Congreso del Estado requerirá nuevamente a funcionarios estatales para que informen por escrito, respecto a la situación legal del permiso estatal de uso de suelo otorgado a la empresa Minera San Xavier, emitido el 4 de Mayo del año 2000 y su vinculación con la nulidad del permiso otorgado por el Instituto Nacional de Ecología el 26 de febrero de 1999 y con la revocación de la autorización condicionada del 10 de abril del año 2006, a efecto de prevenir que la transnacional manipule la ley y utilice permisos sin vigencia y sustento legal alguno.
Deberán asistir el Director de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado; Lic. Jesús Juárez Portillo, el titular de la Secretaría de Gestión Ambiental; Lic. Manuel Barrera Guillen, y el Arq. Luis Nava Calvillo titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Publicas, a quienes se exigirá que coadyuven con las autoridades federales a fin de ejecutar la sentencia que ordena el cierre definitivo y el paro de operaciones con la clausura de MSX, e iniciar los juicios en contra de quienes estuvieron involucrados en la actividad de la empresa.
El Punto de Acuerdo del que emana dicha comparecencia, fue promovido por el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, quien indicó es necesario llamar nuevamente a estos funcionarios, pues en la reunión del pasado 13 de noviembre fue muy desafortunada, ya que el responsable Jurídico se de declaró ignorante del tema, el responsable de la protección del medio ambiente evadió responder, y el titular SEDUVOP no se presentó.
Así mismo señaló, no se puede tolerar de ninguna manera que la transnacional continúe retando y burlando el estado de derecho, ya que actualmente MSX continúa con sus actividades indebidas y depredadoras, amparada en el permiso estatal de uso de suelo.
En forma definitiva el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ordenó la nulidad definitiva del proyecto minero, sin embargo, la empresa ha estado declarando públicamente que en nada le afecta la anulación de la autorización federal, que seguirá operando amparada en la Licencia de Uso de Suelo que Gobierno del Estado le otorgó el 4 de mayo de 2000 a través de SEDUVOP.
En este sentido Rodríguez Leal explicó, con las aseveraciones que está haciendo la empresa, está exponiendo a Gobierno del Estado a un confrontación jurídico y social de graves consecuencias, incluso a nivel nacional, dado que el argumento expuesto por la empresa minera no es posible, dado que la Licencia se dio acorde y conforme a la resolución en materia de impacto ambiental, que fue precisamente la anuló el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, y ejecutada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Agregó, una de las causales por las que se sentenció la anulación del proyecto minero fue la violación al Decreto del Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada, dado que hubo falsedad en cuanto a las áreas declaradas y las reales; en los documentos se mencionan 373.39 hectáreas cuando en realidad son más de 600.
Deberán asistir el Director de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado; Lic. Jesús Juárez Portillo, el titular de la Secretaría de Gestión Ambiental; Lic. Manuel Barrera Guillen, y el Arq. Luis Nava Calvillo titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Publicas, a quienes se exigirá que coadyuven con las autoridades federales a fin de ejecutar la sentencia que ordena el cierre definitivo y el paro de operaciones con la clausura de MSX, e iniciar los juicios en contra de quienes estuvieron involucrados en la actividad de la empresa.
El Punto de Acuerdo del que emana dicha comparecencia, fue promovido por el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, quien indicó es necesario llamar nuevamente a estos funcionarios, pues en la reunión del pasado 13 de noviembre fue muy desafortunada, ya que el responsable Jurídico se de declaró ignorante del tema, el responsable de la protección del medio ambiente evadió responder, y el titular SEDUVOP no se presentó.
Así mismo señaló, no se puede tolerar de ninguna manera que la transnacional continúe retando y burlando el estado de derecho, ya que actualmente MSX continúa con sus actividades indebidas y depredadoras, amparada en el permiso estatal de uso de suelo.
En forma definitiva el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ordenó la nulidad definitiva del proyecto minero, sin embargo, la empresa ha estado declarando públicamente que en nada le afecta la anulación de la autorización federal, que seguirá operando amparada en la Licencia de Uso de Suelo que Gobierno del Estado le otorgó el 4 de mayo de 2000 a través de SEDUVOP.
En este sentido Rodríguez Leal explicó, con las aseveraciones que está haciendo la empresa, está exponiendo a Gobierno del Estado a un confrontación jurídico y social de graves consecuencias, incluso a nivel nacional, dado que el argumento expuesto por la empresa minera no es posible, dado que la Licencia se dio acorde y conforme a la resolución en materia de impacto ambiental, que fue precisamente la anuló el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, y ejecutada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Agregó, una de las causales por las que se sentenció la anulación del proyecto minero fue la violación al Decreto del Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada, dado que hubo falsedad en cuanto a las áreas declaradas y las reales; en los documentos se mencionan 373.39 hectáreas cuando en realidad son más de 600.
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