Octubre 28, 2010.
Este jueves el Congreso del Estado autorizará en forma indebida la reestructuración de la deuda de 1, 500 millones de pesos, contraída por el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga. No obstante sigue inexistente un dictamen formal y definitivo sobre la aplicación adecuada del enunciado recurso, una cortina de humo encubrirá la responsabilidad y el desvío de recursos públicos.
En este tenor el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal manifestó que el sentido de su voto será en contra, fundamentado en que “casos como el de Ciudad Satélite, la presa El Realito y este mismo refinanciamiento de deuda, han servido para que el Gobernador Fernando Toranzo Fernández le limpie el terreno a su antecesor, pues esta autorización necesariamente implica reconocer como válido el empréstito original.
Señaló que para la solicitud del Ejecutivo se generó una argumentación en relación a la utilidad pública, dejando de lado la incorrecta aplicación que se hizo del recurso, y por consecuencia se omite la investigación y el fincar responsabilidades sobre el Ex Gobernador. Por lo que aseguró que por más que se descalifique a la anterior administración, el hecho concreto es que esta autorización valida y oxigena la corrupta cuenta pública de Marcelo de los Santos.
Además dijo que este refinanciamiento es mañoso e irresponsable, pues se deja comprometido el erario público de tal manera que la administración que inicie en 2015 deberá realizar un primer pago de 6 millones 250 mil pesos, mientras que la administración de Toranzo comenzará con amortizaciones mensuales de apenas 450 mil pesos.
El perredista aseguró que un ingrediente más con el que viene viciada esta reestructuración es el elemento electorero, pues evidentemente los recursos serán aplicados en forma discrecional para favorecer los proyectos priístas en el 2012.
De igual manera indicó que durante el desarrollo de diversas comparecencias como la de Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Secretaría de Desarrollo Económico, de Trabajo y Previsión Social, Instituto de Vivienda del Estado, Comisión Estatal del Agua, entre otras, se pudo establecer que no existe una proyección y planificación. “Lo que existe es improvisación”.
Concluyó que con esta autorización se genera un adeudo con una aparente justificación social, pero sin desglosar y generar corridas financieras, al mismo tiempo que establece cláusulas que le permiten modificar las asignaciones y las obras. Ante la banca es facilitador en cuanto a las clausulas penales, por lo que deja amarrada a la administración futura. Finalmente las legislaturas aprueban el esquema.
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