Organismos internacionales intervienen en el caso de migrante asesinado.

Amnistía Internacional en Londres emitió recomendación a la Secretaria de Seguridad Nacional en E.U. para suspender el uso de armas de electrochoques.

Octubre 30, 2010.

Derivado de un documento que la Representación Parlamentaria del PRD envió al Secretario de Amnistía Internacional en Londres, Salil Shetty, para de hacer de su conocimiento el brutal asesinato del migrante Anastacio Hernández Rojas, la organización emitió una recomendación a la Secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, Janet Ann Napolitano, a fin solicitar que se revise el uso de la fuerza de la policía fronteriza y de aduanas, a fin de asegurar que las armas de electrochoques sean suspendidas o se limite su uso a las situaciones en donde la vida de los oficiales se vea amenazada.

En el documento se indica que Amnistía Internacional tiene una gran preocupación por el uso excesivo e indiscriminado de los dispositivos de descarga eléctrica, conocidos como taser, así como por los estándares policíacos del mencionado país. Pues se tiene conocimiento del uso común del taser como refuerzo de la aplicación de la ley en Estados Unidos, con una gran distribución, a pesar de la falta de investigaciones rigurosas que garanticen el uso seguro de estas armas, especialmente en el caso de los grupos vulnerables.

Asimismo el secretario de la organización protectora informó que desde julio del 2001, más de 400 personas son reportadas muertas después de haber sido sometidas a descargas eléctricas, en el país vecino del norte. Además de que médicos forenses han señalado al taser como factor contribuyente en más de 50 muertes en todo el país.

En el mismo tenor, en el documento se hace mención de que alrededor de 90 por ciento de los casos que Amnistía ha estudiado, las personas han muerto desarmados, e inclusive algunos no representaban una amenaza seria que ameritara el trato con electrochoques.

Las investigaciones de esta organización mundial indican que el uso de estos dispositivos pueden ser perjudiciales o dañinos, y pueden incrementar el riesgo de fallas cardiacas o respiratorias. “Amnistía Internacional cree que hay suficiente información que indica que estos dispositivos son potencialmente letales, y hay abuso por parte de quien los usa”.

Presentan Queja ante la CNDH contra la Secretaría de Relaciones Exteriores por el caso de migrante asesinado por policías estadounidenses.

Octubre 28, 2010.

La madre del migrante asesinado a manos de 20 policías estadounidenses, María de la Luz Rojas Olivo, presentó un recurso de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza Castellano, pues aunque la instancia ha realizado algunas acciones sobre el caso, estas no han culminado en la aplicación de justicia que han exigido los familiares desde hace más de cuatro meses, además de que actualmente la SRE le ha negado a la familia en San Luis Potosí información sobre el caso.

En el documento la señora expresa que la intención de su familia es la exigencia de que se linden responsabilidades contra quienes, haciendo uso excesivo de la fuerza, perpetraron el homicidio de Anastacio Hernández Rojas, pues aseguró que el resarcir el daño es imposible.

Por lo que consideró inverosímil el hecho de que los agentes de la ley que participaron en la dantesca acción no hayan sido ni procesados, ni suspendidos o cuando menos reconvenidos, por lo que dijo es aún más inadmisible la pasividad que sobre este hecho guardan nuestro gobierno representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Además de que hace mención de la indiferencia de dicha instancia ante el dolor de la familia al solicitar información del caso, siendo que a través de un hermano de Anastacio se les respondió que la dependencia ya no les podrá proporcionar, toda vez que misma se le brindará solo a la esposa e hija del occiso. Con lo que consideró, se le deja a la familia potosina en el limbo y por ende en un estado de indefensión y frustración.

En este tenor señaló que al momento acudir a estancias internacionales como Amnistía Internacional, esta, inmediatamente emitió una recomendación a Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, condenando el artero crimen, cosa que no ha ocurrido con las autoridades mexicanas, que debieran ser las primeras en estar obligadas por mandato de ley a hacer lo propio.

En la Queja presentada por Rojas Olivo, solicita a la CNDH su intervención para que se dirija a los gobiernos tanto americano como mexicano, a las secretarias de estado, además de a sus pares defensores de derechos humanos en el vecino país. Asimismo realizar labores de investigación y acción centradas en obtener justicia y apoyo por parte las instituciones mexicanas, para que con apoyo de éstas se le haga justicia a Anastasio Hernández Rojas y su esposa María Puga e hijos, los cuales quedaron en el desamparo total ya que el fallecido era el único proveedor de sustento para la familia Hernández Puga.

“Sé que la Comisión Nacional de Derecho Humanos puede recurrir a la comunidad global de defensores y defensoras de los derechos humanos y que uno de sus principios es la solidaridad internacional, la actuación eficaz a favor de víctimas concretas, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, la imparcialidad e independencia, la democracia y respeto mutuo”.

Por lo que en el documento se exhorta de igual manera a la Comisión a sacar a la luz los abusos contra los derechos humanos de forma precisa, rápida y persistente, pues la CNDH investiga sistemática e imparcialmente las circunstancias que se dan en casos concretos y en situaciones generalizadas de abusos contra las garantías individuales, da publicidad a los resultados de estas investigaciones a través de la emisión de recomendaciones.

Reestructuración de deuda: con fines electoreros y de encubrimiento a MSF.

Octubre 28, 2010.

Este jueves el Congreso del Estado autorizará en forma indebida la reestructuración de la deuda de 1, 500 millones de pesos, contraída por el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga. No obstante sigue inexistente un dictamen formal y definitivo sobre la aplicación adecuada del enunciado recurso, una cortina de humo encubrirá la responsabilidad y el desvío de recursos públicos.

En este tenor el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal manifestó que el sentido de su voto será en contra, fundamentado en que “casos como el de Ciudad Satélite, la presa El Realito y este mismo refinanciamiento de deuda, han servido para que el Gobernador Fernando Toranzo Fernández le limpie el terreno a su antecesor, pues esta autorización necesariamente implica reconocer como válido el empréstito original.

Señaló que para la solicitud del Ejecutivo se generó una argumentación en relación a la utilidad pública, dejando de lado la incorrecta aplicación que se hizo del recurso, y por consecuencia se omite la investigación y el fincar responsabilidades sobre el Ex Gobernador. Por lo que aseguró que por más que se descalifique a la anterior administración, el hecho concreto es que esta autorización valida y oxigena la corrupta cuenta pública de Marcelo de los Santos.

Además dijo que este refinanciamiento es mañoso e irresponsable, pues se deja comprometido el erario público de tal manera que la administración que inicie en 2015 deberá realizar un primer pago de 6 millones 250 mil pesos, mientras que la administración de Toranzo comenzará con amortizaciones mensuales de apenas 450 mil pesos.

El perredista aseguró que un ingrediente más con el que viene viciada esta reestructuración es el elemento electorero, pues evidentemente los recursos serán aplicados en forma discrecional para favorecer los proyectos priístas en el 2012.

De igual manera indicó que durante el desarrollo de diversas comparecencias como la de Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Secretaría de Desarrollo Económico, de Trabajo y Previsión Social, Instituto de Vivienda del Estado, Comisión Estatal del Agua, entre otras, se pudo establecer que no existe una proyección y planificación. “Lo que existe es improvisación”.

Concluyó que con esta autorización se genera un adeudo con una aparente justificación social, pero sin desglosar y generar corridas financieras, al mismo tiempo que establece cláusulas que le permiten modificar las asignaciones y las obras. Ante la banca es facilitador en cuanto a las clausulas penales, por lo que deja amarrada a la administración futura. Finalmente las legislaturas aprueban el esquema.

Congreso debe dejar de lado intereses partidistas en el proceso de renovación del Ceepac.

Octubre 26, 2010.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, integrante de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, hizo un llamado a sus compañeros de la LIX Legislatura, para que el proceso de renovación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) se lleve a cabo en un marco de disposición de todas las fracciones para buscar los atributos profesionales y humanos en los candidatos, dejando de lado las afinidades partidistas.

El pasado lunes el Congreso del Estado expidió la convocatoria para que los ciudadanos aspirantes a formar parte del Ceepac se inscriban, al respecto, el legislador perredista dijo que será necesario analizar detenidamente las propuestas y hacer un filtro, de acuerdo a aspectos como la capacidad, imparcialidad y la honradez de quienes se postulen. “Es muy importante que de aquí a diciembre cuando se de la elección, haya la disposición de todas las fracciones de mirar los atributos profesionales y humanos, más allá de afinidades partidistas o de otro tipo de situaciones”.

Al cuestionarle que si la implementación de filtros podría ser garantía del Congreso hacia la ciudadanía, de que no se convertirá este proceso de renovación en botín político electoral; Rodríguez Leal dijo esperar que así sea, pues a su consideración, la convocatoria emitida representa una primera prueba de ello.

“Me parece que es correcto, que vamos bien, pero vamos a ver cómo se desarrolla el proceso, del mismo comportamiento de la Comisión para la Reforma del Estado tendremos nuestra posición, yo espero que sea la correcta en todo el proceso y que salga muy fortalecida la elección del consejo, pues San Luis Potosí lo requiere a la luz de un proceso que seguramente será muy complicado en el 2012”.

En cuanto al perfil que se buscará, el diputado indicó que en el caso del Partido de la Revolución Democrática se están inclinando por las capacidades profesionales, académicas, imparcialidad en términos de cualquier interés partidista, aunque aclaró no estarse refiriendo a gente apolítica, pues eso no existe, sino en términos de gente que políticamente tenga el compromiso con el Estado y tenga la posibilidad y los atributos académicos y de conocimiento para hacerle frente desde una posición de total autonomía sobre todo frente al Ejecutivo y los otros poderes del Estado.

El Jaralito mantiene su oposición al relleno sanitario y prepara acciones.

Tras el diálogo con Victoria Labastida se acordó planear obras y apoyos municipales, sin embargo los habitantes exigen se resuelva en primera instancia el conflicto generado por Viugue.

Se ratificarán 30 denuncias penales contra el Ex Secretario de Gobierno. Además de que se prepara una ofensiva jurídica contra la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental.

Octubre 25, 2010.

Durante asamblea plenaria del Ejido Santa Rita y del poblado El Jaralito, el domingo 24, cerca de 200 habitantes ratificaron su oposición al relleno sanitario, además de que condicionaron la entrega de obras y apoyos municipales, que les fueron planteados a sus órganos de representación durante la reunión con la Presidenta Municipal, Victoria Labastida Aguirre, hasta en tanto quede resuelto el problema que ha generado la empresa Vigue en ese poblado.

De la plática generada con la Alcaldesa el pasado viernes 22, a la cual únicamente pudieron entrar los integrantes del Comisariado Ejidal, del Consejo de Vigilancia, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, y Margarita Alonso, Presidenta de la Junta de Mejoras, quien señaló a los vecinos que Labastida se vio muy nerviosa y temerosa, y que les manifestó que había intereses oscuros para responsabilizarla de los hechos violentos, además de que volvió a ratificar que ella siempre se opuso al proyecto, pero que en el cargo que actualmente ostenta, ella y el cabildo se encuentran amarrados.

Se informó además, que a partir del próximo miércoles se ratificará en el Ministerio Público de la Pila, las más de 30 denuncias penales en contra del Ex Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Durón Santillán, y se espera además que para el jueves, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Seguridad Pública empiece a pagar los daños e indemnizaciones por los actos represivos multicitados.

De igual manera se comunicó sobre la resolución emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y acordaron estar a la expectativa de la posible recomendación, ya que se acreditaron más de 36 quejas sobre violaciones a la vida, a la libertad, a la seguridad y diversas garantías individuales, todo esto, el día de la brutal agresión. Igualmente se está buscando asistencia psicológica en Derechos Humanos y con organizaciones no gubernamentales.

El Diputado Felipe Abel señaló que es necesario recomponer el tejido social afectado y averiado por la torpeza oficialista. “Se apoyará hasta sus últimas consecuencias al Jaralito en su oposición al relleno sanitario”. Además de que anunció que en esta semana se desplegará una amplia ofensiva jurídica contra la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, pues quizá sea momento de un cambio en esa dependencia.

Por otra parte los habitantes del lugar manifestaron desconfianza por la visita del Diputado Pedro Pablo Cepeda Sierra, quien no obstante que fue Delegado de la Pila en la anterior administración, delegación a la que pertenece El Jaralito, declaró no tener datos precisos del asunto.

Asimismo los afectados cuestionaron y criticaron que los regidores del Cabildo de San Luis Potosí estuvieran cooptados, pues el día de los acontecimientos todos se escondieron y evadieron su responsabilidad, además de que hasta la fecha ninguno se ha acercado para apoyarlos, sino solamente para intentar convencerlos.

Diputado perredista reta a regidores desinformados a debatir sobre El Jaralito.

Octubre 23, 2010.

En referencia a los comentarios vertidos por algunos regidores del Ayuntamiento Capitalino sobre la asesoría que la Representación Parlamentaria del PRD ha brindado a los habitantes de El Jaralito, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal invitó al edil Alberto Rojo Zavaleta a que se informe, además de que lo retó a que debatan públicamente sobre el tema.

“Invito al regidor a que se informe y a que se presente a ‘desenmascararme’ a la reunión que se tendrá el día de hoy en el Ayuntamiento. Lo reto a que públicamente debatamos el tema en el lugar en donde él quiera, con los argumentos legales y políticos a nuestro alcance”.

El legislador manifestó que por parte de la Representación Parlamentaria del PRD han sido los únicos que han brindado asesoría legal y de defensa de los derechos humanos, misma que nunca ha estado condicionada a asuntos de carácter político. Situación totalmente contraria a las promesas de campaña de Victoria Labastida Aguirre, que aseguró a los habitantes de El Jaralito que el relleno sanitario no se construiría en el lugar.

Dijo que la incapacidad de la presidencia municipal para cumplir con sus compromisos políticos es la principal molestia de la gente, que se siente engañada al escuchar una postura de oposición de Labastida Aguirre al momento de ser diputada y haciendo promesas en campaña, cuando en los hechos se ha visto que la autoridad obedece a los intereses de una empresa.

Así mismo consideró que los que principalmente debieran estar defendiendo los intereses de los ciudadanos son los integrantes del cabildo, y no los de Vigue-Red Recolector, como lo hace Rojo Zavaleta. Pues hizo mención de que inclusive la reunión que se concertó el día de hoy con la alcaldesa, fue producto de la presión de los vecinos y la solicitud desde su diputación, no por alguna propuesta de las autoridades municipales.

Rodríguez Leal afirmó que la posición de la Representación Parlamentaria del PRD es inamovible. “No al relleno sanitario en El Jaralito, ni Vigue, ni otra empresa, porque a este proyecto le falta sustento político y legal”.

Reiteró que deja la convocatoria abierta para debatir el tema ante cualquier persona, pues es muy importante que los representantes ciudadanos, al momento de hacer declaraciones sustenten su dicho, por el contrario del edil priísta, que en varias ocasiones ha manifestado posturas que nunca han sido traducidas a acciones.

Finalmente informó que horas después de la agresión, él y un equipo de asesores acudieron al lugar, atendiendo a la solicitud de los mismos habitantes, que desde las 6:30 de la mañana se comunicaron con los mismos para informarles de los hechos lamentables y solicitarles el apoyo. Además de que desde el inicio de la LIX Legislatura se presentaron presentado dos Puntos de Acuerdo, de los que derivó la comparecencia de la Alcaldesa para discutir el tema.

Se exige inmediata resolución para los conflictos laborales de los sindicatos vidriero y llantero.

Ha habido una demora excesiva en el desahogo de las respectivas audiencias y diligencias, en el caso de los vidrieros van cerca de tres años, y en el de los llanteros más de uno.

Octubre 21, 2010.

La Representación Parlamentaria del PRD presentó este jueves en el Pleno del Congreso, un Punto de Acuerdo por el cual solicita se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal y estatal; así como a la delegación de la misma en el estado, para que intervengan para la pronta resolución de los conflictos laborales de los sindicatos de la Industria Vidriera y de la General Tire, que desde febrero del 2008 dejaron en el desempleo a cientos de potosinos.

El planteamiento del Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal requiere al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Javier Lozano Alarcón, para que intervenga de manera directa en primer lugar en el conflicto laboral suscitado entre el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí, los 47 trabajadores despedidos que mantienen sus demandas y la Empresa Industria Vidriera del Potosí; y en segundo lugar entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire, los trabajadores despedidos y la empresa General Tire o Continental Tire.

Además de que solicitar al Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en San Luis Potosí, Santiago Maza Moheno; y al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Miguel Cardoza Mora, para que en el ámbito de sus competencias se sirvan a coadyuvar en la pronta solución de los conflictos en mención, “a fin de garantizar que se pongan a salvo los derechos laborales de vidrieros y llanteros y que la paz y la estabilidad laboral en la entidad potosina sea sinónimo del respeto a los principios de la legislación laboral”.

De la misma forma el legislador del sol azteca insta a Cardoza Mora, que se sirva proveer a los despedidos de ambos conflictos soluciones o alternativas de empleos estables para enfrentar la situación de despido.

Aunque reconoció que en ambos casos se trata de conflictos de jurisdicción federal por la naturaleza de la rama industrial, aseguró que ello no es obstáculo para que las autoridades locales pudieran hacer buenos oficios a fin de resolver estos conflictos laborales, por lo que conminó a sus compañeros legisladores a resolver a la mayor brevedad, debido a la urgente necesidad de coadyuvar con los trabajadores en la mejor solución a sus demandas.

Desde el 26 de enero de 2008 la Empresa Industria Vidriera del Potosí SA de CV despidió a cerca de 250 trabajadores, sumando cerca de 400 en los meses subsecuentes. Situación que Rodríguez Leal consideró sumamente inverosímil, tomando en cuenta que la mencionada es una compañía dependiente de Grupo Modelo, el consorcio cervecero más grande del país, cuya accionista mayoritaria, María Asunción Aramburuzavala es la mujer más rica de América Latina.

Manifestó que resulta más bien evidente que la razón del despido fue el activismo de los trabajadores a favor de la recuperación de su sindicato, pues desde un año antes habían convocado a elecciones sindicales y habían determinado independizar su organización y obtuvieron un aumento significativo en su primera negociación salarial.

Desde febrero de 2008 el comité directivo del sindicato vidriero emplazó legalmente a la compañía mediante demanda laboral interpuesta ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. A la fecha, aún hay 47 trabajadores ex vidrieros que siguen resistiendo en su intento de recuperar su empleo.

Por otro lado, el 18 de mayo del 2009 la Empresa Continental Tire o General Tire de México, despidió a 119 de los 770 trabajadores de la planta de San Luis Potosí, todos afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México. A la fecha, restan dos trabajadores llanteros en condición de despido, sin ninguna razón jurídica.

El diputado aseguró que en ambos casos, es evidente que por tratarse de Sindicatos Independientes, pesaron mucho más las razones políticas que jurídicas, para el despido masivo y la demora excesiva en el desahogo de las respectivas audiencias y diligencias, pues en el caso de los vidrieros van cerca de tres años, y en el de los llanteros más de un año, con situaciones que obstaculizan el desarrollo legal del procedimiento; como el extravío de exhortos y notificaciones mal hechas en repetidas ocasiones.

Victoria Labastida se comprometió a dialogar con habitantes de El Jaralito.

Los agredidos continúan con una firme postura de rechazo a la construcción del relleno sanitario.

Octubre 21, 2010.

Aproximadamente ochenta habitantes de la comunidad El Jaralito, acompañados por el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, acudieron este miércoles a las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal, con el objetivo de una reunión con la alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, a fin de plantearle su firme oposición a la construcción del sitio de disposición final de residuos en el poblado, sin embargo ella no se encontraba, y se concertó una reunión el próximo viernes 22.

Después de que personal de la Secretaría General les informó que Labastida Aguirre se encontraba fuera de la ciudad, representantes de la Junta de Mejoras, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, así como el legislador local, consensaron con el Secretario General del Ayuntamiento, Emigdio Ilizaliturri, sentarse a dialogar con la Presidenta Municipal en una fecha posterior, para hacer de su conocimiento la postura de los ciudadanos ante este proyecto que amenaza la salud de sus familias y el medio ambiente, acordando el día 22 a las 18:30 horas en las mismas instalaciones.

Así mismo los habitantes de El Jaralito entregaron un documento firmado por todos los asistentes, en donde expresan que como integrantes del Ejido Santa Rita comparecen en relación a los acontecimientos suscitados hace una semana en aquel poblado y además respecto a las autorizaciones de diversos niveles de gobierno para el proyecto denominado “Construcción y operación de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de San Luis Potosí “.

Solicitan que cada entidad involucrada repare en lo posible los daños ocasionados por la agresión de la que fueron víctima, llegando al punto crítico con la muerte de un joven padre de familia, así como lesiones a decenas de lugareños, y daños materiales aun incalculables. Por lo que piden que el Ayuntamiento defina por escrito el compromiso de resarcir lo antes mencionado.

En relación al relleno sanitario, exigen que se les entregue las autorizaciones emitidas por el gobierno municipal, respecto al uso de suelo del sitio y las licencias de funcionamiento y construcción. Además de que se convoque a la Comisión de Ecología y a sesión extraordinaria de cabildo, a efecto de que “de conformidad a sus atribuciones, al imperio de la ley, al expediente y lo actuado que derivo en la concesión y/o subrogación del servicio de recolección, traslado y disposición de residuos sólidos no peligrosos, modifique la localización del sitio de disposición final”.

Por su parte el diputado del sol azteca manifestó que junto con los órganos de Representación Ejidal y Junta de Mejoras, se realizarán un reuniones informativas, una previa al diálogo con Victoria Labastida, y otra el próximo domingo 24 en El Jaralito, con el fin de consensar un plan de acción con el Ejido. Además de que el próximo viernes se hará entrega del listado de afectaciones, de las que se cuenta con evidencias fotográficas.

Cuestionan a titular de SEGAM por responsabilidad de violencia en El Jaralito.

Señalan a Manuel Barrera como uno más de los responsables del ataque a habitantes de El Jaralito, pues dio la autorización sabiendo que nunca se consultó a la comunidad.

CEA reconoce que la presa El Realito se encuentra desfasada con sólo un 25% de avance. SEDUVOP niega que se esté trabajando en un Código Urbano a la medida de empresarios inmobiliario. SCT se deslinda de su injerencia en el Libramiento Norponiente y el Nuevo Anillo Periférico.

Octubre 19, 2010.

El día de hoy se llevó a cabo la comparecencia de los titulares de las Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Luis Nava Calvillo; Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Manuel Barrera Guillén; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Octavio Arredondo Mata; y de la Comisión Estatal del Agua, Jorge Luis Rangel Aguirre, en donde la Representación Parlamentaria del PRD les cuestionó en relación a temas fundamentales como la agresión que sufrieron habitantes de El Jaralito, la construcción de la presa El Realito, la privatización de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, entre otros.

Con respecto a los hechos lamentables que sucedieron en El Jaralito, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal le solicitó a Manuel Barrera que explicara las razones técnico-jurídicas por las que se negó la autorización para construir el relleno a la empresa Vigue-Red Recolector, y porqué el 18 de agosto se liberó el permiso.

Además de que hizo mención de las modificaciones y reformas a la Ley Ambiental del Estado, de las que destacan el fortalecimiento de atribuciones para que las autoridades estatales puedan tomar determinaciones respecto a los rellenos sanitarios. En este sentido, el legislador aseguró que la ley fue adecuada para que SEGAM pudiera emitir la autorización enunciada, por lo que se cuestionó al funcionario sobre la legalidad de la misma, en virtud de que la solicitud se hizo con la legislación anterior.

El titular de SEGAM pretendió deslindarse de su responsabilidad, argumentando que en una primera ocasión se le negó la autorización a la empresa, porque no habían sido presentados los estudios que solicita la Norma Oficial Mexicana 083, los cuales dijo, posteriormente se llevaron a cabo. Además dijo que a la fecha el proyecto no se ha clausurado.

De igual manera el perredista cuestionó sobre el permiso que se autorizó de acuerdo a un Plan de Manejo, omitiendo el Manifiesto de Impacto Ambiental correspondiente. A lo que el funcionario respondió que la autorización se dio en base a los requisitos que solicita la NOM-083.

Por otra parte se le preguntó a Barrera Guillén sobre la consulta que debió hacerse a la comunidad de El Jaralito y el Ejido Santa Rita para realizar los trámites que Vigue-Red Recolector realizó a nivel federal y estatal para el proyecto de relleno, y si desde su punto de vista debieron ser tomados en cuenta los habitantes, si él mismo los tomó en cuenta. El funcionario reconoció que dicha consulta no fue realizada, pero que él consideraba que si se debió escuchar la opinión de los ciudadanos.

“Es usted tan responsable como el Ex Secretario General de Gobierno, porque usted lo autorizó, firmó el permiso correspondiente sabiendo que no se había consultado a la comunidad”, así lo expresó el Diputado Felipe Abel.

En otros temas, se cuestionó a Manuel Nava Calvillo sobre la situación de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, que viven una ofensiva de los grupos facticos de poder, representados por Carlos López Medina y Vicente Rangel. Siendo que el pasado 3 de octubre se realizó una asamblea que pretende conformar sociedades mercantiles en la Sierra de San Miguelito, a fin de poder modificar el uso de suelo.

“Tenemos conocimiento que tanto SEGAM y SEDUVOP, saben del tema e inclusive desarrollan trabajos técnicos informativos para facilitarle a los empresarios apoderarse de las tierras”.
Al respecto dijo tener la certeza que la elaboración del Nuevo Código Urbano contendrá elementos para facilitarle a los empresarios su proyecto. Y que el Nuevo Plan estratégico que incluye Cerro de San Pedro, Soledad, Mexquitic y Villa de Zaragoza y esta capital se está elaborando a la medida de los intereses de los ricos de San Luis.

El titular de SEDUVOP únicamente respondió que no se trabaja para nadie en particular y que la dependencia a su cargo no tiene compromiso con nadie. Por lo que el diputado del sol azteca dijo al funcionario que le solicitará el nombre de los despachos que trabajan en los proyectos de Nuevo Código Urbano y Planes, además del avance que se tenga de los mismos.

En cuanto a la Comisión Estatal del Agua, se le pidió que mencionara el estado de avance del proyecto de la cortina de la presa “El Realito”, la inversión generada por el estado de San Luis Potosí y municipios. Además de que proporcione la información sobre as empresas que construyen dicha cortina, el acueducto y sobre los juicios existen contra irregularidades en el proceso.

El titular reconoció que el proyecto se encuentra desfasado en tiempo y forma, pues hasta el mes de septiembre se reporta un avance del 25 por ciento.

En el caso de Real de Catorce, respecto a la empresa First Majestic, se le pidió informar si la misma es dueña de algún derecho de agua o si se encuentra gestionando trámite al respecto, y si el funcionario tenía conocimiento que la Minera San Xavier arroja los desechos de las detonaciones a los arroyos naturales de Cerro de San Pedro.

Rangel Aguirre dijo desconocer el tipo de agua que utilizaría el proyecto minero en Catorce, y que en cuanto a Cerro de San Pedro, no tienen reporte o queja de habitantes, por lo que le solicitó al legislador la información que el mismo pudiera proporcionar para denunciar ante la Comisión Nacional del Agua.

Comparecencias evidencian que el Gobierno de Toranzo favorece a intereses empresariales, por encima de las necesidades de la ciudadanía.

Octubre 16, 2010.

El día de ayer se llevaron a cabo las comparecencias ante el Legislativo de los titulares de las Secretarías de Turismo, Desarrollo Económico, Trabajo y Previsión Social, y Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, en donde quedó de manifiesto que en lo concerniente a la estabilidad laboral, el desarrollo turístico y económico de nuestro Estado, el Gobierno de Fernando Toranzo está enfocado a favorecer los intereses del sector empresarial, pasando por encima de las necesidades de la ciudadanía.

En este tenor, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal invitó al Secretario de Turismo, Enrique Abud Dip; y a la Secretaria de Desarrollo Económico, Martha Elena Guadalupe Meade Espinosa, a leer e investigar sobre las consecuencias del proyecto minero que pretende instalarse en el municipio de Real de Catorce. Pues al cuestionarles el legislador al respecto del tema, Abud Dip aseguró que los trabajos de la empresa First Majestic Silver no afectarían a la actividad turística, que representa el principal sustento de los lugareños.

Además de que los dos titulares coincidieron en manifestar su agrado porque este tipo de proyectos se desarrollen en nuestro estado, y que “bienvenidos sean”. Por su parte Meade Espinoza insistió que el proyecto en Catorce, no tendría ningún impacto negativo en el medio ambiente, ni en los edificios históricos, sin embargo no presentó ni hizo mención de algún documento que acreditara su dicho.

Así mismo el legislador perredista manifestó su desacuerdo con las aseveraciones del Secretario de Trabajo y Previsión Social, Miguel Cardoza Mora; quien ante los cuestionamientos sobre las contrataciones terciarizadas, llamadas outsourcing, aseguró que el Gobierno del Estado, a través de la Oficialía Mayor, no está contratando por este sistema.

Rodríguez Leal calificó de mentiroso al funcionario, pues mediante oficio el Secretario de Salud, Alejandro Perea Sánchez, informó al diputado que el personal del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez fue contratado mediante el esquema de outsourcing.

Por otra parte la Representación Parlamentaria del PRD cuestionó al Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Héctor Rodríguez Castro, sobre la ausencia de una política y proyecto integral de la dependencia para impulsar el desarrollo agropecuario, más allá del acaparamiento de la producción de naranja, café, frijol y chile, por quienes ostentan cargos públicos.

De igual manera el legislador preguntó al Secretario de Turismo sobre el hecho de que en el mes de mayo, la Secretaría de Turismo Federal, informó en su portal en Internet, sobre una partida de 55 millones de pesos para nueve proyectos turísticos, y de que en este caso, se instaura un programa denominado “Rutas Peatonales e Iluminación de los Corazones de los Barrios Tradicionales del Centro Histórico de San Luis Potosí”.

Abundó en que esta es una continuación mal hecha del Proyecto de Iluminación Escénica, y cuestionó si la misma será desarrollada bajo el mismo esquema de asignación directa, no obstante que el proyecto de declaratoria de la UNESCO por el argumento de la ruta procesional, se encuentra totalmente cancelado. El funcionario solamente atinó a decir que en cuanto a la Iluminación Escénica, las obras fueron concluidas en la administración anterior, por lo que no tiene conocimiento de obras correspondientes a la actual administración.

Anunciada austeridad de la LIX Legislatura sólo fue aparente.

Para el presupuesto 2011 se pretende un aumento del 10 por ciento en todos los rubros del Congreso del Estado, se contempla gasto de celulares, más de 1, 500 pesos diarios de gasolina, y más de 10 mdp para publicaciones en prensa, radio y tv.

Octubre 15, 2010.

La Representación Parlamentaria del PRD se manifestó en contra del aumento al salario y al resto de las prestaciones de los diputados, pues se considera que esta situación lejos de abonar a recuperar la credibilidad de la ciudadanía, ratifica y mantiene una situación de privilegio del Legislativo.

El diputado Felipe Abel Rodríguez Leal expresó además que su voto en contra se fundamenta en graves irregularidades; como el que se haya quebrantado la determinación de eliminar del presupuesto 2010 los pagos en estacionamientos y celulares de los diputados, emitida por el órgano colegiado.

Pues aseguró persisten gastos de los que la Oficialía Mayor no informó a los diputados, se continuaron asignando discrecionalmente cantidades como $35, 000.00 pesos, en “gastos de gasolina” para el presidente de la Junta, así como compensaciones diversas al personal de confianza que, en el momento de la definición presupuestaria, no fueron presentados a detalle a los integrantes.

“De acuerdo a la situación de crisis que vive la mayoría del pueblo en el Estado, debemos mantener el nivel de la percepción salarial y de las prestaciones que hoy detentamos, exactamente el mismo nivel durante tres años”. Además el legislador del sol azteca dijo que ante la percepción de la sociedad potosina, una acción mínima de solidaridad sería determinar su congelamiento durante el ejercicio.

Así mismo se pronunció en contra de aumentar en el rubro de operación, los presupuestos del área de Comunicación Social, pues consideró falso y corrupto pretender que la relación institucional y de colaboración con los medios de comunicación y sus trabajadores, se realice en función de intentar comprar lealtades o mejorar imágenes a costa de dinero.

Además hizo mención de que a un año de la promesa de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, de hacer entrega a los diputados de los respectivos convenios de colaboración suscritos entre el Congreso y diversos medios de comunicación, al día de hoy estos no han sido entregados, lo que provoca suspicacias.

El perredista exhortó a sus compañeros a centrar su trabajo en la agenda legislativa, “a fin de tomar determinaciones que resulten en el acotamiento del sistema que propicia cada vez mayor acumulación de riqueza en pocas manos, que promueve con mayor fuerza la diferenciación social, y hace más grande la brecha entre riqueza y pobreza, que provoca al mismo tiempo, la existencia de grupos que hoy detentan en el Estado, de manera informal, las principales decisiones sobre el desarrollo”.

Señaló que en vez de discutir cuánto se aumentarán los salarios y prestaciones, debieran discutir cómo hacerle para aumentárselo a todos los trabajadores, una estrategia para atacar el problema estructural en el campo, para detener el fenómeno migratorio cada vez mayor, la universalización de los servicios de salud, educación y vivienda, para dar equidad a la participación social y de derechos de las mujeres y grupos vulnerables.

Por otra parte Rodríguez dejó en claro que respalda totalmente los ajustes y aumentos al personal de base y de confianza, administrativo y operativo, en consecuencia con el criterio de ir acercándolos a un esquema de equilibrio, pero con ello igualmente hay que mejorar mecanismos de medición de resultados y de eficiencias, particularmente de las coordinaciones, y determinar que todos los trabajadores del Congreso, de cualquier nivel, ingresen al esquema de servicios de seguridad social del que gozan la inmensa mayoría de los trabajadores al servicio del Estado. Aseguró que los derechos laborales deben consolidarse, ampliarse y colocarlos a la par de los que hoy se ejercen en democracias consolidadas.

Habitantes de El Jaralito presentan denuncia contra el Ayuntamiento, el Ex Secretario General de Gobierno y Vigue.

Los delitos que se les atribuyen son tentativa de homicidio, asociación delictuosa, abuso de autoridad, lesiones y amenazas de muerte.

Octubre 13, 2010.

Aproximadamente 37 ciudadanos de la comunidad El Jaralito, entre los que se encontraban algunos de los 27 detenidos, acudieron a las instalaciones del Congreso del Estado para presentar y ratificar sus denuncias ante un grupo de agentes ministeriales adscritos a la Procuraduría de Justicia, contra Victoria Labastida Aguirre, José Guadalupe Durón Santillán y titulares de la empresa Vigue-Red Recolector, por tentativa de homicidio, asociación delictuosa, abuso de autoridad, lesiones, amenazas de muerte, más lo que resulte, además de ratificar su queja ante la Secretaria Técnica del Consejo de la CEDH. Así mismo se acordó elaborar una denuncia de Juicio Político contra la Presidenta Municipal de la Capital del Estado.

Cabe mencionar que entre los asistentes se pudieron observar los rastros de las agresiones de que fueron víctima los detenidos, inclusive algunos de ellos se encuentran en cama y no pudieron trasladarse.

Los afectados manifestaron que con el apoyo de la Representación Parlamentaria del PRD, formularán y presentarán sus denuncias correspondientes, para que se finquen responsabilidades sobre los servidores públicos que abusaron de su cargo para ejercer estas acciones, además de que solicitarán el pago de los gastos médicos de los heridos, y de los daños a sus viviendas.

Esto en concordancia con la línea de defensa implementada por la Representación perredista, toda vez que el día de ayer, un equipo de abogados conformado por Federico Ibarra Polendo, Jorge Escudero Villa, Carlos Covarrubias Rendón y Guillermo Luévano Bustamante, lograron la liberación de los 27 detenidos en el transcurso de la madrugada del día de hoy.

Por su parte el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, dijo que en el caso de la denuncia por parte de la familia del joven Luis Gerardo Martínez, quien fuera asesinado por los elementos policíacos, es necesario estar muy al pendiente del seguimiento que se le dé a la misma.” No puede quedarse así el asunto, hay que fincar responsabilidades y hay que pedir una reparación del daño, aunque la vida del señor no puede ser devuelta, la familia, la viuda y la recién nacida que deja, requieren que alguien les dé respuesta”.

Susana Zavala Flores, Secretaria Técnica del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y un grupo de ministeriales adscritos a la Procuraduría de Justicia estuvieron en la Sala Heberto Castillo del Congreso del Estado, atendiendo a los afectados para presentar y ratificar sus quejas y denuncias.

Así mismo el legislador perredista informó que el día de ayer acudió al lugar de los hechos, para manifestarles el apoyo de la Representación Parlamentaria, y consensar acciones inmediatas. Entre los acuerdos mencionó que se han puesto ya en contacto con el Presidente de la CEDH, a fin de que quienes no hayan iniciado su queja, lo puedan hacer hoy mismo en el Congreso, además de que el personal de dicha Comisión también inicie las quejas correspondientes y deslindar las responsabilidades sobre el caso.

En el mismo tenor comunicó que ayer por la noche sostuvo una reunión con el Secretario de Seguridad Pública, Enrique Galindo Ceballos, y con el Procurador de Justicia en el Estado, Cándido Ochoa Rojas, en donde quedó muy claro que sí hay interés de que se llegue hasta las últimas consecuencias de este terrible abuso de autoridad del que fueron víctima los comuneros.

“Estamos en el pleno respaldo de los ciudadanos, desde hace meses venimos planteando que la concesión del servicio de basura fue equivocada, ilegal, que hay temor, que existen alternativas para el relleno, y que hoy yo quiero decirle a Vigue que su proyecto está muerto, al menos en El Jaralito, que no hay ninguna posibilidad de que la comunidad acepte que ahí se construya el relleno, es una posición de los vecinos”.

Aseguró que la comunidad nunca fue consensuada para la realización del relleno, lo que redundó en los hechos lamentables, por lo que advirtió que si ellos no quieren, no podrá ni deberá ser construido en su comunidad ningún relleno, por lo que se pedirá a la Presidenta Municipal que desista de querer seguir beneficiando a una empresa, por encima del interés ciudadano.

Donaciano Medina expresó que; “lo que vivimos ayer fue una agresión muy dura, no vamos a dar marcha atrás, desde un principio lo dijimos, porque estamos defendiendo el patrimonio de nuestros hijos. Yo quisiera que el Gobernador, la Presidenta Municipal vieran en la desgracia en que está la comunidad, cómo nos tienen sin ninguna mejora, estamos abandonados. Una parte trabaja en la Zona Industrial, otros en el campo, trabajamos las parcelas con burros todavía, porque no tenemos los recursos”.

Además dijo que la culpa se la adjudican tanto a la empresa, a Victoria Labastida y al Gobernador del Estado. “¿Por qué nos mandaron agredir de esa manera?, nos agarraron como ratas, yo salía a la tienda, me agarraron peor que a un animal, llegaron a sacarnos de la casa, se metieron con los niños, con nuestras familias”.

Por su parte Margarita Alonso Almendarez, Presidenta de la Junta de Mejoras de El Jaralito, aseguró que desde un principio se les dijo a las autoridades que no estaban de acuerdo con el proyecto, y el Ayuntamiento sólo les ha dado la vuelta y manda al Secretario General a convencerlos.

“Esto que hicieron es imperdonable. Había gente dormida y la sacaron a rastras de sus casas. ¿Nosotros qué somos para el gobierno, que piensan que pueden pasar por encima de nosotros? Seguimos en la lucha. Ni Vigue ni otra empresa va a entrar, no queremos relleno sanitario ahí, que se lo lleven a otro lado”.

Enfrentamiento con Vigue en El Jaralito cobra su primer muerto.

Joven de 20 años falleció unos minutos después de la agresión, pues no se permitió darle asistencia médica. Además de que 30 habitantes del lugar fueron heridos de bala y golpeados, seis de los cuales se encuentran detenidos, heridos e incomunicados.

Octubre 13, 2010.

El diputado local del PRD, Felipe Abel Rodríguez Leal, consideró alarmante la situación que se presenta en el poblado el Jaralito, ejido Santa Rita, lugar donde se pretende asentar el relleno sanitario del Municipio de la Capital, lo que el día de hoy redundó en la muerte de un civil y 30 heridos durante el enfrentamiento con la empresa, que se encontraba respaldada por las fuerzas policíacas estatales y municipales. La empresa es Vigue-Red Recolector, misma que obtuvo con dudosa solvencia, la concesión para la recolección, traslado y disposición de residuos sólidos en febrero del año 2009 del ayuntamiento capitalino.

El pasado lunes 11, grupos de habitantes del Jaralito, se opusieron a que entraran al lugar las máquinas propiedad de la empresa Vigue-Red Recolector, logrando momentáneamente detenerlos. Las fuerzas policiacas del Estado y el municipio se mantuvieron a la expectativa, sin embargo el legislador informó que el día de hoy, el ingreso de máquinas fue acompañado por un operativo sin precedente, generándose en primer lugar fricciones con los lugareños y, posteriormente, enfrentamientos físicos.

De acuerdo a información proporcionada por la presidenta de la junta de mejoras, Margarita Alonso, el perredista dijo tener conocimiento de que el asunto subió a una enorme tensión, hasta el punto de que a una orden de los mandos policiacos, irrumpieron los grupos de operación especial que, armados con gas, balas de sal y armas de fuego y escopetas y rifles y dieron a decenas de pobladores, asesinando al ciudadano Luis Gerardo Martínez Galaviz, de aproximadamente veinte años de edad, de oficio obrero, al que no se permitió darle asistencia médica y que moriría unos minutos después de la agresión. Además de que, cuando menos treinta habitantes del lugar fueron heridos de bala y golpeados, seis de los cuales se encuentran detenidos, heridos e incomunicados.

De igual manera aseguró que las acciones ejercidas por la empresa regiomontana han implicado la presión sobre grupos de recolectores y pepenadores, que han visto mermado su ingreso. Además de gravísimas irregularidades, como el ser omisos de que hace más de año y medio debió entrar en funcionamiento el relleno sanitario, pero la falta de cumplimiento de normas oficiales en materia de manejo de residuos, implicó la negativa de autorizaciones.

Sin embargo hace dos meses, el Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, Manuel Barrera Guillén, “se doblegó, modificó leyes y entregó autorizaciones para la construcción del mismo”. Así mismo el legislador ratificó que la inconformidad social de los habitantes del lugar ha llegado a tal nivel que sólo mediante el uso de la fuerza pública se podrá llevar a cabo la obra.

Los habitantes del Jaralito, inconformes, se habían estado manifestando en forma cada vez más fuerte, y las autoridades municipales y estatales, incapaces de encontrar una salida al asunto, enviaron policías y ministerios públicos al lugar. Al respecto Rodríguez Leal consideró que esta situación se tornó el día de hoy en algo que no se había visto en San Luis Potosí en más de veinte años.

El diputado local aseguró que, siguiendo la instrucción de una empresa regiomontana y en común acuerdo con quien representa la seguridad en el Estado, la policía entró a un poblado inerme, golpeando, amenazando e insultando. “Se planeó un operativo repleto de autoritarismo y violencia que salió de su control y que desencadenó en hechos sangrientos de los cuales, en este momento, no se tiene la justa dimensión. Las fuerzas represivas, entrenadas para la violencia y la impunidad, se ensañan con los débiles. Lo que no pueden con la delincuencia organizada”.

Cabe mencionar que en el sitio en comento ya existió un relleno sanitario, en Santa Rita, mismo que cerró en enero del año 2007, por la inconformidad social. Inclusive el mismo no ha sido remediado. Y ahora después de que algunos ejidatarios vendieron en forma irregular sus parcelas, los lugareños temen por su salud, por la contaminación del agua y el incremento de la delincuencia. La asamblea ejidal Jamás fue consultada, ni tampoco se pidió opinión de los vecinos del predio donde se ubicara la zona de disposición final.

Así mismo el legislador Felipe Abel recordó que la Presidenta Municipal, Victoria Labastida Aguirre, cuando fue diputada se asumió como férrea opositora al decreto que autorizó por parte del Congreso del Estado la subrogación del servicio, esto en Diciembre del año 2008, sin embargo ahora se encuentra acorralada por la empresa licitante.

El Ayuntamiento pagará cerca de mil millones de pesos a Vigue-Red Recolector en un lapso de veinte años; además de que podrán hacer negocio con el reciclaje. Al respecto manifestó que se generarán acciones de apoyo y solidaridad con los afectados, incluso se pedirá que el Congreso del Estado revise la legalidad del contrato y en un momento determinado ordene su reversión.

“Existen responsable directos de los que sucedió hoy en el Jaralito, Victoria Labastida; incapaz y sumisa, Manuel Barrera Guillén; incapaz y conformista, y el Gobernador Fernando Toranzo, que no ordena más que enviar a sus mandos policiacos y de inteligencia, ineptos y represores. El Congreso del Estado deberá en lo inmediato actuar y cancelar el decreto que autorizó la privatización”.

Seguridad Pública y Procuración de Justicia con visiones opuestas sobre el caso.

Horas más tarde se llevó a cabo la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Enrique Galindo Ceballos; y del Procurador de Justicia en el Estado, Cándido Ochoa, en donde por parte de la Representación Parlamentaria del PRD se les cuestionó, además de otros temas, sobre el operativo que inició a las 5:00 am del 12 de octubre.

Por su parte Galindo Ceballos reconoció que hubo un exceso por parte de los elementos que llegaron al lugar, por lo que además aseguró se castigará a los responsables. Sin embargo el Procurador de Justicia justificó el ataque con armas de fuego por parte de los policías, argumentando que seis elementos habían recibido machetazos por parte de los civiles.

Diputado acude al lugar de los hechos violentos.

Al finalizar las comparecencias, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal acudió con un grupo de asesores a El Jaralito, en donde en medio de un ambiente de gran tensión y miedo, el legislador logró exponer su postura a los habitantes y consensar con ellos una estrategia para liberar a los compañeros detenidos, que los heridos tengan la atención necesaria, y exigir justicia a las autoridades y una resolución a la problemática que enfrentan por la pretendida imposición del relleno sanitario a escasos metros de sus viviendas, por parte de la empresa Vigue-Red Recolector.

Secretario de Desarrollo Social y Regional, incapaz de responder cuestionamientos sobre su plan sectorial.

Desconoce la representatividad de los pueblos indígenas y reedita el viejo Plan de Desarrollo Urbano, elaborado por el tristemente célebre Fernando Silva Nieto.

Octubre 11, 2010.

En una comparecencia donde los diputados locales escucharon en forma estoica la falta de sustento y argumentos para defender su Plan Sectorial, el Secretario de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), Fernando Chávez, terminó por aburrir y retirarse sin pena ni gloria.
El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal cuestionó si el actual gobierno mantiene los ejes del plan de desarrollo Urbano 2001-2020, publicado por el Gobierno del Estado, y si existe una evaluación en el programa de la secretaría que establezca una revisión a dicho plan. La pregunta jamás fue respondida.

Asimismo el legislador del sol azteca cuestionó lo relativo a que el Producto Interno Bruto y la inversión estatal, nacional e internacional, se sigue concentrando en un 85% en la ciudad Capital y el municipio de Soledad. Al respecto el funcionario solo acertó a informar sobre la creación de empleos marginales, y apoyos de programas paliativos de la pobreza, sin atender o plantear la forma de generar un equilibrio general de desarrollo.

Una situación que llamó especialmente la atención, fue la falta de estrategias para inhibir el proceso de migración interna y externa, de que el plan enunciado no hace una sola mención específica sobre políticas preventivas estructurales. En este tenor el funcionario se limitó nuevamente a dar cifras generales de programas federales y estatales en trámite.

Posteriormente Rodríguez Leal puso énfasis en la composición del Órgano Consultivo que supuestamente vigila el Sistema de Desarrollo Social, mismo en el que aparecen múltiples organismos que dicen representar a la sociedad civil.

El legislador informó que la llamada LIMAC es un organismo que en el ámbito nacional es inexistente, sólo un membrete, además de el llamado Presidente del Consejo Estatal de las ONG, de quien se desconoce su identidad y la forma en que fue designado. Aseguró que los clubs asistenciales, de igual forma, entes desvinculados de la realidad social, y los ayuntamientos, son sólo un elemento decorativo.

Solicitó que el funcionario estatal explicara por qué no aparece una sola comunidad o ejido, vinculado a una etnia indígena. Además de que cuestionó cómo es posible que dicho consejo esté compuesto por integrantes de la Iniciativa Privada, incluso algunos a título personal, instituciones académicas elitistas como el Instituto Tecnológico de Monterrey, y que no se le de participación al Colegio de San Luis.

Fernando Chávez mencionó que el consejo si tiene por ahí alguna indígena, “la maestra Cándida, que anda en la producción de la vainilla”, además de que dijo al diputado Felipe Abel que estaban abiertos a la integración de propuestas que pudiera hacer el Legislativo.

El legislador señaló que en el plan se pone énfasis especial a la cuestión ecológica, y en ese sentido preguntó porqué no existen políticas de apoyo, prevención, remediación, y atención a lugares que ha sufrido o podrían sufrir la devastación por parte de empresas mineras, como es el caso de Villa de la Paz, Cerro de San Pedro y Real de Catorce. El titular titubeante mencionó que para eso tenían el proyecto de las estufas ecológicas, que eran miles.

En cuanto a este tema que mencionó el secretario, el perredista informó que en una conversación que sostuvo el día de ayer con el Presidente Municipal de Tanlajás, el mismo le dijo de las 2, 300 estufas que se mencionan en el Informe del Ejecutivo, no hay terminadas más que 500.
Finalmente Rodríguez Leal manifestó al funcionario estatal que el día de hoy quedó de manifiesto la pobre concepción del desarrollo que tiene SEDESORE, pues no existe un verdadero programa de ataque a la pobreza.

Representación del PRD propone Iniciativa de Ley para prevenir, atender, perseguir, sancionar y erradicar la Trata de Personas.

Octubre 9, 2010.

El pasado jueves la Representación Parlamentaria del PRD presentó en el Pleno del Congreso una Iniciativa de Ley para prevenir, atender, perseguir, sancionar y erradicar la Trata de Personas en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de avanzar en el combate a esta nueva modalidad de esclavitud, de la que principalmente mujeres y niños son víctima.

El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal expresó que una legislación específica sobre Trata de Personas es fundamental; “la codificación normativa que hoy presento, tiene un enfoque global que permite avanzar en la materia”.

Consideró que dentro de esta problemática se viven tres grandes amenazas a los Derechos Humanos, como son la discriminación; la violencia social; y las desigualdades estructurales; estos fenómenos triplican ámbitos de vulnerabilidad de las personas y, en otros casos, son detonantes de circunstancias de riesgo que exponen a las personas en condiciones de desventaja e incrementan su vulnerabilidad frente a situaciones de violencia.

De la misma forma aseguró que resulta fundamental mejorar e incrementar la cooperación de las instituciones públicas, y entre éstas y la sociedad civil, a través de un mecanismo de coordinación, ya que será decisivo para obtener resultados efectivos en el combate a la Trata de Personas.

La Iniciativa de Ley contiene de forma destacada una serie de elementos que crean un Comité que fungirá como un organismo consultivo, de apoyo y asesoría, teniendo como fin coordinar las acciones que se desarrollen a través de un Programa para la Lucha contra la Trata de Personas.

El legislador explicó que dicho programa tendrá como objetivo primario diseñar acciones para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas; procurar que se persiga y sancione el delito, teniendo como meta, proteger y reparar el daño, haciendo énfasis en la rehabilitación y reinserción de las víctimas a una vida digna. El mismo deberá incluir políticas públicas que garanticen acciones efectivas en la competencia de cada uno de los organismos.

Asimismo manifestó que el fin de implementar con esta ley un Programa para la Lucha contra la Trata de Personas, es generar acciones que erradiquen la captación, el transporte, la entrega o recepción de personas, por medio del uso de la fuerza, amenaza u otras formas de coacción como el secuestro, el fraude, el abuso de confianza, el abuso de poder o cualquier otra que se genere del estado de vulnerabilidad.

Prever y promover además, la denuncia de formas de prostitución ajena u otras formas de usufructo sexual, trabajos o servicios forzados equiparables a la esclavitud, el alumbramiento de un niño y su separación de la madre, la extracción de órganos, tejidos o sus componentes, el matrimonio forzado y la mendicidad ajena o toda aquella actividad equiparable, generando directrices que hagan especial énfasis para evitar que el delito sea cometido en personas menores de dieciocho años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo.

El Diputado Felipe Abel indicó que a pesar de conocer las codificaciones presentadas por sus pares de la anterior y la actual legislatura, y de diferentes fracciones; consideró necesario hacer su aportación al tema, encausándolo a complementar las iniciativas en comento, toda vez que el marco jurídico normativo ha evolucionado de una manera veloz, sobre todo en sus conceptos, quedando con ello, algunas pequeñas lagunas que se hace necesario cubrir, a fin de consolidar el esfuerzo legislativo de sus compañeros.

Tragedia en Villa de la Paz evidencia las condiciones deficientes en que operan las mineras en San Luis.

Octubre 8, 2010.

Funcionarios estatales deberán rendir un informe detallado al Congreso del Estado, en relación al accidente ocurrido el pasado 4 de octubre en la mina del Municipio de Villa de la Paz, en el que fallecieron dos trabajadores, siendo que la empresa propiedad de José Cerrillo Chowell, negó el inmediato acceso al personal de la Unidad de Protección Civil del Estado.

La Representación Parlamentaria del PRD presentó el día de hoy un Punto de Acuerdo para solicitar al Procurador General de Justicia del Estado, Licenciado Cándido Ochoa Rojas; al Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, Licenciado Manuel Barrera Guillén; al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Licenciado Miguel Cardoza Mora; al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Gerardo Cabrera Olivo, que en el ámbito de sus competencias informen detalladamente diversas cuestiones en relación a este hecho lamentable.

El diputado Felipe Abel Rodríguez Leal detalló en cuanto a su solicitud aspectos que son de suma importancia conocer sobre el caso, como el fincamiento de responsabilidades a quien o quienes resulten implicados en la tragedia, además de las posibles sanciones legales que se emprenderán contra la compañía minera.

En este sentido el legislador aseguró que se tiene conocimiento de la actitud obstaculizadora de la empresa minera de Cerrillo Chowell, además de una presunción legal fundada de que había circunstancias irregulares en el funcionamiento de la misma.

Por lo que el Punto de Acuerdo también solicita un informe sobre el estado que guardan los permisos con que cuenta la Mina Santa María de la Paz, sobre las condiciones imperantes en la empresa, tales como: si tiene conocimiento de que entre la empresa y los trabajadores existe un contrato colectivo de trabajo, si cuentan con un sindicato, si tiene conocimiento de que se hayan realizado inspecciones de seguridad e higiene, y si la empresa ha enfrentado demandas laborales.

Asimismo Rodríguez Leal indicó que es importante tener conocimiento sobre las condiciones en las que la Unidad Estatal de Protección Civil encontró las instalaciones de la minera en el Municipio de Villa de la Paz, sobre todo el área del accidente, y cuáles fueron los procedimientos que se siguió para el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos.

El diputado Felipe Abel manifestó que dado el desenlace fatal de este accidente, en donde perdieron la vida los trabajadores Marco Rosales Garay y Manuel de Jesús Velázquez Ramos, se vuelve urgente que se deslinden responsabilidades y se determine la culpabilidad jurídica para iniciar los procedimientos legales y administrativos correspondientes, a fin de castigar a los implicados que resulten responsables de tan lamentable suceso.

De igual manera hizo mención de que las condiciones de trabajo en las Minas en México son probadamente adversas, y que la actividad de los obreros produce por lo general enfermedades específicas, como la silicosis.

Además de que los accidentes en dichas unidades extractivas se han vuelto dramáticos en el país, y que en nuestro estado operan diversas compañías mineras con esquemas semejantes al de la Mina de la Paz, por lo que es necesario investigar las circunstancias bajo las cuales desarrollan sus actividades.

Avanza el trabajo para dar solución a conflictos agrarios en SLP.

Octubre 7, 2010.

El día de hoy se reunieron en la delegación estatal de la Procuraduría Agraria integrantes de diversas comunidades y ejidos, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, Martha Ortiz de las Oficinas Centrales de la Procuraduría Agraria a nivel nacional; el Encargado del Despacho de la delegación, Francisco Eugenio Luna Rodríguez; y el Subdelegado Jurídico, Raúl Ortega Rodríguez, a fin de establecer diversos acuerdos para dar solución a los principales conflictos agrarios y mineros en San Luis Potosí.

A la reunión concurrieron integrantes de ejidos y comunidades del estado, como de Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, ejido Arroyos, ejido La Pila, La Tinaja, Rincón de Leijas, Salitrillos, Huexco, Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, además de grupos sociales agrarios de los municipios de Villa de Arista, Charcas, Soledad, entre otros, además de los integrantes del movimiento opositor al proyecto minero de la empresa First Majestic que pretende instalarse en la zona sagrada de Wirikuta, en el municipio de Real de Catorce.

Martha Ortiz dijo conocer el expediente de los diez asuntos que fueron turnados a las oficinas centrales, además de que por su parte se ha dado a la tarea de localizar más información al respecto.

Habitantes de la comunidad de Estanzuela, Mexquitic de Carmona, quienes se oponen al proyecto del Libramiento Norponiente, que es impulsado por el grupo Meta propiedad del empresario Vicente Rangel Lozano, manifestaron su inconformidad ante las amenazas y la presión que se ha ejercido sobre los propietarios, no sólo por parte de la empresa, sino también por parte de personal de la Procuraduría Agraria.

En este caso la encargada de las oficinas centrales aseguró que no existe documento jurídico que establezca que estas tierras se encuentran en un procedimiento de expropiación.

En cuanto al municipio de Cerro de San Pedro, se discutió lo relativo a actos de ilegalidad promovidos por el Tribunal Agrario de San Luis Potosí, así como por la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado. Siendo que estas instituciones intentaron imponer mediante una asamblea ejidal a individuos relacionados con la minera San Xavier, como representantes ejidales, por lo que la Procuraduría se comprometió a coadyuvar en el perfeccionamiento de demandas penales que se siguen ante la PGR en la unidad de delitos ambientales.

Por otra parte se informó y denunció que en la Sierra de Catorce, Wirikuta, ranchos, pueblos, los tesoros biológicos y culturales, y sobre todo quienes ahí habitan, actualmente enfrentan un destructivo mega-proyecto minero que se presenta como una falsa promesa de progreso, y que pretende comenzar con los trabajos de explotación a finales de este año.

Al respecto se solicitó una investigación sobre el estado en que se encuentran los ejidos y comunidades afectadas por las concesiones de la empresa minera First Majestic. Esto en el ejido Real de Catorce, que abarca las comunidades de Los Catorce, Las Carretas y Almitos, así como ejido San Juan de Matanzas y ejido de Potrero.

En el caso de la Comunidad de San Juan de Guadalupe se informó sobre la asamblea que se llevó a cabo el próximo 2 de octubre, para efectos de generar la privatización de esta comunidad, y entregarle a Carlos López Medina, y a una docena de empresarios inmobiliarios la Sierra de San Miguelito.

En el caso del ejido Arroyos, se denunciaron despojos por parte del Gobierno del Estado y empresas de la Zona Industrial, así como la situación de abandono y marginación del anexo La Noria.

Por su parte el legislador perredista señaló la gravedad de la injerencia de la institución agraria a favor de los grupos empresariales, principalmente en los casos del Proyecto del Libramiento Norponiente en Mexquitic de Carmona, Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, y la venta de tierras de la Comunidad de San Juan de Guadalupe.

Además Rodríguez Leal dijo que sobre todos estos temas y algunos más del interior del estado, se generaron compromisos para reuniones de trabajo para conciliar con las partes que intervienen en dichos conflictos.

Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia sólo quedó en instalación protocolaria.

Octubre 5, 2010.

El diputado Felipe Abel Rodríguez Leal manifestó su descontento, ante los posicionamientos que José Mario de la Garza Marroquí ha hecho a nombre del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado, como presidente del mismo, siendo que los integrantes no han sido convocados tras para la aprobación de un reglamento, y a 49 días de haber sido instalado el Consejo, aún se desconoce la forma en que deberán trabajar.

Informó que a últimas fechas han estado circulando posicionamientos a nombre del Consejo Ciudadano, y se ha hablado de decisiones que debían ser colegiadas, situación demasiado irregular siendo que los integrantes del mismo no se han reunido. Puso énfasis en la importancia de que este órgano colegiado no sea utilizado por la autoridad estatal, ni por quienes pudieran ser afines a él, para convalidar hechos ajenos a las atribuciones del mismo, ni tampoco para hablar de cuestiones que no se han decido de manera colegiada.

Así mismo aseguró que es fundamental que este Consejo no se convierta en un espacio de renombre político, o de utilización política, pues el objetivo es que se pueda cumplir con los planteamientos para los que fue creado y tomarlo muy independiente de las acciones del Ejecutivo, y que particularmente el presidente esté libre de toda relación con el Gobierno del Estado, a fin de realizar su labor con absoluta imparcialidad y profesionalismo.

“Hago un llamado al presidente del consejo a que nos convoque, dado que ese fue su compromiso desde hace más de un mes, y no lo ha hecho, por razones que yo desconozco, y no hemos aprobado un reglamento, ni de qué manera vamos a darle trámite a los asuntos diversos, ni cómo vamos a seguir las investigaciones que se le mandatan a este Consejo”.

El legislador explicó que sólo han sesionado el pasado 17 de agosto cuando el órgano ciudadano fue instalado, y posteriormente hubo otra reunión preparatoria prácticamente para elegir al presidente, a unos días del acto protocolario. Además de que aseguró que fue acuerdo del Consejo enviar a los integrantes el decreto a través del cual fue instaurado, y a la fecha no tiene conocimiento del mismo.

Este Consejo tiene su sustento en la presencia activa de representaciones hoy excluidas de esta clase de escrutinios, como son las iglesias, los partidos políticos, las instituciones de educación superior públicas y privadas, las cámaras empresariales, colegios de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil como Transparencia México y las propias instancias de gobierno.

De nuevo el TRIFE contra AMLO, un dejà vu.

Guillermo Luévano Bustamante.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vuelve a actuar de forma facciosa, sin pudor. Con el voto de 4 magistrados a favor y 3 en contra, el pasado 29 de septiembre de 2010, resolvió ese órgano jurisdiccional ordenar que se retiren los mensajes televisivos y radiofónicos donde aparece Andrés Manuel López Obrador difundiendo su Proyecto Alternativo de Nación. La decisión del Tribunal parte de premisas erróneas, pero no por ello menos dolosas o deliberadas. El argumento que sustenta esa decisión fue garantizar la equidad en el proceso electoral del año 2012.

En primer lugar, da por sentado un hecho futuro de realización incierta. En términos jurídicos Andrés Manuel López Obrador no es candidato a la presidencia de la República por ningún partido político. Por lo cual es inadmisible sancionarlo o pretender regular su actividad particular, si bien como dirigente de un movimiento ciudadano, pero sin reconocimiento legal como tal. En todo caso si se tratara de una presunción legal, el Tribunal deberá manifestar las premisas que derivan en esa conclusión, las cuales deberán traducirse en supuestos generales aplicables a otros individuos que se hallaran en las mismas condiciones o en unas todavía más favorables, a fin de que no significara formulas de exclusión o diferenciación.

En segundo lugar, si lo que se busca es la equidad, como pretendidamente dice la resolución del Tribunal, debería procurarse remediar el fondo del problema de la inequidad en los medios de comunicación. En los hechos, el Sr. Enrique Peña Nieto, aparece con mayor frecuencia e intensidad en horarios, programas y espacios de espectáculos, de revista y en noticieros. La simulación que implica aparentar contenidos diversos, pero que en el fondo exalta la figura de Peña, es evidentemente un mecanismo de inequidad. Sobra decir que un cerco informativo ha marginado de los espacios noticiosos, en el mejor de los casos a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que encabeza un amplio movimiento nacional, cuando no distorsionan, tergiversan, trastocan, atacan con virulencia y denostan sus posicionamientos y planteamientos, desacreditándolos muchas veces sin sustento, en el peor de los casos. Como sea, es urgente democratizar los medios de comunicación, pues el esquema que pervive en la actualidad favorece y consolida el poder de las dos grandes cadenas televisivas nacionales que se ufanan de ser plurales pero que en la práctica tienen un sesgo editorial, notoriamente favorable a otras expresiones políticas.

Es de nuevo el Tribunal Electoral, el que designó a Calderón como presidente de la República, y que al momento de resolver los usos indebidos de publicidad disfrazada dijo que había irregularidades e ilegalidades por parte del candidato del PAN pero no tantas como para invalidar la elección, es decir, según ellos “fue ilegal pero nomás poquito”.

Ese mismo tribunal hoy ratifica por mayoría de votos que tiene una evidente consigna política, que contra López Obrador es un asunto personal, que lejos de procurar la equidad y la certidumbre en los procesos electorales, le preocupa favorecer a un grupo de poder y que Andrés Manuel es todavía, según ellos, un peligro para México, pero más bien una amenaza que pone en riesgo los privilegios de esa clase política voraz e inmoral.

Congreso analizará en comisiones Ley de Sociedades de Convivencia.

Octubre 1, 2010.

Integrantes de diversas asociaciones civiles en pro de la diversidad sexual asistieron el pasado jueves al Pleno del Congreso del Estado, para escuchar la lectura de la Iniciativa para crear la Ley de Sociedades de Convivencia, cuya finalidad es proveer un mecanismo de solidaridad social a individuos desprotegidos de la seguridad social, y las dos iniciativas de reforma de ley a favor de reconocer en la entidad el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, independientemente de su orientación o preferencia sexual, presentadas por la Representación Parlamentaria del PRD.

El psicólogo César Augusto Palomo Moreno, presidente del Colectivo por la Diversidad y la Equidad de Género, aseguró que la discriminación y los crímenes de odio son una realidad en San Luis Potosí, situación por la que existe el temor de dar a conocer sus preferencias sexuales, pues vivimos en una sociedad sin tolerancia.

Dijo que la sociedad debe estar preparada para reconocer sus derechos, pues en los últimos gobiernos se ha hablado de igualdad de género, de protección a la mujer, de protección a los niños, “también nosotros somos parte de la comunidad, también estamos contribuyendo, somos actores, médicos, profesionistas, ya es necesario que la sociedad potosina se esté abriendo a este tipo de temas”.

Además afirmó que el PRD ha sido el único partido que ha apoyado estas reformas legales, por lo que este sector de la sociedad impulsa y respalda las iniciativas presentadas por el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, desde diversas organizaciones como Consenso Ciudadano, Enfoque de Igualdad y Amigos Potosinos Unidos contra el SIDA.

Andrés Costilla Castro, Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Coordinador de la Asociación Democracia y Sexualidad A.C., reconoció la importancia de que se presentaran dichas iniciativas y reformas, pues se está hablando del tema de derechos humanos, que es importante que conozca la sociedad. Consideró que la Iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia garantiza la igualdad de derechos para un sector de la población que históricamente ha sido víctima de la discriminación.

“Es importante dejar en claro que los derechos humanos son para todas y todos. No podemos ver que hay personas de primera, de segunda y de tercera clase, aquí lo importante es que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos para todos independientemente de su orientación sexual o situación económica”. Además de que manifestó que como Consejero de la CEDH, le agrada que legisladores realicen propuestas para garantizar los derechos humanos.

Para concluir, Costilla Castro señaló que no es posible concebir que la población homosexual sólo sea consumista, y no pueda tener el derecho a una vivienda, por ejemplo, pues es una realidad que son discriminados en el sector laboral y educativo. Por lo que aseguró que el Estado tiene la obligación de hacer acciones para combatir el estigma y la discriminación tanto en el ámbito laboral, en el familiar, en el educativo, y en la proporción de la atención a la salud.

Necesario legislar en materia de telecomunicaciones para terminar con oligopolios.

Septiembre 30, 2010.

El día de ayer se llevó a cabo el 1er Foro de discusión y análisis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y las nuevas reformas a aplicar, en donde el Senador Carlos Sotelo García, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, y el reconocido periodista Jaime Avilés, hablaron de los oligopolios de la frecuencia televisiva y la subordinación del poder público ante el poder fáctico de los medios de comunicación.

El evento se llevó a cabo en el auditorio Ponciano Arriaga de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde se contó con la presencia de funcionarios estatales, estudiantes y público en general.

Ambos ponentes coincidieron en la urgencia de una reforma en materia de telecomunicaciones, pues grandes empresas como Televisa son quien verdaderamente ejercen el poder en nuestro país. El Senador Carlos Sotelo informó que esta empresa tiene el 80 por ciento de la frecuencia televisiva en señal abierta, y Tv Azteca cuenta con 13 por ciento, lo que resulta en un 93 por ciento de la frecuencia en manos de dos empresas.

El periodista Jaime Avilés consideró que ante este lamentable contexto, es evidente la necesidad de que los grupos plurales tengan un espacio, que las comunidades cuenten con un espacio de expresión, y así la ciudadanía tenga la posibilidad de escoger entre “chatarra”, o un pensamiento crítico y la toma de decisiones para reconstruir y dar otro rumbo al país.

Realizó un análisis crítico de la política de medios en México, del papel que han jugado en la arena política y de su influencia al interior del gobierno. Con un discurso radical, pero no por eso menos congruente, estableció y cuestionó el alto grado de mediocridad de los medios de comunicación en su mayoría, y en forma definitiva planteó que sólo con un cambio de las estructuras de poder y en sus manos, podrá expresarse una auténtica libertad informativa.

Por otra parte Sotelo García explicó que atendiendo el reclamo de organizaciones sociales y del sector empresarial, al inicio del segundo periodo de sesiones del tercer año legislativo de la LX Legislatura, la Mesa Directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, decidió iniciar un procedimiento de estudio, análisis y dictamen de diversas iniciativas de reforma parcial que habían sido turnadas a la Comisión.

Efectuar una reforma profunda al régimen de concesiones y permisos previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión, se estableció como objetivo central del proyecto de dictamen a desarrollar.

Se situaron como temas principales de estudio y análisis; el régimen de concesiones comerciales; el régimen de medios públicos, comunitarios e indígenas; los refrendos de concesiones y permisos y el programa temporal de reconversión tecnológica para el cambio de bandas de frecuencia de las estaciones de amplitud modulada (AM) a la banda de frecuencia modulada (FM), dentro de la misma plaza, lo que coloquialmente se conoce como “combos”.

Por la coincidencia con los temas, se determino dictaminar en conjunto las iniciativas del los grupos parlamentarios del PVEM, 2 del PRI, y 3 del PRD, de las que dos son del Senador Sotelo.

Indicó que para asumir la elaboración del proyecto, se conformó un grupo de trabajo de Senadores integrantes de la Comisión. A fin de allegarse información, el grupo de trabajo realizó una amplia agenda de consultas entre las instancias más representativas en los ámbitos público, social y privado.

Así mismo, en la realización de su encomienda, el grupo de trabajo en abril de 2009, la secretaría técnica de la Comisión redactó el primer proyecto, que no alcanzó consenso unánime, por lo que se decidió postergar su análisis y dictamen hasta principiar la LXI Legislatura. Al inicio del primer año de la misma, se retomó nuevamente el proyecto, el grupo de y trabajo de senadores efectuó reuniones y consultas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y primeros días de diciembre de 2009, resolviendo aspectos del dictamen que provocaban disenso.

El 7 de Diciembre se convocó a sesión de la Comisión para efectuar el estudio, análisis y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto, sin embargo fue suspendida en virtud de la reacción de desmedido rechazo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión CIRT, acusando al presidente de la comisión de introducir un “modelo chavista de comunicación”, por establecer un régimen jurídico para los medios comunitarios.

Finalmente en sesión del 8 de abril de 2010 fue aprobado tanto en su forma como en su esencia. “El contenido del dictamen es producto de un año de trabajo y de los acuerdos alcanzados por Senadores miembros de la Comisión. El contenido del dictamen fue consensuado y elaborado en absoluta salvaguarda de la independencia y autonomía del Poder Legislativo”.

Como parte de las prácticas parlamentarias para provocar consensos, ese documento se distribuyó a los demás Senadores, a CIRT, a la Red de Medios Públicos, a la Asociación de Medios Comunitarios, al Congreso Nacional de la Comunicación Indígena y a académicos y expertos, entre otros interesados en el tema.