jueves, 7 de octubre de 2010

Avanza el trabajo para dar solución a conflictos agrarios en SLP.

Octubre 7, 2010.

El día de hoy se reunieron en la delegación estatal de la Procuraduría Agraria integrantes de diversas comunidades y ejidos, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, Martha Ortiz de las Oficinas Centrales de la Procuraduría Agraria a nivel nacional; el Encargado del Despacho de la delegación, Francisco Eugenio Luna Rodríguez; y el Subdelegado Jurídico, Raúl Ortega Rodríguez, a fin de establecer diversos acuerdos para dar solución a los principales conflictos agrarios y mineros en San Luis Potosí.

A la reunión concurrieron integrantes de ejidos y comunidades del estado, como de Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, ejido Arroyos, ejido La Pila, La Tinaja, Rincón de Leijas, Salitrillos, Huexco, Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, además de grupos sociales agrarios de los municipios de Villa de Arista, Charcas, Soledad, entre otros, además de los integrantes del movimiento opositor al proyecto minero de la empresa First Majestic que pretende instalarse en la zona sagrada de Wirikuta, en el municipio de Real de Catorce.

Martha Ortiz dijo conocer el expediente de los diez asuntos que fueron turnados a las oficinas centrales, además de que por su parte se ha dado a la tarea de localizar más información al respecto.

Habitantes de la comunidad de Estanzuela, Mexquitic de Carmona, quienes se oponen al proyecto del Libramiento Norponiente, que es impulsado por el grupo Meta propiedad del empresario Vicente Rangel Lozano, manifestaron su inconformidad ante las amenazas y la presión que se ha ejercido sobre los propietarios, no sólo por parte de la empresa, sino también por parte de personal de la Procuraduría Agraria.
En este caso la encargada de las oficinas centrales aseguró que no existe documento jurídico que establezca que estas tierras se encuentran en un procedimiento de expropiación.

En cuanto al municipio de Cerro de San Pedro, se discutió lo relativo a actos de ilegalidad promovidos por el Tribunal Agrario de San Luis Potosí, así como por la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado. Siendo que estas instituciones intentaron imponer mediante una asamblea ejidal a individuos relacionados con la minera San Xavier, como representantes ejidales, por lo que la Procuraduría se comprometió a coadyuvar en el perfeccionamiento de demandas penales que se siguen ante la PGR en la unidad de delitos ambientales.

Por otra parte se informó y denunció que en la Sierra de Catorce, Wirikuta, ranchos, pueblos, los tesoros biológicos y culturales, y sobre todo quienes ahí habitan, actualmente enfrentan un destructivo mega-proyecto minero que se presenta como una falsa promesa de progreso, y que pretende comenzar con los trabajos de explotación a finales de este año.

Al respecto se solicitó una investigación sobre el estado en que se encuentran los ejidos y comunidades afectadas por las concesiones de la empresa minera First Majestic. Esto en el ejido Real de Catorce, que abarca las comunidades de Los Catorce, Las Carretas y Almitos, así como ejido San Juan de Matanzas y ejido de Potrero.

En el caso de la Comunidad de San Juan de Guadalupe se informó sobre la asamblea que se llevó a cabo el próximo 2 de octubre, para efectos de generar la privatización de esta comunidad, y entregarle a Carlos López Medina, y a una docena de empresarios inmobiliarios la Sierra de San Miguelito.

En el caso del ejido Arroyos, se denunciaron despojos por parte del Gobierno del Estado y empresas de la Zona Industrial, así como la situación de abandono y marginación del anexo La Noria.

Por su parte el legislador perredista señaló la gravedad de la injerencia de la institución agraria a favor de los grupos empresariales, principalmente en los casos del Proyecto del Libramiento Norponiente en Mexquitic de Carmona, Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, y la venta de tierras de la Comunidad de San Juan de Guadalupe.
Además Rodríguez Leal dijo que sobre todos estos temas y algunos más del interior del estado, se generaron compromisos para reuniones de trabajo para conciliar con las partes que intervienen en dichos conflictos.

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