Es necesario que el Ayuntamiento de la capital revise el contrato con la empresa Vigue-Red Recolector, pues la situación del tiradero de Peñasco se encuentra en un momento caótico, a punto de colapsar y con un grave riesgo de salud para la población, adremás de que a la fecha fue rechazada la solicitud para el nuevo relleno sanitario, así lo consideró el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, quien además indicó lo más viable sería rescindir el contrato y que el municipio asuma la responsabilidad de prestar el servicio.
El legislador manifestó que como ya se advirtió durante la gestión de Jorge Lozano Armengol en la presidencia de la Capital, la privatización del servicio armada y preparada para favorecer al grupo Vigue-Red Recolector, se encuentra en un estado caótico, ante la perspectiva de que se genere un problema social, económico y de salud. “La determinación de privatizar el servicio implicó la continuidad de irregularidades cometidas por uno de los cabildos más ineficientes en la historia de San Luis Potosí”.
Hizo mención del proceso que se llevó a cabo para preparar la privatización del servicio, siendo que en enero del 2008 fue cerrado por causas artificiales el tiradero de Milpillas, se buscaba crear condiciones para favorecer el proceso y deslindar al municipio de una de sus obligaciones constitucionales. Luego en febrero del mismo año se clausuró Peñasco, se asignó al grupo Vigue la remediación del sitio y la creación de una celda provisional con una duración de 18 meses.
En aquella época se solicitó al Centro de Estudios, Asesoría y Servicios en Sistemas Ambientales (CEASSA) emitir una opinión técnica sobre la forma de operar dicho procedimiento, determinándose en noviembre del 2008 que el proceso de restauración del sitio era inadecuado, emitiéndose acuerdo para solicitar al Congreso del Estado se autorizara la licitación.
El 20 de junio del 2008 se determinó que los servicios públicos de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos serían subrogados, estableciéndose la generación de bases para la convocatoria y solicitarle al Congreso además la autorización para la contratación parcial del servicio.
En diciembre del 2008, el Congreso del Estado autorizó la subrogación del servicio. El último Día de diciembre del mismo año, al encontrarse colapsada la celda provisional que ya había rebasado su vida jurídica por más de 18 meses, sin que el cabildo tuviera conocimiento, la Dirección de Ecología del Ayuntamiento aporbó una celda emergente en el mismo Peñasco, misma que no podría tener mayor duración que el de los tiempos para realizar la subrogación y el inicio de operaciones del nuevo relleno.
El 15 de enero del 2009 se emitió convocatoria de licitación y/o subrogación. Entre el 11 y 13 de febrero del mismo año, la empresa Vigue fue favorecida para hacerse cargo del servicio.
Durante todo ese tiempo fueron hostigados los grupos de carretoneros, pepenadores y camioneteros, así como los integrantes de los sindicatos municipales. En septiembre del 2008 se presentó un dictamen donde se decía que el ayuntamiento no tenía la capacidad de seguir brindando el servicio.
En la actualidad empresas como GEM y Domus tienen demandado al Ayuntamiento y corre el riesgo de que el mismo sea derrotado en los tribunales, pues se dijeron defraudados, engañados, intimados por el cabildo tras su descalificación en el proceso.
El lugar donde se debiera de establecer el nuevo relleno sería ubicado en Milpillas, en un predio de origen ejidal que en ese momento no contaba con el uso de suelo requerido, además de existir inconformidad social de los vecinos del lugar.
El 13 de agosto del 2009 se suspende sesión de cabildo donde se pretendía cambiar el uso de suelo del predio de 41-28.53.942 hectáreas, donde se propone el sitio de disposición. Se dijo que se contenían diversos documentos que pretendían hacerse pasar como dictámenes, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, la Dirección de Ecología y el Instituto Municipal de Planeación.
Se tiene conocimiento de que el Ayuntamiento tiene que estar pagando sumas desproporcionadas por tonelada de residuos sólidos. Por traslado a estación de transferencia $288 pesos por tonelada, $55 pesos por traslado a sitio de disposición final. La sumatoria por año implica millones de pesos, se dice que dicho adeudo pudiera alcanzar en 20 años cerca de mil millones de pesos.
Además de que no existen terrenos para el nuevo tiradero, pues el mismo fue rechazado por la SEGAM por no contar con los requisitos técnicos necesarios.
Por otra parte, los grupos sociales que siguen siendo hostigados por Vigue y/o Red Recolector han iniciado toda una serie de movilizaciones contra la autoridad municipal y la empresa. La ciudadanía se encuentra inconforme.
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