SEGE EVADE EL TEMA DE LA CORRUPCIÓN EN ASIGNACION DE PLAZAS.

Abril 28, 2010.

Dentro de las comparecencias de funcionarios estatales en el Congreso del Estado para el análisis del Plan Estatal de Desarrollo, el pasado martes asistió a la reunión el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Antonio Martínez Martínez, quien tras cuestionársele sobre denuncias concretas de un manejo faccioso para la asignación de las plazas, evitó responder argumentando que habría reuniones posteriores para hablar de ese y otros temas.

El diputado Felipe Abel Rodríguez Leal cuestionó al titular de la SEGE sobre la utilización de de plazas como cuota política para favorecer intereses corporativos, de lo que de acuerdo a una nota publicada en el periódico La Jornada San Luis el pasado 26 de abril del presente año, se tiene conocimiento de que por lo menos 100 profesores del estado han sido afectados por violaciones al procedimiento de otorgamiento de plazas, porque no ha sido respetado el escalafón.

En este sentido el perredista preguntó al secretario sobre los mecanismos utilizados para definir la asignación de plazas, y cómo podría acreditar que se cumple plenamente la normatividad para evitar actos de corrupción y asignaciones indebidas.

Así mismo, Rodríguez Leal hizo mención de que en forma recurrente algunos ciudadanos y personal sindicalizado han solicitado información diversa sobre temas como el de la asignación de plazas, programas educativos, aportaciones gubernamentales al fideicomiso 1499 BMN, teniendo que recurrir a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información ante la opacidad de esta secretaría.

Según consta en los archivos de la CEGAIP en total suman 154 amonestaciones privadas y 22 extrañamientos a la SEGE por incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, por lo que se le cuestionó a Juan Antonio Martínez sobre el criterio que rige su secretaría para mantener una opacidad tan evidente, siendo que esta situación evidencia que hay información dentro de esta dependencia que aun estando obligada a difundir se ha negado.

En el mismo tenor el ejecutivo estatal se ha negado a proporcionar información sobre las aportaciones gubernamentales al Fideicomiso 1499 del Banco Mercantil del Norte celebrado entre el gobierno del Estado de San Luis Potosí, los trabajadores al servicio de la secretaría de Educación adscritos a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Banco Mercantil del Norte SA.

Por su parte el legislador manifestó, los recursos que ha aportado el Gobierno del Estado por tratarse de dinero de origen público, deben transparentar el destino detallado de las aportaciones gubernamentales que ascienden a 50 millones de peso dirigidas a ese fideicomiso entre 1996 y 2001, así como los intereses generados por esos fondos.

Cabe mencionar que durante esta dicha comparecencia estuvieron presentes maestros del Consejo Estatal de Lucha del Magisterio, quienes pacíficamente manifestaron sus inconformidades mediante pancartas y lonas.

APRUEBAN MODIFICACIONES AL REALITO AL MARGEN DE LA LEGALIDAD.

Abril 28, 2010.

Este martes en sesión de la LIX Legislatura fueron aprobadas las modificaciones al decreto 563 relativo a la presa El Realito, pese a que no se cuenta con el aval del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, pues el municipio en definitiva no cuenta con los recursos económicos y el cabildo no ha tomado una determinación colegiada en los términos de este decreto, por lo que el Congreso está generando un acto al margen de la legalidad, vulnerando la autonomía municipal.

El diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal expresó su Voto Particular en Contra de este dictamen presentado por las comisiones de Agua, Gobernación, desarrollo territorial sustentable y Hacienda del Estado, pues aseguró la presión ejercida para que la legislatura decida en relación a dichas modificaciones es inadmisible, dado que el Congreso del Estado como máximo órgano de control y vigilancia del Ejecutivo, ahora es sometido al acoso y el chantaje de la actual administración.

Manifestó, la realidad es que el proyecto de la Presa El Realito se encuentra desfasado en tiempos formas. Se afirma que Guanajuato no a puesto un peso para el proyecto, no obstante que la Cortina de la Presa se encuentra en su territorio. Además de que hasta el día de hoy quedan en el aire los juicios se encuentran en proceso por las controvertidas licitaciones y el sentido real de las contrataciones que firman los funcionarios y a quién favorecen finalmente.

Así mismo Rodríguez Leal dijo, las comisiones unidas que presentan este proyecto fueron mas haya de lo acordado por el ayuntamiento capitalino, pues generan las adecuaciones para el Municipio Soledad sin que este llevara a cabo la sesión correspondiente.

“La enmienda realizada por el Ayuntamiento capitalino en base a una sesión realizada el 13 de Agosto del 2009 fue el motivo de la adecuación al decreto que hoy se discute. Pero ratificamos, el Cabildo de Soledad no a generado ninguna adecuación por lo que en estricto sentido estamos vulnerando la autonomía municipal. Estamos de facto imponiendo una determinación no consensuada y en ningún momento aprobada”, aseguró.

La adecuación para el caso San Luís Potosí Capital, ahora es incorporada para un municipio que jamás resolvió a favor de esa adecuación. Donde esta entonces el acta de cabildo correspondiente.
El legislador enunció, que quienes en su momento manifestaron una firme oposición al proyecto del Realito y los programas adjuntos, ahora se doblegan por la conveniencia y el futuro político, así como otros que defendían los derechos ejidales en relación a la Planta del Morro ahora guardan silencio cómplice. Situaciones que podrían mostrarnos un panorama en el que la cuenta publica de Marcelo de los Santos Fraga, será utilizada como instrumento de chantaje y presión y con esto sumir en la humillación a quien no obstante está en desacuerdo, votará a regañadientes la modificación planteada.

inmigración; aplicación de la ley; seguridad del territorio (traducida al español).

SENADO DEL ESTADO DE ARIZONA
Cuadragésima novena legislatura, segunda regular de la reunión

MINUTA PARA S.B. 1070


inmigración; aplicación de la ley; seguridad del territorio

Propósito

Se requiere a los funcionarios y organismos del Estado y sus subdivisiones políticas a cumplir totalmente y asistir en la aplicación de las leyes de inmigración federales, y dar a abogados de condado poder de citación en algunas investigaciones de empleadores. Establece delitos que involucren el traspaso de extranjeros ilegales, emplear o solicitar empleos bajo determinadas circunstancias, y transportar, albergar u ocultar extranjeros ilegales, y sus respectivas sanciones.

Antecedentes

La Ley Federal señala que cualquier extranjero que 1) entra o intenta entrar a los Estados Unidos en cualquier momento o lugar distintos de los designados por funcionarios de inmigración, 2) elude el examen por parte de funcionarios de inmigración, o 3) intenta entrar u obtener entrada a los Estados Unidos con documentos deliberadamente falsos o engañosos es culpable de entrada incorrecta para un extranjero. Por la primera Comisión de la ofensa, la persona será sancionada, encarcelada hasta por seis meses, o ambos, y para ofensas subsecuentes, será multada, encarcelada hasta 2 años, o ambas (8 U.S.C. § 1325).

La Fuerza de Aduanas e inmigración de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en Inglés) es la principal autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración. ICE fue creado en marzo de 2003 como una rama de investigación del departamento de seguridad nacional. ICE fue el resultado de combinar el servicio de inmigración y naturalización, y el servicio de aduanas de Estados Unidos.

Los estatutos actuales definen intrusión o traspaso criminal en primer grado como una persona que a sabiendas entra o permanece ilegalmente en áreas relacionadas con estructuras residenciales, jardines residenciales, bienes inmuebles sujetos a una reivindicación válida de mineral o arrendamiento bajo ciertas circunstancias, fincas si la persona desfigura símbolos religiosos o bienes religiosos o instalaciones críticas de servicio público. Dependiendo de las circunstancias, la intrusión criminal en primer grado conlleva a penas que van de un delito menor de clase 1 a un delito de clase 6 (A.R.S. § 13-1504).

En 2007, Arizona promulgó la Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA), prohibiendo al empleador de contratar deliberada o intencionalmente a un extranjero no autorizado, estableciendo sanciones para los empleadores en infracción.. La Oficina de servicios de inmigración y de ciudadanía de los Estados Unidos administra el programa de verificación sistemática de extranjeros para obtención de derechos (SAVE). El programa SAVE, junto con la Administración de Seguridad Social (SSA), administra E-Verify, que permite a los empleadores confirmar electrónicamente la elegibilidad de empleo de todos los trabajadores recién contratados. LAWA obliga a todos los empleadores de Arizona a utilizar E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo de los nuevos contratados. Una prueba de verificación de la autorización de empleo de un empleado a través de E-Verify crea la presunción de que un empleador no intencionalmente o sabiendas, emplean un extranjero no autorizado.

El impacto fiscal es desconocido; sin embargo, puede haber costos adicionales asociados con la persecución penal y la detención de las personas que son acusados y condenados por los delitos establecidos en esta legislación. Además, la adición de nuevas multas asociados con esta medida también puede tener un impacto.

Disposiciones

Aplicación

1. Se requerirá realizar un intento razonable para determinar el estado de inmigración de una persona durante cualquier contacto legítimo hecha por un funcionario o agencia del Estado o condado, ciudad, pueblo o subdivisión política (subdivisión política) si existe sospecha razonable de que la persona es un extranjero que está ilegalmente en los Estados Unidos

2. Se requerirá el estatus de inmigración de la persona para ser verificado con el Gobierno federal con arreglo a la ley federal.

3. Se requerirá al extranjero presente ilegalmente en los Estados Unidos, el cual será culpable de una infracción a la Ley estatal o local para ser transferido inmediatamente a la custodia del ICE o de Protección de Aduanas y Fronteras, para el cumplimiento de la gestión de la prisión o la evaluación de cualquier multa que se imponga.

4. Permite que una Agencia de aplicación de ley transporte de forma segura un extranjero que está presente ilegalmente en los Estados Unidos y que se encontrará en custodia de la Agencia en su trayecto hacia:
a) una instalación federal en este estado o
b) cualquier otro punto de transferencia dentro de la custodia federal que esté fuera de la jurisdicción de la Agencia de aplicación de ley.

5. Permite al oficial de aplicación de la ley, sin una orden de detención, para detener a una persona si el funcionario tiene causa probable para creer que la persona ha cometido cualquier ofensa pública que hace que la persona expulsable de los Estados Unidos

6. Prohíbe que a los oficiales u organismos del Estado y sus subdivisiones políticas les sea impedidos o restringidos el enviar, recibir o mantener información del estatus de inmigración de un individuo, o el intercambio de dicha información con cualquier otra entidad gubernamental para los siguientes propósitos oficiales:
a) determinar la elegibilidad para cualquier beneficio público, servicio o licencia proporcionada por cualquier subdivisión política federal, estatal, local o de este estado;

b) verificar cualquier reclamación de residencia o de domicilio, si esa verificación es requerida bajo la ley estatal o una orden judicial expedida de acuerdo con un procedimiento civil o penal en el estado;

c) confirmar la identidad de un detenido; y

d) Si la persona es un extranjero, determinar si la persona está en conformidad con las leyes federales de registro de extranjeros.

7. Anula a oficiales u organismos del Estado o sus subdivisiones políticas para adoptar o implementar políticas que limiten la aplicación de la ley de inmigración a menos del máximo permitido por la ley federal y permite a una persona ejercer una acción en la corte superior para desafiar a un funcionario o agencia que realice esto.

8. Requiere a la corte, si hay un hallazgo judicial de que una entidad ha cometido una infracción, a ordenar cualquiera de los siguientes:

a) que el demandante recupere los costos de la corte y honorarios de abogado;
b) que el demandado pague una sanción civil de no menos de $1.000 dólares y no más de $ 5,000 por cada día que la política se ha mantenido en vigor después de la presentación de la acción.

9. Requiere a la corte para recopilar y remitir la sanción civil al Departamento de Seguridad Pública (DPS), la cual debe establecer una subcuenta especial para las sumas de dinero en la cuenta establecida para las apropiaciones del Equipo asignado para la aplicación de Inteligencia sobre Inmigración y Pandillas (GIITEM).

10. Especifica que los oficiales de aplicación de la ley sean indemnizados por sus organismos contra costos y gastos razonables, incluidos honorarios de abogado, incurridos por el oficial en relación con cualquier acción, litigio o procedimiento ejercido con arreglo a este estatuto, a los que el oficial puede ser involucrado por la razón de que el oficial pudiera ser miembro de la agencia de aplicación de la ley, excepto en relación con cuestiones en las que el oficial se halla fallado que se actuó de mala fe.

Traspaso de Ilegales Extranjeros

11. Especifica que, además de cualquier infracción a la ley federal, una persona es culpable de traspaso si la persona:
a) esta presente en las territorio público o privado en el Estado y
b) no está llevando a cabo su tarjeta de registro de extranjero o deliberadamente ha evitado registrarse.

12. Requiere, en el cumplimiento de este estatuto, la determinación final del estatus de inmigración de un extranjero para que sea determinado por:
a) un oficial de cumplimiento de ley que está autorizado para verificar o comprobar estatus de inmigración de un extranjero o
b) un oficial de cumplimiento de la ley o alguna Agencia en comunicación con ICE o Protección de la frontera de Estados Unidos.

13. Estipula que una persona no es elegible para la suspensión o la conmutación de la pena o su liberación bajo ninguna base hasta que la sentencia impuesta haya sido cumplida.

14.Ordena a la persona a pagar los costos de cárcel y un gravamen adicional de al menos 500 dólares para la primera infracción o al menos de 1.000 dólares para posteriores delitos.

15. Requiere de la corte para recopilar y remitir las evaluaciones a DPS para la subcuenta especial GIITEM.

16. Especifica que el estatus de traspaso no se aplica a una persona que mantiene la autorización del Gobierno federal para permanecer en los Estados Unidos.

17. Clasifica la infracción como sigue:
a) un delito de clase 2 si la persona comete la infracción mientras estaba en posesión de una droga peligrosa, precursores químicos utilizados en la fabricación de metanfetaminas, una arma mortal o algún instrumento peligroso u objetos que se utilicen para cometer un acto de terrorismo;
b) un delito de clase 4 para una segunda ofensa o posterior, o si la persona, dentro de 60 meses antes de la infracción, acepta un retiro voluntario de los Estados Unidos o ha sido deportada;
c) un delito menor de clase 1 en todos los otros casos.

Detención ilegal y la solicitud de trabajo

18. Especifica que es ilegal, si un vehículo de motor se detiene en una calle, carretera o autopista y bloquea o impide el movimiento normal de tráfico:
a) para que un ocupante del vehículo de motor intente contratar, o contratar y levantar pasajeros para trabajar en una ubicación diferente;
b) para que una persona entre en el vehículo de motor, con el fin de ser contratado por algún ocupante del vehículo de motor y sea transportado para trabajar en una ubicación diferente.

19. Estipula que es ilegal para una persona que está ilegalmente presente en los Estados Unidos y que es un extranjero no autorizado, a sabiendas solicite trabajo, solicite trabajo en un lugar público o realizar un trabajo como un empleado o contratista independiente en Arizona.

20. Clasifica estos delitos como de clase 1 de delitos menores.

21. Define el trabajo de abogacía y al extranjero no autorizado..

Transporte ilegal

22. Especifica que es ilegal para una persona hacer o intentar hacer lo siguiente si la persona sabe o de manera imprudente desatiende el hecho de que el extranjero ha llegado, ha entrado o permanece en los Estados Unidos en infracción de la ley:
a) transportando o moviendo un extranjero en Arizona en un medio de transporte;
b) Ocultar, albergan o proteger un extranjero de la detección en cualquier lugar en Arizona, incluyendo cualquier edificio o medio de transporte.

23. Estipula que es ilegal el estimular o inducir a un extranjero a venir a o residir en Arizona, si la persona sabe o de manera imprudente ignora el hecho de que tal entrada o residencia en este estado está o estará en infracción de la ley.

24. Somete a los medios de transporte utilizados en la comisión de una infracción a la inmovilización obligatoria del vehículo o su embargo.

25. Clasifica estas ofensas como delitos menores clase 1 y somete a los delincuentes a multas de por lo menos 1.000 dólares, excepto para la infracción que involucre a 10 ó más extranjeros ilegales, que será un delito de clase 6 con una multa de al menos $ 1,000 por cada extranjero que está involucrado.

Investigaciones de empleadores

26. Permite que el abogado del Condado, en las investigaciones de los empleadores de los que se afirme que ha sabiendas o intencionalmente han contratado extranjeros no autorizados, tome pruebas, administrar juramentos o afirmaciones, emite citaciones que requieran asistencia y testimonios de los testigos y a tomar deposiciones de causa.

27. Exime los procedimientos que se celebraron durante el curso de una investigación confidencial para las leyes de reunión abierta.

28. Estipula que un empleador será cómplice si el empleador estaba predispuesto a sabiendas o intencionalmente a emplear un extranjero no autorizado y oficiales encargados de hacer cumplir la ley o a sus agentes simplemente proporcionaron al empleador una oportunidad para hacerlo.

29. Establece que no existirá cohecho o serán eximido los oficiales de aplicación de la ley o sus agencias simplemente por usar algún ardido por ocultar sus identidades.

30. Ordena a los empleadores a mantener registros de verificación de elegibilidad de trabajo de sus empleados a través de E-Verify.

31. Establece un delito grave de clase 3 por :
a) no verificar la elegibilidad de empleo a través de E-Verify o
b) no mantener registros de las verificaciones.

Varios

32. Especifica que el dinero de la subcuenta especial GIITEM está sujetos a la asignación legislativa para su distribución en la aplicación de la ley para pandillas e inmigrantes y para los costos de reembolso de la cárcel de condado en sus gastos relativos a la inmigración.

33. Estipula que los términos de la ley en materia de inmigración tienen el significado dado a ellos bajo las leyes federales de inmigración.

34. Requiere el acto para ser implementado de manera consistente con las leyes federales que regulan la inmigración, protección de los derechos civiles de todas las personas y el respeto de los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos.

35. Contiene cláusulas de intención y disolución.

36. Titula a la legislación como “Apoyo a la Aplicación de Nuestra Ley y Acta de Seguridad del Territorio”

37. Hace cambios a conformidad.

38. Se hará efectiva sobre la fecha efectiva general.

Preparado por la investigación del Senado
15 De enero de 2010
AO/ly

TOMA DE PROTESTA COMITÉS MUNICIPALES PRD.

NO PERMITIREMOS QUE VIGUE DEJE SIN SUSTENTO A MAS DE 5 MIL FAMILIAS.

El legislador perredista Felipe Abel Rodríguez Leal indicó, es urgente elaborar proyectos en beneficio de la ciudadanía y el medio ambiente, por lo que dentro de las actividades de la Jornada “Una Gestión de Residuos Fundada sobre las Economías Populares es Posible“, se sostuvieron algunas reuniones con grupos de carretoneros y pepenadores en la localidad de Milpillas, a fin de que los expertos de Occhio del Riciclone pudieran compartirles su experiencia, a su vez de que Pietro Lupi y su equipo de trabajo conocieran la situación laboral en la que se encuentran los compañeros.

En este sentido, los ciudadanos dieron a conocer el panorama desolador que hoy en día se les presenta tras la privatización del servicio de recolección de basura, pues ni el Ayuntamiento no ha cumplido con el supuesto apoyo, y la empresa Vigue/ Red Recolector les ha invadido sus rutas y ahora hasta pretenden impedirles la pepena, por lo que sus ingresos se han visto drásticamente reducidos a 40 pesos diarios para sostener a su familia.

Es por ello que desde el Congreso del Estado, Rodríguez Leal iniciará una ofensiva legal para que se respete el decreto en donde se establece respetar las rutas de los compañeros recolectores, pues más de 5, 000 familias que se sostenían de este empleo hoy se mueren de hambre.

Además de que en conjunto se llevará a cabo con Occhio del Riciclone, un análisis técnico de la situación que guarda esta problemática en nuestro municipio, para después poder plantear una alternativa real de trabajo y presentar una propuesta mucho más moderna, redituable y con un verdadero beneficio a los potosinos y a nuestro medio ambiente, totalmente opuesta al derroche de millones de pesos en el servicio deficiente que presta la empresa Vigue.

Carretoneros y pepenadores son la solución para la enorme generación de basura.

Abril 24, 2010.

La enorme cantidad de residuos sólidos urbanos que producimos es un problema que en realidad no se pude resolver sólo con rellenos sanitarios, ni con una aparente cultura del reciclaje, la colecta selectiva es la posibilidad de hacer frente a esta situación, y para esta actividad, ya contamos con expertos en la separación de materiales; los pepenadores y carretoneros, ciudadanos que tras la privatización del servicio de recolección de basura, la administración municipal los dejó sin empleo.

En el marco de la Jornada “Una Gestión de Residuos Fundada sobre las Economías Populares es Posible“, en donde se llevaron a cabo una serie de eventos con la intervención y participación de Pietro Lupi, Director del Centro de Investigación Económica y Social "Occhio del Riciclone"; así como la Economista Erendira Hernández, integrantes del centro de investigación, el pasado 23 de abril se celebró una conferencia en donde se explicó el panorama que igualmente se vive en Europa con respecto a esta problemática, y como en diversos países se han implementado diferentes estrategias para la reducción de residuos.

En esta plática convocada por el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal y Carlos Covarrubias Rendón, misma a la que asistió el público en general, diversas organizaciones ecológicas, carretoneros y pepenadores, Pietro Luipi hizo mención de que existe una evidente intención de las fuerzas políticas y económicas de debilitar y extinguir las economías populares, cuando son estas las que más recursos generan a los países, como es el caso del recurso que se obtiene de la venta de los desechos recuperados.

Así mismo indicó, la gran cantidad de basura que generamos exige recuperar el mayor porcentaje de desechos, para lo que la colecta selectiva de puerta en puerta y la pepena, es lo más efectivo.” La s economías populares son el futuro de la gestión de residuos, no son el problema, sino la solución”, aseguró el experto.

Esta extinción de un sector importantes de la población es más que clara en el caso de la privatización del servicio de recolección de basura, que se llevó a cabo en la pasada administración municipal de Jorge Lozano Armengol, pues con el pretexto de una incapacidad del Ayuntamiento para continuar brindando el servicio, se le dio en charola de plata el mismo a la empresa Vigue, que en la actualidad no ha cumplido ni mínimamente con el contrato y a punto de colapsar el tiradero de Peñasco, aún no cuenta con el terreno para el nuevo relleno sanitario. Además de que han montado toda una estrategia para dejar sin empleo a miles de recolectores de puerta en puerta, descuidando por supuesto, la encomienda para con la ciudadanía.

Por otra parte, Pietro Lupi hizo mención de que si bien es mejor contar con un relleno sanitario cuando en la mayoría de los municipios se utilizan tiraderos a cielo abierto, es importante tomar en cuenta que no se soluciona el problema, pues lo que realmente abona es una correcta selecta de los residuos, con lo que se podría tener un relleno de larga vida en el que sólo los materiales no reutilizables ni reciclables fueran enterrados.

Por su parte el Diputado perredista Felipe Abel, dijo que la intención de discutir estos temas y ponerlos sobre la mesa, es que la ciudadanía en general y las organizaciones sociales desde sus diversos ámbitos, puedan aportar y con el conocimiento y apoyo de los especialistas plantear soluciones.

El papel de las mujeres en los movimientos revolucionarios ha sido relegado.

Abril 22, 2010.

En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, es necesario homenajear a aquéllos de hombres y mujeres que tuvieron una importancia significativa en estos movimientos, y que lamentablemente han sido invisibilizados por la historia política tradicional, principalmente en el caso del género femenino, que fue durante muchos años y sigue siendo relegado, situación que se refleja incluso en la ausencia de una distinción en el muro de honor del Salón de Plenos del Congreso del Estado.

En este sentido el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, presentó una Iniciativa de Decreto para que se determine elevar al muro de honor el nombre de Dolores Jiménez y Muro, maestra rural potosina, poetisa, feminista, ideóloga del zapatismo e impulsora del movimiento revolucionario.

“Sus méritos como periodista perseguida, como activista en la formación de círculos obreros, como literata clandestina, y su apoyo a la causa zapatista, justifican su inclusión en la lista de personajes que es preciso conmemorar”, aseguró el legislador.

Así mismo señaló, la conmemoración de estas fechas tan importantes para los mexicanos no debe ser utilizada sólo para el lucimiento personal de algunos funcionarios, ni para justificar el derroche de recursos en actos conmemorativos carentes de contenido, sino que por el contrario, lo importante es reivindicar auténticamente el pasado heroico de nuestro pueblo.

Las mujeres parecen inexistentes en los registros públicos de la memoria y aún en el contexto actual de las conmemoraciones, poco se habla de su participación en las luchas de Independencia y de Revolución, al igual que la función importantísima de los sujetos subalternos de la historia, de las y los obreros, campesinos e indígenas, por lo que es preciso contribuir a reivindicar su lucha por México.

Peñasco se colapsa y la capital no cuenta con un terreno para el nuevo relleno sanitario.

Es necesario que el Ayuntamiento de la capital revise el contrato con la empresa Vigue-Red Recolector, pues la situación del tiradero de Peñasco se encuentra en un momento caótico, a punto de colapsar y con un grave riesgo de salud para la población, adremás de que a la fecha fue rechazada la solicitud para el nuevo relleno sanitario, así lo consideró el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, quien además indicó lo más viable sería rescindir el contrato y que el municipio asuma la responsabilidad de prestar el servicio.

El legislador manifestó que como ya se advirtió durante la gestión de Jorge Lozano Armengol en la presidencia de la Capital, la privatización del servicio armada y preparada para favorecer al grupo Vigue-Red Recolector, se encuentra en un estado caótico, ante la perspectiva de que se genere un problema social, económico y de salud. “La determinación de privatizar el servicio implicó la continuidad de irregularidades cometidas por uno de los cabildos más ineficientes en la historia de San Luis Potosí”.

Hizo mención del proceso que se llevó a cabo para preparar la privatización del servicio, siendo que en enero del 2008 fue cerrado por causas artificiales el tiradero de Milpillas, se buscaba crear condiciones para favorecer el proceso y deslindar al municipio de una de sus obligaciones constitucionales. Luego en febrero del mismo año se clausuró Peñasco, se asignó al grupo Vigue la remediación del sitio y la creación de una celda provisional con una duración de 18 meses.

En aquella época se solicitó al Centro de Estudios, Asesoría y Servicios en Sistemas Ambientales (CEASSA) emitir una opinión técnica sobre la forma de operar dicho procedimiento, determinándose en noviembre del 2008 que el proceso de restauración del sitio era inadecuado, emitiéndose acuerdo para solicitar al Congreso del Estado se autorizara la licitación.

El 20 de junio del 2008 se determinó que los servicios públicos de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos serían subrogados, estableciéndose la generación de bases para la convocatoria y solicitarle al Congreso además la autorización para la contratación parcial del servicio.

En diciembre del 2008, el Congreso del Estado autorizó la subrogación del servicio. El último Día de diciembre del mismo año, al encontrarse colapsada la celda provisional que ya había rebasado su vida jurídica por más de 18 meses, sin que el cabildo tuviera conocimiento, la Dirección de Ecología del Ayuntamiento aporbó una celda emergente en el mismo Peñasco, misma que no podría tener mayor duración que el de los tiempos para realizar la subrogación y el inicio de operaciones del nuevo relleno.

El 15 de enero del 2009 se emitió convocatoria de licitación y/o subrogación. Entre el 11 y 13 de febrero del mismo año, la empresa Vigue fue favorecida para hacerse cargo del servicio.
Durante todo ese tiempo fueron hostigados los grupos de carretoneros, pepenadores y camioneteros, así como los integrantes de los sindicatos municipales. En septiembre del 2008 se presentó un dictamen donde se decía que el ayuntamiento no tenía la capacidad de seguir brindando el servicio.

En la actualidad empresas como GEM y Domus tienen demandado al Ayuntamiento y corre el riesgo de que el mismo sea derrotado en los tribunales, pues se dijeron defraudados, engañados, intimados por el cabildo tras su descalificación en el proceso.

El lugar donde se debiera de establecer el nuevo relleno sería ubicado en Milpillas, en un predio de origen ejidal que en ese momento no contaba con el uso de suelo requerido, además de existir inconformidad social de los vecinos del lugar.

El 13 de agosto del 2009 se suspende sesión de cabildo donde se pretendía cambiar el uso de suelo del predio de 41-28.53.942 hectáreas, donde se propone el sitio de disposición. Se dijo que se contenían diversos documentos que pretendían hacerse pasar como dictámenes, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, la Dirección de Ecología y el Instituto Municipal de Planeación.

Se tiene conocimiento de que el Ayuntamiento tiene que estar pagando sumas desproporcionadas por tonelada de residuos sólidos. Por traslado a estación de transferencia $288 pesos por tonelada, $55 pesos por traslado a sitio de disposición final. La sumatoria por año implica millones de pesos, se dice que dicho adeudo pudiera alcanzar en 20 años cerca de mil millones de pesos.

Además de que no existen terrenos para el nuevo tiradero, pues el mismo fue rechazado por la SEGAM por no contar con los requisitos técnicos necesarios.

Por otra parte, los grupos sociales que siguen siendo hostigados por Vigue y/o Red Recolector han iniciado toda una serie de movilizaciones contra la autoridad municipal y la empresa. La ciudadanía se encuentra inconforme.

Alianza por la Calidad de la Educación atenta contra los derechos laborales del magisterio.

Abril 21, 2010.

Profesores miembros del Consejo de Lucha Estatal del Magisterio Potosino, se reunieron con el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, a fin de informarle sobre su preocupación ante la Alianza por la Calidad de la Educación y su posición de no aceptar la misma, ni una reforma laboral que implicaría la pérdida de la seguridad en el empleo, de la contratación colectiva, y de la seguridad social para la clase trabajadora.

En este sentido los trabajadores aseguraron se atenta contra los derechos laborales de los docentes mexicanos, como en el caso de la contratación individual, por tiempo definido, pues las personas contratadas de esta forma sólo perciben su salario de base, que en promedio asciende a mil pesos quincenales, pues carecen de todas las prestaciones sociales, incluido el servicio médico. Además de que en lo concerniente al concurso par a la asignación de plazas hay grandes atrasos en el pago a los contratados por tres meses.

Así mismo manifestaron gran inconformidad por la prueba Enlace que se está aplicando a nivel nacional, a la cual consideraron antipedagógica, totalmente desvinculada con el aprendizaje o construcción de conocimientos, pues violenta el derecho de los niños a ser evaluados en función de sus desarrollos histórico-culturales y en su lengua, donde se resumen sus concepciones, pues aseguraron esta prueba es simplemente un instrumento de la certificación.

Consideraron dicha prueba como un atentado más a la labor docente, pues los objetivos reales de Enlace es usar los resultados para culpar al maestro, generar un ambiente de sanción laboral, administrativa y laboral, con lo que se impone una cultura de aceptación de pruebas y sanciones desde organismos empresariales, bajo el discurso falaz de la transparencia y rendición de cuentas por el maestro, y no así de las autoridades educativas.

La gravedad de esta situación llega hasta el grado de afirmar que San Luis Potosí carece de un proyecto de educación, aunado a una disminución de la calidad educativa, pues como expuso en la reunión, lamentablemente los maestros se preocupan más porque los alumnos pasen las pruebas de Enlace, dejando de lado la verdadera enseñanza.

Por su parte el legislador perredista indicó, el motivo de esta reunión fue conocer los principales problemas que afectan al sistema educativo y a los sindicatos de trabajadores del magisterio, a fin de poder trabajar en conjunto para el crecimiento del magisterio democrático.

Rodríguez Leal manifestó que como una de las primeras acciones resultado de esta coyuntura, se elaborará un cuestionamiento y una solicitud concreta de información al Secretario de Educación Pública, sobre los puntos tratados en la reunión, a fin de externarle al funcionario estas dudas en la fecha en que se programe su comparecencia ante el Congreso del Estado, misma que ha sido requerida para la revisión del Plan Estatal de Desarrollo.

El pasado sábado 17 de abril se reunieron perredistas y miembros del Comité de Tampacán, además de contar con la presencia del Diputado Estatal Felipe Abel Rodriguez Leal, el Diputado Federal Domingo Martínez Martell, y Filemón Hilario Flores, presidente del Partido de la Revolución Democrática, en el marco de la celebración de la fundación del municipio.

Gobierno Estatal debe actuar ante las nuevas formas esclavitud y trata de personas.

15 de abril del 2010.

El Ejecutivo del Estado debe asumir la responsabilidad histórica que tiene para con los potosinos migrantes, que sin ninguna previsión de las autoridades para su guarda y protección, laboran en campos agrícolas, pues en San Luis Potosí llaman la atención casos gravísimos como la explotación y encarcelamiento de indígenas originarios del municipio Axtla de Terrazas y la desaparición de más de 20 jornaleros de Xilitla que iban a trabajar al estado de Tamaulipas.

De un tiempo considerable a la fecha, potosinos que viven en condiciones paupérrimas, se han visto forzados a migrar a los vecinos estados, sin embargo la búsqueda de oportunidades se torna en pesadilla cuando la supuesta fuente de empleo resulta ser una nueva forma de esclavitud.

En este sentido el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal manifestó; “evidentemente esta problemática se ha generalizado en nuestro país, sin embargo en el Estado existen casos de conciudadanos que, en el contexto de una crisis nacional buscan desesperadamente un empleo, y lamentablemente se encuentran con enganchadores que les generan expectativas de trabajo ofreciendo supuestas fuentes en condiciones falsas y engañosas”.

Así mismo el perredista indicó, en este tenor es indispensable que las instancias correspondientes intervengan concretamente en los casos de explotación mencionados, para lo que presentará en el Pleno del Congreso un Punto de Acuerdo para solicitar la intervención del Procurador General de Justicia, Cándido Ochoa Rojas; el Director de Gobernación del Gobierno del Estado, Francisco Javier Salazar Soni; el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Miguel Cardoza Mora, el Director del Instituto Estatal de Atención a Migrantes, Juan Manuel Martín del Campo y de la Delegada del Instituto Nacional de Migración, Elodia Gutiérrez Estrada.

Dicha solicitud consiste en que los funcionarios pidan a sus homólogos en el Estado de Nuevo León, se sirvan informar respecto a la denuncia pública realizada con respecto a actos de explotación laboral y tráfico de personas pertenecientes a la Comunidad de Mexcuayo del Municipio de Axtla de Terrazas, SLP. y en su caso se inicie la averiguación correspondiente. Además de que los mismos rindan informe pormenorizado, respecto del estado que guarda la investigación con relación a la desaparición de los veinte jornaleros oriundos del municipio de Xilitla, S.L.P., mismos que iban a trabajar a una finca del Municipio de Miguel Alemán, en el Estado de Tamaulipas.

Rodríguez Leal resaltó la ironía de que en la actualidad se discuta un Plan Estatal de Desarrollo, del que se intenta rescatar enormes elefantes blancos como Ciudad Satélite y la Presa El Realito; se busca un Nuevo Periférico que coloque al Estado en el centro de las vías de comunicación nacionales; hoy que los ricos de nuestro Estado pretenden transformar la Sierra de San Miguelito en un proyecto residencial absurdo y ostentoso; no sean creadas fuentes de empleo para nuestros indígenas; ni generar desarrollo que inhiba la migración interna; y peor aún, que ni siquiera se les defienda de la explotación más infame.

Mientras que un sector privilegiado de la población cobra en dos plazas, miles de potosinos desempleados.

09 de abril del 2010.

Bajo el amparo del artículo 132 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, los miembros del magisterio han gozado del privilegio de poder cobrar en dos plazas, y en este momento existen funcionarios de elección popular como presidentes municipales, regidores y síndicos que pertenecen a dicho gremio, situación que sobre todo en estos tiempos de crisis económica, representa una limitación al resto de la ciudadanía para acceder a un trabajo digno.

En este tenor, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal presentó en el Pleno del Congreso, una Iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 132 de la Carta Magna de nuestro estado, a fin de que jamás alguna persona pueda desempeñar a la vez dos cargos de elección popular por los que disfrute sueldo, eliminando la excepción que se hace del ramo de la educación.

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El perredista explicó, el catedrático como principal tutor del desarrollo humano, debe enaltecer los valores de honestidad, responsabilidad, honradez, respeto, compromiso, integridad, liderazgo, actitud de servicio, disciplina e igualdad, sin embargo esta enorme labor se ve mermada cuando los docentes ocupan un segundo cargo, pues descuidan su obligación que es la enseñanza en todas sus vertientes.

Nadie posee el don de la ubicuidad, es decir, estar presente en dos lugares al mismo tiempo, por lo que Rodríguez Leal aseguró, se pervierte la función por la cual cobra y debe desempeñar a cabalidad.

“Nadie pone en duda la capacidad de los docentes con relación a que puedan desarrollar su trabajo en la administración pública de la una manera eficaz, sin embargo, al ocupar más de una plaza, limita que el resto de la ciudadanía tenga acceso a un trabajo digno”, indicó el legislador.
Agregó, es indispensable seguir un principio de igualdad en la ley, pues es totalmente injusto reducir las oportunidades de unos para que otros tengan un nivel de vida superior.

Para concluir expresó, es innegable que este tipo de excepción constitucional, permite que dentro de las negociaciones que tiene el Gobierno Estatal en turno con el gremio, éstos accedan a cargos dentro el gabinete como medida de control político.

Es prioritario construir una auténtica política pública para el fenómeno migratorio.

7 de abril del 2010.

Como parte de la agenda de la fracción parlamentaria del PRD, El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en la LIX Legislatura, se reunió con sus homólogos zacatecanos, y con el Director del Instituto Estatal de Migración para intercambiar experiencias sobre la atención a los paisanos. Además de que también se sostuvo una reunión con el investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Dr. Rodolfo García Zamora, a fin de buscar la colaboración de la academia en la construcción y legislación de una política de atención a migrantes.

El pasado 5 y 6 de abril, el legislador sostuvo una reunión su el Diputado zacatecano Martín Gerardo Luna Tumoine y el Secretario General Le Roy Barragán Ocampo, con el objetivo de comentar la experiencia sobre el trabajo que en Zacatecas se ha desarrollado en beneficio de la comunidad migrante, así como intercambiar información sobre el trabajo legislativo en esta materia, sobre todo enfocado a una de las principales problemáticas que se presentan en nuestro estado; la omisión del Gobierno Federal para cumplir cabalmente con el pago del fideicomiso creado para los ex trabajadores migrantes.

En este sentido, se explicó que el principal interés de la Comisión de Asuntos Migratorios es la reforma de diversas leyes que inciden en dicha materia, además de propiciar las condiciones para la implementación de políticas públicas a favor de este importantísimo sector de la población potosina. La Comisión trabaja en tres líneas fundamentales: consolidar la atención a los migrantes potosinos, diseñar una ley de atención a migrantes y constituir un fideicomiso para pago a ex braceros.

La migración ha agravado problemas sociales como la corrupción, el narcotráfico, el comercio sexual y la trata de personas, por lo que Rodríguez Leal subrayó que en San Luis Potosí urge legislar sobre de este tipo de problemática, pues se vive una nueva modalidad de migración, por ser paso de indocumentados centroamericanos hacia Estados Unidos, lo que ha traído graves problemas con la autoridad. Además de que otra problemática es la falta de pagos de los apoyos federales a los ex braceros, por lo que se requiere constituir un fideicomiso de apoyo a los mismos, pues los registrados en el programa del gobierno federal asciende a 6 500, pero fácilmente han quedado fuera otros 10 mil.

Así mismo el perredista destacó los avances de la legislación migrante zacatecana, en contraste con las deficiencias y avances de San Luis Potosí en esta materia. Apuntó que ese estado cuenta desde hace tres años con el Instituto Estatal de Migrantes, pero que sus facultades y presupuesto son limitados; al grado de que pese a haber voluntad los recursos públicos sólo le alcanzan para atender las repatriaciones.

Durante este intercambio de experiencias que tuvo como sede el Congreso del Estado de Zacatecas, el Diputado Gerardo Luna explicó los beneficios y la organización del programa 3X1, los proyectos productivos binacionales y la representación migrante en la Legislatura estatal.

Por otra parte Felipe Rodríguez sostuvo una charla con el investigador Rodolfo García Zamora, a fin de exponer la situación que en materia de migración guarda nuestro estado; lamentablemente con un enorme atraso en política pública para el fenómeno migratorio. Por lo que se le planteó al académico la intención de la Comisión de Asuntos Migratorios para emprender acciones legislativas para una política pública partiendo del conocimiento de la academia, ya sea con un planteamiento de Ley ó sensibilizar al Gobierno Estatal sobre la urgencia de una política estatal de migración.

En este sentido García Zamora dijo, es fundamental tomar en cuenta a los principales actores y conocer qué tipo de institucionalidad requieren los migrantes, pues en el caso de programas como el 3x1, se observa una necesidad de reorientar el mismo, a fin de que los trabajadores inviertan en un verdadero desarrollo de sus regiones de origen.

Por lo que el investigador propuso la elaboración de un estudio integral sobre la problemática migratoria en San Luis Potosí, con lo que la Comisión estará en posición de tomar decisiones inteligentes apegadas a la realidad de nuestro Estado.

Con lo que se asumió el compromiso por parte del legislador de una elaboración de propuesta concreta sobre desarrollo regional y migración, a fin de buscar su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo.

Aunque Toranzo se empeñe en protegerlo, Marcelo de los Santos no se irá impune.

31 de marzo del 2010.

Es necesario que el Congreso del Estado llegue hasta el fondo de las enormes irregularidades que se presentan en la Cuenta Pública 2009, a fin de que se inicie un procedimiento para fincar responsabilidades al Ex Gobernador Marcelo de los Santos Fraga y funcionarios de la pasada administración, pues el documento en mención muestra un claro desvío de recursos públicos, disfraza el monto de la deuda pública y ambiguamente habla del crédito de los mil quinientos millones de pesos sin aclarar el destino que se le dio a este recurso.

Así lo expresó el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, pues dijo que a pesar de que la intención del gobierno de Fernando Toranzo Fernández es proteger al ex mandatario, el poder Legislativo debe asegurarse de que no quede en la impunidad este desvío de recursos, pues en la misma Cuenta Pública se reconoce que el destino del crédito que solicitó Marcelo de los Santos meses antes de concluir su administración, fue para financiar el déficit presupuestal que se venía arrastrando en el sexenio.

El Ejecutivo del Estado ha escondido la deuda real que le heredó Marcelo de los Santos, excusándose al decir que no tiene conocimiento de mucha información, sin embargo es evidente que se trata de un pretexto para no ir al fondo del asunto.

En este sentido, el legislador indicó que la Auditoría Superior del Estado tiene todos los elementos para iniciar un procedimiento y fincar responsabilidades, sin embargo el titular de la misma, Héctor Mayorga Delgado, ha sido omiso y por consiguiente cómplice de su anterior jefe.

Es evidente que en esta situación se encuentran muchos intereses de por medio y que hay ciertas piezas colocadas para favorecer al ex mandatario más corrupto que hemos tenido en San Luis Potosí, pues lamentablemente la Comisión de Justicia del Congreso es presidida por el Diputado Alfonso José Castillo Machuca, Ex Secretario General de Gobierno.

Por su parte Rodríguez Leal aseguró se buscarán los mecanismos más adecuados para llegar al fondo y fincar responsabilidades, pues la Cuenta Pública muestra una deuda disfrazada y en algún momento el Secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía dijo eran más de 16 mil millones. Por lo que en breve se llamará a comparecer al funcionario, a fin de que rinda un informe pormenorizado sobre lo que se está pagando de servicio de deuda.