Abril 28, 2010.
Dentro de las comparecencias de funcionarios estatales en el Congreso del Estado para el análisis del Plan Estatal de Desarrollo, el pasado martes asistió a la reunión el Secretario de Educación de
Gobierno del Estado, Juan Antonio Martínez Martínez, quien tras cuestionársele sobre denuncias concretas de un manejo faccioso para la asignación de las plazas, evitó responder argumentando que habría reuniones posteriores para hablar de ese y otros temas. El diputado Felipe Abel Rodríguez Leal cuestionó al titular de la SEGE sobre la utilización de de plazas como cuota política para favorecer intereses corporativos, de lo que de acuerdo a una nota publicada en el periódico La Jornada San Luis el pasado 26 de abril del presente año, se tiene conocimiento de que por lo menos 100 profesores del estado han sido afectados por violaciones al procedimiento de otorgamiento de plazas, porque no ha sido respetado el escalafón. 
En este sentido el perredista preguntó al secretario sobre los mecanismos utilizados para definir la asignación de plazas, y cómo podría acreditar que se cumple plenamente la normatividad para evitar actos de corrupción y asignaciones indebidas.
Así mismo, Rodríguez Leal hizo mención de que en forma recurrente algunos ciudadanos y personal sindicalizado han solicitado información diversa sobre temas como el de la asignación de plazas, programas educativos, aportaciones gubernamentales al fideicomiso 1499 BMN, teniendo que recurrir a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información ante la opacidad de esta secretaría.
Según consta en los archivos de la CEGAIP en total suman 154 amonestaciones privadas y 22 extrañamientos a la SEGE por incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, por lo que se le cuestionó a Juan Antonio Martínez sobre el criterio que rige su secretaría para mantener una opacidad tan evidente, siendo que esta situación evidencia que hay información dentro de esta dependencia que aun estando obligada a difundir se ha negado. En el mismo tenor el ejecutivo estatal se ha negado a proporcionar información sobre las aportaciones gubernamentales al Fideicomiso 1499 del Banco Mercantil del Norte celebrado entre el gobierno del Estado de San Luis Potosí, los trabajadores al servicio de la secretaría de Educación adscritos a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Banco Mercantil del Norte SA.
Por su parte el legislador manifestó, los recursos que ha aportado el Gobierno del Estado por tratarse de dinero de origen público, deben transparentar el destino detallado de las aportaciones gubernamentales que ascienden a 50 millones de peso dirigidas a ese fideicomiso entre 1996 y 2001, así como los intereses generados por esos fondos. Cabe mencionar que durante esta dicha comparecencia estuvieron presentes maestros del Consejo Estatal de Lucha del Magisterio, quienes pacíficamente manifestaron sus inconformidades mediante pancartas y lonas. 
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