobierno Federal, Estatal y Municipal debe elaborar la defensa jurídica contra MSX ante la inminente demanda de la empresa.

El Diputado federal Domingo Rodríguez Martell, en conjunto con el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, promoverá un Punto de Acuerdo para que el Congreso de la Unión instruya a su área de asesores, a efecto de elaborar un estudio y propuesta de defensa de San Luis Potosí y el municipio de Cerro de San Pedro, ante la inminente controversia a plantear por Minera San Xavier tras la revocación de su autorización condicionada.

Ahora que la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declaró sin efectos la autorización condicionada en materia de impacto ambiental otorgada Minera San Xavier, lo que se comienza a vislumbrar es conflicto social, crisis económica y una demanda millonaria ante el Panel de Controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del chantaje de demandas millonarias. Sin embargo, esta situación puede ser prevenida si el Gobierno en sus tres niveles emprende acciones desde ahora.

En este sentido la fracción del PRD ha promovido que el Congreso de la Unión instruya al área de asesores a efecto de elaborar un estudio y propuesta de defensa de nuestro País, del Estado de San Luis Potosí y del Municipio de Cerro de San Pedro, ante la inminente controversia a plantear por la trasnacional MSX New Gold, sobre la base establecida por el Capitulo 11 del TLCAN.

Así mismo, solicite a las Secretarias de Desarrollo Social, de Economía, de Hacienda, de Agricultura y de Turismo federal, se acuerden partidas de los programas de apoyo a fin de generar mediante proyectos previamente elaborados, la restauración material social y económica del poblado. Se reactive el proceso de la declaratoria ante la UNESCO para que el poblado goce del lugar histórico que se merece, lo que coadyuvaría para que los frustrados intentos para lograr una declaratoria similar para el Centro Histórico de la ciudad capital se consumara con un argumento real.

Y finalmente la conformación de una comisión plural de Diputados, que se traslade a Cerro de San Pedro a efecto de imponerse de los acontecimientos ahí sucedidos, recabe información y entregue al pleno un informe preciso del estado jurídico, social y político en que se encuentra dicha localidad.

La Comisión de Migrantes coadyuvará para exigir al Gobierno Federal se de su pago a ex braceros.

El día de ayer el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal llevó a cabo una reunión con ex braceros del municipio de Xilitla, en su calidad de presidente de la Comisión de Migrantes, a fin de proporcionarles información y organizarlos para exigir el pago del fondo de ahorro creado para los ex trabajadores.

Aunque dicho pago asciende a la cantidad de 38 mil pesos para cada beneficiario, miles de ex braceros no han podido recibirlo y se habla de que se les entregarán 4 mil pesos por año hasta reunir la cantidad en mención, además de que otros tantos no pudieron acceder al fondo por no cumplir con alguno de los documentos requeridos, que cabe señalar, en algunos casos resulta imposible conseguirlos.

En este sentido Rodríguez Leal manifestó, hay mucho enojo con el Gobierno Federal porque no han hecho nada por solucionar la situación de los trabajadores, por lo que en el marco del trabajo de la Comisión de Migrantes, seguirán realizándose reuniones regionales para organizar a la gente y exigir a la Cámara de Diputados y al Gobierno Federal, que terminen de dar ese pago sin tantas trabas.

Así mismo indicó, también se está preparando una solicitud para que dentro del Presupuesto de Egresos, el Gobierno Estatal implemente una partida especial para apoyar con una parte a los ex trabajadores migrantes, en aras de que se pueda compensar un poco la pérdida de tiempo y dinero que han hecho para poder acceder al pago de sus ahorros.

Además de que durante esta gira por la Huasteca Potosina, también se está dando a conocer a los presidentes municipales una convocatoria, para que en el próximo presupuesto de egresos peleemos para que se le den más mayor participaciones a los municipios, cambiando el esquema actual de 80 por ciento Gobierno Estatal y 20 por ciento el municipal.

Por otra parte el Diputado perredista informó, se llevará a cabo una reunión regional del PRD en Matlapa, con los Comités Municipales, ya que actualmente se está atendiendo la reorganización y los trabajos de gestión de los Comités de la región de la Huasteca para reorganizar el partido e ir al Congreso Nacional también con propuestas de SLP.

De igual manera se están planteando unas iniciativas de ley para tratar de ayudar a los ciudadanos que menos tienen, planteando un esquema de pago de la tenencia diferenciado, donde los que menos tienen dejen de pagar y únicamente paguen los vehículos de lujo y los que son propiedad del gobierno.

Santo Domingo: uno de los municipios potosinos olvidados y menos favorecidos.

“Santo Domingo es un municipio que carece de los servicios más básicos; drenaje,
Hospitales, médicos, equipamiento y medicinas, además de carreteras seguras”, manifestó Reynaldo Tenorio Quintero, Presidente Municipal, en el marco del inicio de la reparación a la carretera San Juan del Salado – Illescas.

Así mismo enfatizó, en dicho camino se requiere una reparación inmediata, ya que los accidentes son un riesgo latente por las condiciones en que se encuentra, por lo que con apoyo del Gobierno Federal y Municipal, se reconstruirá la parte más dañada; de aproximadamente cuatro kilómetros. Sin embargo, dijo se requiere apoyo para aplicar bacheo en otras zonas dañadas del tramo entre las comunidades mencionadas.

En este sentido, Tenorio Quintero se reunió con el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, quien también estuvo presente en la celebración, a fin de solicitarle su apoyo para obtener los recursos que solventen el proyecto de bacheo, además de otras necesidades de las comunidades; como es el caso de Illescas, que pese a ser una comunidad muy grande y ser delegación, no cuenta con drenaje al igual que otras comunidades del municipio.

“Ojala que las autoridades nos pongan un poquito de atención, sabemos que es difícil pero espero nos echen la mano”, expresó.

Por su parte Rodríguez Leal manifestó su deseo de apoyar a Santo Domingo, dijo haber comenzado a coordinarse con el munícipe para ayudar desde el Congreso del Estado. “Ahora que ya se definió el presupuesto federal y que vamos a la disputa del estatal, igualmente logramos a través de la gestión de los Diputados del PRD, apoyar a Reynaldo con algunas obras del presupuesto federal y que ya fueron etiquetadas; un área deportiva y un centro cultural”.

Además indicó, se llevará a cabo una plática con presidentes municipales para ver cómo aterrizarán dichas obras que ya fueron aprobadas por la Cámara Federal.

Durante la visita a la región, Tenorio Quintero generó el compromiso de colocar piso en el Centro de Salud, así como en conjunto con el Diputado Rodríguez Leal buscar el recurso para dotar al mismo de material, equipo y medicinas necesarios, así como poner el techo de concreto, ya que actualmente es de lámina.

Finalmente afirmó, Santo Domingo y toda la región requiere de mucho trabajo, por parte del Congreso; conseguir presupuesto para cambiar el estado de marginación y pobreza que se vive.

19 de Noviembre del 2009

GENERAL DE BRIGADA DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR
FEDERICO ANTONIO REYNALDOS DEL POZO
12/A ZONA MILITAR.
P R E S E N T E.-

ATTN. SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL
GENERAL GUILLERMO GALVAN GALVAN

DIRECTOR GENERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y me permito manifestar y solicitar lo siguiente.

Como tiene usted conocimiento, mediante comunicado de prensa num. 149/09 emitida este 13 de Septiembre del 2009 por SEMARNAT, enuncia:

En cumplimiento a la resolución del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declaró sin efectos la autorización condicionada en materia de impacto ambiental otorgada a la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V. para un proyecto minero ubicado en San Luis Potosí, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales notificó el día de hoy a la empresa referida los términos de dicha resolución:

La Semarnat revocó la autorización condicionada que, en materia de impacto ambiental, le fuera otorgada a la empresa mediante oficio número S.G.P.A./DGIRA/.DG.0567/06 del 10 de abril de 2006 y en el mismo acto, siguiendo los lineamientos establecidos por el Tribunal, emitió resolución negativa a la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental presentada para las obras y actividades relativas al mencionado proyecto.

Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) otorgó diversa autorización para compra y uso de explosivos a favor de la empresa Minera San Xavier S.A. de C.V., misma que se encuentra vinculada con los permisos que ya fueron nulificados a dicha empresa. Cabe aclarar, que este permiso de explosivos dejó de tener vigencia desde el 5 de octubre del año 2005, cuando fue nulificada la autorización condicionada otorgada por el Instituto Nacional de Ecología, mediante el oficio D.O.O DGEIA.001130.

Con más razón aún, se debe considerar con la última resolución que la PROFEPA realizó por diversa denuncia interpuesta por Pro San Luis Ecológico A.C. este 18 de noviembre, acciones que fueron llevadas a cabo para detener las actividades de la empresa MSX.

El Secretario de la Defensa Nacional, este Comandante de la 12/va Zona Militar y /o el Director General de Armas de Fuego y Control de Explosivos, deben de inmediato aplicar lo establecido en el Artículo 96 y 97 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto en virtud de que la empresa MSX continúa disponiendo de esta autorización sin informar a la SEDENA de la cancelación del proyecto minero en el municipio de Cerro de San Pedro, en el Estado de San Luis Potosí.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se de curso a la suspensión y/o cancelación de los permisos para compra y uso de explosivos a la empresa minera San Xavier, por atentar contra el Estado de Derecho, el interés público y la tranquilidad del municipio de Cerro de San Pedro y del Valle de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE

DIPUTADO FELIPE ABEL RODRÍGUEZ LEAL

Congreso del Estado no permitirá que MSX continúe trabajando en la ilegalidad.

Congreso del Estado requerirá nuevamente a funcionarios estatales para que informen por escrito, respecto a la situación legal del permiso estatal de uso de suelo otorgado a la empresa Minera San Xavier, emitido el 4 de Mayo del año 2000 y su vinculación con la nulidad del permiso otorgado por el Instituto Nacional de Ecología el 26 de febrero de 1999 y con la revocación de la autorización condicionada del 10 de abril del año 2006, a efecto de prevenir que la transnacional manipule la ley y utilice permisos sin vigencia y sustento legal alguno.

Deberán asistir el Director de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado; Lic. Jesús Juárez Portillo, el titular de la Secretaría de Gestión Ambiental; Lic. Manuel Barrera Guillen, y el Arq. Luis Nava Calvillo titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Publicas, a quienes se exigirá que coadyuven con las autoridades federales a fin de ejecutar la sentencia que ordena el cierre definitivo y el paro de operaciones con la clausura de MSX, e iniciar los juicios en contra de quienes estuvieron involucrados en la actividad de la empresa.

El Punto de Acuerdo del que emana dicha comparecencia, fue promovido por el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, quien indicó es necesario llamar nuevamente a estos funcionarios, pues en la reunión del pasado 13 de noviembre fue muy desafortunada, ya que el responsable Jurídico se de declaró ignorante del tema, el responsable de la protección del medio ambiente evadió responder, y el titular SEDUVOP no se presentó.

Así mismo señaló, no se puede tolerar de ninguna manera que la transnacional continúe retando y burlando el estado de derecho, ya que actualmente MSX continúa con sus actividades indebidas y depredadoras, amparada en el permiso estatal de uso de suelo.

En forma definitiva el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ordenó la nulidad definitiva del proyecto minero, sin embargo, la empresa ha estado declarando públicamente que en nada le afecta la anulación de la autorización federal, que seguirá operando amparada en la Licencia de Uso de Suelo que Gobierno del Estado le otorgó el 4 de mayo de 2000 a través de SEDUVOP.

En este sentido Rodríguez Leal explicó, con las aseveraciones que está haciendo la empresa, está exponiendo a Gobierno del Estado a un confrontación jurídico y social de graves consecuencias, incluso a nivel nacional, dado que el argumento expuesto por la empresa minera no es posible, dado que la Licencia se dio acorde y conforme a la resolución en materia de impacto ambiental, que fue precisamente la anuló el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, y ejecutada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Agregó, una de las causales por las que se sentenció la anulación del proyecto minero fue la violación al Decreto del Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada, dado que hubo falsedad en cuanto a las áreas declaradas y las reales; en los documentos se mencionan 373.39 hectáreas cuando en realidad son más de 600.

Más de 2 mil personas marchan para exigir el cierre definitivo de MSX, así como mayores recursos para educación, vivienda, salud y fuentes de empleo.

Más de dos mil personas de diversas organizaciones civiles y perredistas, llevaron a cabo el día de ayer una marcha hasta la Plaza de Armas en el Centro Histórico, a fin de exigir a las autoridades estatales den respuesta a las demandas del pueblo potosino; que consisten en decretar el cierre definitivo de Minera San Xavier, así como destinar una parte importante del Presupuesto 2010 a la educación, el sector salud, vivienda, creación de fuentes de empleo y apoyo a proyectos productivos.

Entre las diversas organizaciones que participaron se encontraba el Frente Amplio Opositor (FAO), CMAP, Los de Abajo, movimientos del Partido de la Revolución Democrática, Soledad de Graciano Sánchez, Santa María del Río, Mexquitic de Carmona, Alaquines, Rayón, Tamasopo, Lagunillas, Tampacán, Tanlajás, Tancanhuitz de los Santos, Ébano, Tamuín, Villa de Arista, entre otros.

Así mismo, se contó con la presencia del Diputado Felipe Rodríguez Leal, el Diputado Federal Domingo Rodríguez Martell, Filemón Hilario Flores; Presidente del PRD Estatal, Miguel Ángel Wong Soto de CMAP, Leodegario Bustos Nuñez y Susana Mancilla Hernández de Los de Abajo, y Pedro Gonzáles Gómez de CIOAC, quienes externaron a los compañeros, este es el principio de una lucha unificada para que la clase trabajadora potosina sea favorecida.

Tanto Felipe Rodríguez Leal, como Domingo Rodríguez Martell y Filemón Hilario Flores, coincidieron en manifestar a los compañeros, la necesidad de unirse para pelar por mayores recursos en el Estado para los rubros de educación, salud, apoyo al campo, a los pequeños productores. Además de que afirmaron, no se puede tolerar que las autoridades continúen apoyando empresas translaciones como MSX, que vienen a contaminar nuestro Estado, el acuífero y a agotar los recursos naturales.

En este sentido Rodríguez Leal destacó, es necesario que las diversas organizaciones estén al pendiente de las acciones que se llevarán a cabo desde la fracción del PRD en el Congreso del Estado, a fin de dar seguimiento a sus peticiones y reafirmar la postura de la izquierda social en cuanto a las graves irregularidades de los proyectos marcelistas y la continuidad que les planea dar Ejecutivo del Estado.

La movilización culminó con la entrega de un pliego petitorio a Gobierno y Congreso del Estado, mismo en el que se solicitan la discusión de algunas medidas presupuestarias como la disminución de la planta de personal de confianza, aumento en el Presupuesto de Egresos Estatal de cuando menos un 10 por ciento en vivienda, salud, educación y atención a zonas indígenas.

Así como la resolución de diversas solicitudes, entre las que se encuentra el decretar las medidas necesarias para operar el cierre definitivo de MSX y el iniciar los estudios legales para preparar una posible ofensiva legal de parte de la empresa, preparar la correspondiente demanda en contra esta por los daños y perjuicios que dejó en el Valle de San Luis.

ESTE MARTES TODOS A TOMAR LAS PLAZAS

Vamos a movilizarnos apoyemos a los de abajo.....
la cita es en plaza de armas a las 11:00 am.......

Presupuesto para los pobres....
Apoyo a las causas populares....
FUERA MSX YA ¡

MSX AGONIZANTE SE AFERRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Ratifican ambientalistas y diputados el fallo federal definitivo.
Funcionarios estatales evaden respuestas. El Presidente de Cerro de San Pedro temeroso, no define postura.

A la reunión programada, solamente asistieron el Lic. Jesús Juárez Portillo; Director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Lic. Manuel Barrera Guillén; Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, José Santos Loredo; Presidente Municipal de Cerro de San Pedro, la Directora General de SEDUVOP de nombre Alma Hernández Ávila, pues Luis Nava Calvillo evadió la reunión, y del Comité de Seguimiento sólo asistió Fernando Díaz Barriga, quien dijo ya no pertenecer al mismo desde hacía dos años, al igual que Pedro Medellín Milán.

Cabe mencionar que entre los diputados interesados en el tema, sólo se estuvieron presentes Felipe Rodríguez Leal del PRD, Luis Manuel Calzada Herrera del PAN, Manuel Lozano Nieto, Oscar Bautista Villegas ambos del PRI así como Vito Lucas Gómez Hernández, María Patricia Álvarez Escobedo, Griselda Álvarez Oliveros, Arnulfo Hernández Rodríguez del Panal. Sin embargo no acudió Alfonso Castillo Machuca ex secretario de Gobierno, quien tuvo responsabilidad en acciones del Ejecutivo en el caso MSX.

La reunión inició con una exposición de legislación ambiental del área federal y estatal, así como normas y reglamentos diversos, por parte de Manuel Barrera Guillén, lo que evidenció un esfuerzo del funcionario por retrasar los cuestionamientos con una lectura ociosa y sin un sentido lógico para los efectos de la reunión.

La Caja Real de la UASLP, lugar en donde se llevó a cabo la comparecencia, se empezó a llenar de mantas y simpatizantes del FAO, entre ellos Ana María Alvarado, Martha Rivera, Francisco Romero, Lorena Gil, Sergio Serrano, James del Tedesco, Gabriel Muñiz Vega, Mario Martínez Ramos, David Reyes, Emilio Grimaldo y muchos más, a la par que los medios de comunicación en forma masiva hicieron acto de presencia.

Los personeros de Minera San Xavier desde luego también se encontraban grabando las declaraciones de los funcionarios gubernamentales.

Se generaron diversas preguntas de Felipe Rodríguez, respecto a la nulidad de los permisos generados por el Instituto Nacional de Ecología (INE) de febrero de 1999 y del generado en abril del 2006 por la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA). Que ahora MSX se escuda en un permiso estatal de uso de suelo del año 2000 como una medida desesperada. Ese permiso dependía en su validez del primer permiso perdido por MSX por una resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del año 2005.

Jesús Juárez Portillo manifestó que se trataba de una reunión de linchamiento, que él no tenía ningún expediente respecto al Permiso estatal de uso de suelo del 5 de mayo del 2000, que sólo sabía que este no ha sido anulado. El ex navista denotaba gestos de fastidio y molestia.

Manuel Barrera nuevamente tomó la palabra y siguió con su exposición de normas y reglamentos. Sin dar contestación a lo relativo a los permisos nulificados.

Por su parte, los Diputados Manuel Lozano y Oscar Bautista manifestaban que se trataba de un asunto federal. Que si existía una resolución definitiva entonces había que acatarla.

Sin embargo Felipe Abel Rodríguez, hizo mención de una nota periodística de fecha 13 de noviembre, en donde Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, representante de la CTM , manifestó en el Periódico Pulso que la MSX seguiría trabajando, pues esta genera “ 500 empleos y de que además se seguirían utilizando permisos otorgados por el Gobierno del Estado y el Municipio, y un supuesto acuerdo con ejidatarios..”
Es decir, ahora será el Gobierno del Estado el responsable del funcionamiento.

Por otra parte Fernando Díaz Barriga manifestó, él sólo formó parte de un Comité Técnico, pues además había un Comité Ampliado, y que en su momento a ellos sólo les llegó el permiso y aunque no estaban de acuerdo con el uso del Cianuro y el manejo del agua, él hizo junto con el Comité “el mejor papel”.

Fue abucheado por los militantes del FAO.

Así mismo, el Diputado perredista cuestiono sobre la vigencia del Plan Estratégico de San Luis Potosí y zona conurbada, que define y mantiene a cerro de San Pedro como área protegida, a lo que la Directora General de SEDUVOP afirmó que sólo tenían el permiso estatal de uso de suelo de mayo del 2000.

Era evidente el titubeo del Director de SEGAM al definir los alcances de la última sentencia que nulificó el permiso del 10 de abril del 2006, por lo que señaló que la MSX se podría ir mañana o en más tiempo, y que lo más importante era preparar con la Minera lo que sería la remediación, e itentó nuevamente seguir con su reseña de leyes y normas.

Los militantes ambientalistas empezaron a intervenir, pues los funcionarios no respondían y los diputados se manifestaban totalmente ignorantes.

Rodríguez Leal señaló que el mismo Gobernador Fernando Toranzo fue parte del Comité de Seguimiento de las Condicionantes, como responsable de Salud en el Estado, y además cuestiono la ausencia de Luis Nava Calvillo, que antes de tomar posesión de su cargo demandara juicio político contra Marcelo de los Santos Fraga, responsable directo de la actividad ilegal de la trasnacional.

De igual manera cuestionó al presidente Municipal de Cerro de San Pedro sobre los permisos nulificados y las sentencias, aunque este evadió la respuesta, dijo que probablemente había amparos. Y acusó, nadie de los presentes se preocupaba por el futuro del poblado, que MSX ha generado 500 empleos y las comunidades actualmente dependen de la MSX, por lo que son necesarias alternativas para el Municipio.

Martha Rivera del FAO le gritó que era un vendido.

El Director Jurídico del Gobierno Estatal Jesús Juárez Portillo aceptó recibir un expediente del caso y turnarlo a los Diputados.

Con la anuencia de los Diputados presentes, Sergio Serrano, miembro de Pro San Luis Ecológico, señaló que la sentencia ambiental ordenaba el cierre de operaciones de MSX a partir de este 13 de noviembre del 2009, de que invitaba a los presentes a conocer la sentencia y que entregaría un tanto para cada Diputado. “La MSX no tiene permisos y esta en la ilegalidad”, remarcó.

El Diputado Felipe Rodríguez concluyó señalando que es inminente el cierre de operaciones y que ahora la MSX se apoya de ese permiso estatal emitido por Fernando Silva Nieto. “Si no actúa Toranzo, el mismo será responsable de que continúe la devastación”.

La reunión culmino demasiado pronto para lo que se esperaba, ya que evidentemente los funcionarios maniobraron y evadieron responsabilidad. La MSX ahora depende de un permiso estatal sin valor legal alguno.

CONVOCATORIA

ESTE PROXIMO VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2009 EN PUNTO DE LAS 10:00 A.M, COMPARECERÁN FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO A SOLICITUD DEL DIPUTADO FELIPE ABEL RODRÍGUEZ LEAL, A EFECTO DE QUE DESDE EL AMBITO ESTATAL SE TOMEN MEDIDAS INMEDIATAS PARA FRENAR LAS ACTIVIDADES DE LA TRANSNACIONAL MINERA SAN XAVIER EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO.

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA LEGISLATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ, SE ACORDÓ SOLICITAR LA PRESENCIA DE EL COMITE DE SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES IMPUESTAS A MSX, QUE INTEGRAN LOS CIENTÍFICOS PEDRO MEDELLIN MILAN Y FRANCISCO DÍAZ BARRIGA, ENTRE OTROS, EL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE ESTATAL; MANUEL BARRERA GUILLEN, EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS; JESUS JUAREZ PORTILLO Y EL DIRECTOR DE SEDUVOP LUIS NAVA CALVILLO. DE LA MISMA FORMA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO; JOSE SANTOS LOREDO.

EN EL CONTEXTO DE UNA RESOLUCIÓN, DONDE EN FORMA DEFINITIVA SEMARNAT DEFINE POR MANDATO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, RECHAZAR LA VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE MSX Y CON ESTO, CUALQUIER FACTIBILIDAD RELATIVA RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN DE DICHA EMPRESA, ES INADMISIBLE QUE ESTA PRETENDA SEGUIR OPERANDO CON AUTORIZACIONES DE USO DE SUELO, OTORGADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EL 5 DE MAYO DEL 2000 Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OTORGADAS POR ESE AYUNTAMIENTO, EN EL MISMO AÑO.

SE AVECINA UN CONFLICTO DE CARACTER INTERNACIONAL ANTE EL PANEL CORRESPONDIENTE DEL TLCAN. NUESTRO ESTADO SERÁ DEMANDADO Y EN ESE SENTIDO, DEBERAN GENERARSE MECANISMOS DE DEFENSA Y PREVISIÓN, PUES LA EMPRESA ES RESPONSABLE DE LA DESTRUCCIÓN DEL SÍMBOLO HISTÓRICO DE SAN LUIS POTOSÍ, DAÑOS IRREVERSIBLES AL ACUÍFERO Y EL MEDIO AMBIENTE, AGRAVIO AL ESTADO DE DERECHO, A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA SALUD.

ES IMPORTANTE LA PRESENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL.
LA CITA ES EN LA CAJA REAL DE LA UASLP, UBICADA EN LA ESQ. DE LA CALLE DE MADERO CON ALDAMA
EN PUNTO DE LAS 10:00 AM.

Propuesta de incremento al impuesto predial: una medida injusta para la sociedad potosina.

Mientras que el Ayuntamiento capitalino pretende obtener más recursos aumentando el impuesto predial, los grandes inmobiliarios que están haciendo negocio con San Luis, adeudan millones, son los que menos pagan cambios de uso de suelo y permisos de construcción.

Es por ello que la fracción del PRD del Congreso del Estado, considera importante que el Municipio busque otras opciones para obtener recursos; como incluir en la base de contribuyentes a los grandes fraccionadores, ya que con la propuesta de Ley de Ingresos del Ayuntamiento, se piensa golpear a ciertas zonas de la ciudad, sobre todo del primer cuadro, que se verían imposibilitados para sacar adelante sus pagos, por una parte, además de los problemas que se generen dado que dicho aumento impactaría también con el precio de las viviendas e impuestos que por los trámites de traslado de la propiedad.

Por su parte el Diputado Felipe Rodríguez Leal expresó; lo único que se va a crear es confusión, caos y molestia, ya que de por sí esos lugares donde más se pretende incrementar la tarifa, abarcan la zona donde más inconformidad social existe por la cuestión de los parquímetros y de los posibles nuevos estacionamientos.

“Vamos a establecer un mecanismo, una estrategia para informar a la gente sobre lo que quiere hacer el Ayuntamiento, vamos a divulgar la propuesta a los negocios y a las viviendas, de tal manera que la gente se informe y busquemos una estrategia legal y política para defendernos contra los aumentos”.

Además ratificó, no es que la fracción esté en contra de que el Municipio genere mayores recursos, sino la forma en que pretende hacerlo, ya que no está justificada la propuesta ante el Congreso y es más importante ampliar la base de contribuyentes hasta los grandes inmobiliarios, a quienes el gobierno dan demasiadas facilidades para sus millonarios proyectos, cuando pudieran estar aportando una muy buena cantidad de dinero a las arcas del municipio.

Sería necesario que la Alcaldesa Victoria Labastida explique el incremento de los montos, la redefinición de la zonificación, además de la incompatibilidad con el Plan Estratégico Parcial del Centro Histórico, que es el que define el manejo de las áreas de las zonas y que a parte está desarticulado.

Presentación del libro "La Batalla por Cerro de San Pedro"

Punto de Acuerdo para que el Congreso intervenga, a fin de que se concrete el justo pago de indemnización a Ex Braceros.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA,
PRESENTES.

El que suscribe Felipe Abel Rodríguez Leal, Diputado integrante de esta LIX Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, Punto de Acuerdo para solidarizarse con los ciudadanos potosinos Ex Braceros que laboraron de 1942 a 1964 en la Unión Americana, por los motivos que mas adelante enunciare, y dada la naturaleza del asunto me permito solicitar, se agende en carácter de Urgente y Obvia resolución.

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

PRIMERO.- No resulta sencillo hablar de migración al norte de nuestro continente antes del siglo XX debido al largo periodo de separación de algunos estados del norte y su autodefinición.

Por ello, la emigración mexicana a Estados Unidos propiamente data de 1900 hasta nuestros días, este periodo presenta varias etapas o fases destacando entre ellas el ocurrido entre los años de 1942 a 1964 conocido como el periodo bracero.

Esta fase se inició por la urgencia que tenía Estados Unidos de contar con trabajadores, dado su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. Luego, el periodo se prolongó por dos décadas más debido al auge económico de la postguerra.

La época bracera se caracterizó por haber delineado un nuevo tipo de migrante, en la que sólo eran contratados temporalmente hombres que provenían del medio rural y eran enviados a trabajar en campos de cultivo de algodón, nueces, fruta y diversas hortalizas.

Las entidades norteamericanas que más mano de obra demandaron en este periodo, fueron los estados de: Texas con una captación del 45% del total de braceros requeridos; California con una captación del 28% del total de braceros requeridos.

Por otro lado, las entidades mexicanas que aportaron el 62% de la mano de obra en el periodo bracero fueron los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Durango Zacatecas y aunque con menor énfasis, San Luis Potosí.
Estados que actualmente conforman la conocida región histórica que ha reportado los mayores flujos migratorios hacia Estados Unidos en los últimos 100 años.

SEGUNDO.- Como ya se mencionó, la urgencia de mano de obra en Estados Unidos en ese periodo, logró la formalización entre los gobiernos de los Presidentes de Estados Unidos, Franklin D. Rooselvet, y el de México Manuel Ávila Camacho y se firmó el día 23 de julio de 1942 el Convenio sobre la contratación de trabajadores mexicanos para ser empleados en labores agrícolas en los campos de Estados Unidos, el cual preveía, entre otras prestaciones, la creación de un fondo de ahorro en el que se descontaba a cada trabajador un 10% de su salario a través de la Oficina de Administración de Alimentos de Guerra de los Estados Unidos, cantidad que era transferida a una cuenta personal del entonces Banco Nacional de Crédito Agrícola (transformado en Banrural a partir de 1975 y en Financiera Rural desde 2003), para que los braceros pudieran utilizar esos ahorros una vez que regresaran al país.

TERCERO.- En la actualidad, los trabajadores migratorios mexicanos del programa bracero en los Estados Unidos de América, durante el periodo 1942 a 1964, solicitaron al gobierno mexicano la devolución de las cantidades correspondientes al Fondo de Ahorro, constituido con base en los acuerdos México-Estados Unidos que reglamentaron la prestación de los servicios en el programa ya mencionado.

En dicho acuerdo se establece que “ La Secretaría del Trabajo y Previsión Social será el órgano del ejecutivo responsable de ejecutar el acuerdo económico que de la Secretaria de Relaciones Exteriores, con el dictamen que la propia Secretaría del Trabajo celebre con el gobierno de los Estados Unidos de América y cuidará de que las contrataciones se hagan de acuerdo con las garantías que para con los trabajadores establece la ley; y fijará las proporciones de los depósitos que los trabajadores constituyan con la garantía de los contratistas para la formación de un fondo de ahorro, cuyo importe será entregado por el gobierno americano”.

En alcance, con fecha 26 de abril de 1943, los gobiernos de México y Estados Unidos suscribieron un acuerdo que modifica el convenio de 23 de julio de 1942, para reglamentar la contratación de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos, el cual, entre otros aspectos, establece las modificaciones al fondo de ahorro campesino, en los términos siguientes:

La agencia respectiva del gobierno de los Estados Unidos, tendrá la responsabilidad de la custodia de las cantidades con que contribuyan los trabajadores mexicanos para la formación de su fondo de ahorro campesino, hasta que sean transferidas a Wells Fargo Bank and Unión Trust Company de San Francisco a la cuenta del Banco de México S.A., el cual transferirá dichos fondos al Banco de Crédito Agrícola de México.

El Gobierno de México, por conducto del Banco Nacional de Crédito Agrícola, cuidará de la seguridad de los ahorros de los trabajadores, éste último asume el compromiso y la responsabilidad por el depósito, guarda y/o aplicación en su defecto.

Esto no ocurrió, y tras una lucha tenaz de los ahora ex bracero ante las autoridades federales por la devolución de los recursos en cita, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante Decreto expidió la Ley que crea el Fideicomiso 21016 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo del 2005, y crea una serie de reglas para su debida observancia, con el objeto de restituir el multicitado fondo de ahorro a los ex migrantes.

JUSTIFICACION

A la desgracia de ser ciudadanos comunes y corrientes, es necesario sumar la tragedia de ser rehenes de la burocracia imperante en este País.

Los términos en los que el Fideicomiso 21016 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, son francamente absurdos por inalcanzables.

Para privarlos de su remuneración, la burocracia escondida en ese ente al que llamamos Estado, ha encontrado suficientes subterfugios a vida de requisitos, como lo son la presentación de documentos originales, sólo que si estamos considerando a el ciudadano que laboró entre 1942 a 1964, es de sentido común que resulte difícil, sino es que imposible, que CUARENTA Y TRES AÑOS DESPUÉS, conserven, además intacta, tal documentación en comento. Lo más entendible es su extravió o su destrucción parcial o total.

Pero cuando de hoyos financieros se trata, la burocracia se encarga de profundizarlos: qué mejor que dar a cuenta gotas $4,000.00 (Cuatro mil Pesos) anuales, lo que se sabe perfectamente que es un derecho adquirido. ¿Cuál es el motivo que puede justificar el privar de sus derechos a los braceros, mediante la dosificación de su entrega? Más pareciera que se pretende su extinción vía defunción, que su cumplimiento vía entrega íntegra.

Los ex braceros, aquellos hombres y sus mujeres que entregaron lo mejor de su vida laboral útil, al servicio de causas que posiblemente ni siquiera entendieron, (bueno fuera que algún historiador serio nos explicara si realmente fueron submarinos alemanes los que hundieron aquellos dos buques nacionales en las costas americanas, pretexto suficiente para que México ingresara en la II Guerra Mundial con aliado primogénitamente a los E.E.U.U.), y que ahora se encuentran privados de la posibilidad de acceder a una justa, muy justa remuneración, que además es producto directo de la retención del 10% de sus salarios devengados.

Si lo anterior no fuera suficiente desgracia para los potosinos migrantes de a pie, resulta que estos voraces “servidores públicos” estimulan que personas extrañas se presten de intermediarios, que muy seguramente, no solo no solucionan su problema, sino que lo agravan, dada la dinámica de poner trabas y trabas a quién de modo personal y directo pretende acudir a validar sus derechos.

Esta Comisión de Asuntos Migratorios, tiene entendido que un poco mas de 6000 (Seis Mil) ex braceros serán beneficiados con el programa de referencia, pero calculamos que dejan fuera del mismo a un aproximado de 18000 (Diez y Ocho Mil) por los requisitos inalcanzables exigidos.

Las anteriores, son razones sociales suficientes para dar forma jurídica al presente
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Este Honorable Congreso del Estado solicita a la Delegación en el Estado de la Secretaria de Gobernación, genere las facilidades suficientes y apegadas a las nomas jurídicas respectivas, a efecto de que los trámites realizados por los beneficiarios del programa se generen en forma expedita y satisfactoria a los intereses legítimos de los beneficiarios.

SEGUNDO. Este Honorable Congreso del Estado exhorte de igual forma a la Delegación en el Estado de la Secretaria de Gobernación a efecto de que informe a esta Soberanía, de entre otras cosas, cual es el padrón de beneficiarios y cual es el estatus que guarda cada uno de los casos de manera pormenorizada.

TERCERO. Este Honorable Congreso del Estado solicite al Honorable Congreso de la Unión, genere las determinaciones correspondientes a efecto de que el pago a ex braceros se realice conforme a los acuerdos y determinaciones de origen, entiéndase por esto al pago total de su adeudo en una sola exhibición, estableciéndose los tramites necesarios a efecto de que dicho recurso sea etiquetado en un presupuesto específico.

CUARTO. Este Honorable Congreso del Estado solicite al Honorable Congreso de la Unión, emita una nueva Convocatoria, en términos mas reales, que procure abarcar a mas beneficiarios, sin tramites imposibles de cumplir.

ATENTAMENTE
San Luís Potosí, S.L.P., 3 noviembre de 2009.

DIP. FELIPE ABEL RODRIGUEZ LEAL

El Congreso debe intervenir para que MSX suspenda de inmediato su proyecto devastador:

Si el Gobierno del Estado no prevé los escenarios de conflicto, será arruinado por la trasnacional.

Dado el grave deterioro ambiental y la red de corrupción entre funcionarios que MSX ha dejado a su paso, así como la posibilidad de un conflicto ante el Panel de Controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del chantaje de demandas millonarias, el Diputado Felipe Rodríguez Leal planteó de urgente resolución, un Punto de Acuerdo para que se requiera en el Congreso la comparecencia conjunta de los Directores de; Asuntos Jurídicos, SEGAM, Comisión de Seguimiento de Condicionantes de MSX, SEDUVOP, y al Presidente Municipal de Cerro de San Pedro, a fin de que discutir las múltiples irregularidades del proyecto.

Concretamente se llamaría a comparecer a los funcionarios estatales: Lic. Jesús Juárez Portillo; Director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Lic. Manuel Barrera Guillén; Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, Arq. Luis Nava Calvillo; Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, J. Santos Loredo; Presidente Municipal de Cerro de San Pedro.

Rodríguez Leal indicó, es necesario que se den respuestas lógicas y fundamentadas sobre la forma en la que ha venido operando la transnacional, siendo que esta ha violado las garantías constitucionales y los derechos humanos, lo cual no hubiera sido posible sin la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Advirtió, es urgente que el Congreso tome cartas en el asunto, siendo que tras la resolución de la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, que anula la autorización condicionada que la SEMARNAT otorgó a MSX, existe la posibilidad de un conflicto ante el Panel de Controversias del TLCAN, y un chantaje de demandas millonarias.

“Es una posibilidad real, si el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no preparan desde hoy las acciones pertinentes, si el Gobernador del Estado no prevé los escenarios de conflicto, el gobierno será arruinado por una trasnacional que de la corrupción del Estado de Derecho, ha destruido el símbolo imagen y origen de San Luis Potosí”.

Minera San Xavier pretende mantener su funcionamiento derivado de autorizaciones estatales y municipales. La de Uso de Suelo otorgada por Fernando Silva Nieto y la de Funcionamiento y Construcción, obsequiada por la ex munícipe de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo, ambas del año 2000.

Situación considerada como absurdo e inadmisible por el legislador, pues ambas derivaban de un permiso declarado nulo desde octubre del 2005, y que con la nulidad del generado en abril del 2006 es todavía más inadmisible.

“En base a las declaraciones de los comparecientes, que obviamente no podrán justificar la ilegalidad de las actividades de la Minera en Cerro de San Pedro, solicitamos que este Honorable Congreso del Estado, intervenga para que las autoridades correspondientes de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cumplan conforme a Derecho y y que la transnacional suspenda de inmediato su proyecto, a fin de evitar más destrucción y contaminación”
La problemática que el multicitado proyecto ha generado en nuestro Estado, extendiéndose por todo el país y en el extranjero, ha sentado un precedente altamente negativo y escandaloso, debido a las redes de corrupción que esta empresa ha tejido entre funcionarios públicos de los tres poderes y niveles de gobierno. Lo que ha quedado cínicamente al descubierto, con una impunidad asombrosa por parte de las diversas autoridades., como única forma de sacar adelante el ilegal y criminal proyecto minero.

Un litigio en el que los tribunales superiores de la nación llevan más de 10 años, mientras que la multicitada empresa minera ya destruyó el Cerro de San Pedro; emblema del Escudo de Armas de la Ciudad y del Estado de San Luis Potosí, y amenaza con destruir el histórico poblado que dio origen a la fundación de esta metrópoli, considerado por ley, zona de patrimonio histórico.

Por lo que además, resultan totalmente incongruentes los discursos de la búsqueda de una declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad para la ciudad capital, cuando nuestro escudo en la vía de los hechos, es destruido, despedazado y vulnerado.

Finalmente el Diputado perredista reafirmó, es necesaria la intervención del Congreso, ya que no es posible reeditar el discurso gubernamental de que el asunto es de exclusivo ámbito de tribunales federales, o de que son determinaciones de administraciones pasadas.

Foro Hacia el Presupuesto 2010: La necesidad de la equidad en la distribución del gasto público.

En San Luis Potosí la distribución del recurso es totalmente inequitativa, siendo que la fórmula otorga las participaciones federales en un 95 por ciento a los municipios urbanos y con alta densidad de población, los cuales son sólo 5, mientras que los 53 restantes sobreviven con el 5 por ciento.

En el marco del Foro Hacia el Presupuesto 2010: La distribución en la equidad de género, el Lic. David R. Colmenares Páramo señaló, la Ley de Coordinación Fiscal Estado-Municipio, es una ley que no tiene ningún incentivo para el esfuerzo recaudatorio de los municipios, sino que concentra las participaciones a los municipios urbanos y los grandes, con una fórmula de distribución inequitativa.

Explicó, se tomó de base la Ley Federal, que también está mal pues eliminaron todo estímulo al esfuerzo recaudatorio local y todo se distribuye por número de habitantes.

En el caso de nuestro Estado, sobre dicha cifra se decide el 95 por ciento de la definición de un gasto a municipio, lo que provoca es que las ciudades con alta población; San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Río Verde y Tamazunchale, son las que se quedan con más del 90 por ciento del gasto y el resto para los 53 municipios pequeños.

Evidentemente esta situación genera una inequidad muy grande y no permite el desarrollo en los municipios, porque con el escaso recurso solamente sobreviven, Lo que hay que hacer es cambiar el criterio para asignar recursos primero y el criterio para distribuirlos, que hoy la mayoría lo tiene el gober después la fórmula de asignación porque.

Así mismo el funcionario y consultor en temas de coordinación fiscal manifestó, la crisis que hoy viven los estados y municipios en México, en gran medida se originan debido a la dependencia de los ingresos tributarios y petroleros federales, por lo que los gobiernos de las entidades deberían tener facultades para administrar lo recaudado

Afirmó, esta forma de distribución no es adecuada, los estados deben tener una estructura descentralizada, “los estados podrían tener su IVA, su renta, que variaría dependiendo de cada entidad”. Terminarían, sostuvo, las pugnas entre gobernadores.
Además de que este nuevo sistema de reparto de facultades y de recursos puede omenzar a tratarse en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y hacer una iniciativa concreta.

David Colmenares Páramo

Ni un peso más a Ciudad Satélite, el proyecto debe ser reorientado para que el Congreso del Estado autorice recursos.

Tras la comparecencia de los directores de INVIES, Asuntos Jurídicos, Comisión Estatal del Agua y Finanzas de Gobierno del Estado, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, aseguró no se debe seguir adelante con un proyecto que presenta múltiples lagunas e irregularidades y del que además no se dejó a los titulares información de suma importancia.

Además indicó, la fracción del PRD estará encima del asunto, ya que es inadmisible el querer soslayar la responsabilidad de este elefante blanco, argumentando que los autores de diversas irregularidades fueron funcionarios de la pasada administración estatal, y seguir con el proyecto a pesar de que se ha desarrollado en un grave margen de ilegalidad.

Tras la comparecencia de los funcionarios, quedó de manifiesto una falta tremenda de información, y que situaciones sumamente turbias no pudieron ser explicadas, como la compra de superficies sin haber aprobado siquiera el Plan Parcial de Ciudad Satélite, el que en ningún momento haya sido aprobado por Congreso del Estado el convenio entre CEA y el Municipio para la dotación de agua potable, al igual que hubo modificaciones sin la aprobación del Congreso, lo que Rodríguez Leal consideró como un asunto bastante grave, por lo que dichas modificaciones no podrían ser válidas bajo ninguna circunstancia en el Gobierno actual, y mucho menos para seguir con el proyecto.

Por su parte, el Lic. Jesús Juárez Portillo Director de Asuntos Jurídicos, rehusó a responder al cuestionamiento del Diputado, en torno a la legalidad de la asignación directa que fue otorgada a las empresas que participan en el desarrollo, argumentando en dicha dependencia no les fue entregada ninguna información sobre Ciudad Satélite y el Realito.

Sin embargo el titular del Instituto de la Vivienda del Estado, Roberto Naif Kuri, reconoció en una apreciación personal la existencia de violaciones a la normatividad, ya que en la información que el mismo posee, se evidencia un exceso en el número de adjudicaciones directas.

Así mismo indicó, de acuerdo a la normatividad el Gobierno no debía ser aval del fideicomiso, ya que este fue entre particulares, sin embargo se dio en aval la mitad de la superficie del proyecto, por lo que además manifestó, el Ex Director de INVIES dijo tener la autorización de Gobierno del Estado en los decretos, para poder enajenar y dejar en garantía el terreno.

“El Congreso debe pensar mucho antes de aprobar cualquier peso para Ciudad Satélite de aquí en adelante, hasta que no se esclarezcan las cosas y se reoriente el proyecto en un sentido que asegure su eficiencia, su eficacia y que además sea exitoso económicamente”, señaló Felipe Rodríguez.

Explicó, es sumamente grave y delicado que el Ejecutivo esté planteando invertirle al desarrollo habitacional, sin antes plantear dicha reorientación, dado que el proyecto nació para 30 mil familias, tiene 1,516 casas de las cuales solamente están habitadas 400, y bajo este ritmo es imposible considerar que a más de dos años de haberse comenzado, esté efectivamente atendiendo el abatimiento del rezago de la vivienda en San Luis Potosí.

El pago de indemnización a ex braceros requiere una reforma de Ley en la Cámara de Diputados Federal, a fin de facilitar el acceso al mismo.

Ante las diversas trabas que el Gobierno Federal ha puesto a los ex braceros para obtener su pago de $38 mil pesos, la Comisión de Asuntos Migratorios presidida por el Diputado Felipe Rodríguez Leal, llevó a cabo dos reuniones informativas para los ex trabajadores el pasado 31 de octubre; la primera en Tamasopo y otra en la Cabecera Municipal de Rayón.

El resultado de estas primeras reuniones, fueron acuerdos como la propuesta de plantear una reforma de ley en la Cámara de Diputados Federal, que permita el acceso a nuevas reglas de operación, a fin de que los ex braseros que se quedaron fuera del pago de su indemnización, puedan obtenerlo sin tantos trámites burocráticos y requisitos que la mayoría no podía cumplir.

Otro de los acuerdos fue, primordialmente recabar la información necesaria, para lo que el próximo jueves 5 de noviembre, el Diputado perredista planteará un Punto de Acuerdo para solicitar que se entregue la información, el padrón de los beneficiarios.

Además de la implementación de una estrategia para obtener los datos de aquellos que no fueron beneficiarios, a fin de empujar una estrategia con el Gobierno Federal para que ponga algo de su parte, para que les paguen a estas personas lo que justamente les deben.

De igual manera, se apoyará a los compañeros representantes que ellos nombraron desde en dichas reuniones, de tal manera que puedan estar en constante movimiento por la información en México y en San Luis Potosí, para que se tengan que mover la menor cantidad posible y sea a través de sus comisiones municipales.

En el caso de Rayón, además se encontró muy buena disposición del Presidente Municipal Ing. Alberto Olmedo, quien va a poyar financieramente al grupo que se nombró en la presidencia, que será encargado de enlistar y de recabar documentación con ayuda de personal de la presidencia, y cuando tengan que trasladarse, tanto la Presidencia como la Diputación, aportará para solventar dicho gasto.

Estas reuniones fueron las primeras dos, de una serie que organizará la Comisión de Asuntos Migrantes por todo el Estado para reactivar el movimiento, por lo que próximamente se realizará otra en la Zona Altiplano, Centro, Huasteca, y otras, en función de las necesidades y de los lugares en donde estén los ex migrantes.

El presupuesto 2010 se debe ejercer de manera transparente, clara y en beneficio de los ciudadanos de los municipios y de sus regiones.

En el interés de la fracción del PRD en la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión y la representación en el Congreso del Estado con el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, entre las tres partes organizan el Foro hacia el Presupuesto 2010; La necesidad de la equidad en la distribución en el gasto público.

Por su parte Rodríguez Leal señaló, debido a que el tema de temas es la disputa del presupuesto y de la reforma fiscal, considera importante que en San Luis Potosí se comience de una vez la discusión rumbo a la definición del presupuesto 2010 estatal, con una línea fundamental; que este foro sea el primero de una serie de eventos en los cuales poder confluir diversos sectores.

“Discutir de manera muy seria y profesional con académicos, políticos, especialistas en el tema, cómo pudiéramos reorientar y armar el presupuesto 2010 en San Luis y aportar de nuestra parte para que se convirtiera en un presupuesto con un corte social en primer término”. A lo que agregó, debe estar orientado principalmente a los tres grandes rubros; educación, vivienda, salud, y también una parte apoyar la actividad productiva, aunque bajo reglas que le den seguridad tanto a los empresarios como a la población, de que se están haciendo las cosas bien.

Indicó, el objetivo principal de este foro, es analizar a fondo la propuesta de cambiar el esquema de repartición de los fondos de aportaciones que van a los estados y municipios, siendo que actualmente el 80 % es manejado por el gobernador y 20% los municipios.

“Pensamos es necesario que los foros lleven a una reforma legislativa que nos permita cambiar por mas fondos manejados por los ayuntamientos y las regiones y menos por el gobernador”, agregó.

Aseguró, es necesaria una reforma no solamente en los términos de asignación sino también en los controles, a fin de crear candados que permitan evitar excesos y abusos en el uso del recurso público, por lo que el Congreso tendría que implementar mejores controles, como mejorar la Auditoría Superior del Estado, ya que quien audita y vigila debe estar a la altura de lo que requieren los ayuntamientos, lo que también implicaría mayor vigilancia y mayor sanción a aquéllos munícipes que transgredieran el manejo de los fondos públicos.