Dado el grave deterioro ambiental y la red de corrupción entre funcionarios que MSX ha dejado a su paso, así como la posibilidad de un conflicto ante el Panel de Controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del chantaje de demandas millonarias, el Diputado Felipe Rodríguez Leal planteó de urgente resolución, un Punto de Acuerdo para que se requiera en el Congreso la comparecencia conjunta de los Directores de; Asuntos Jurídicos, SEGAM, Comisión de Seguimiento de Condicionantes de MSX, SEDUVOP, y al Presidente Municipal de Cerro de San Pedro, a fin de que discutir las múltiples irregularidades del proyecto.
Concretamente se llamaría a comparecer a los funcionarios estatales: Lic. Jesús Juárez Portillo; Director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Lic. Manuel Barrera Guillén; Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, Arq. Luis Nava Calvillo; Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, J. Santos Loredo; Presidente Municipal de Cerro de San Pedro.
Rodríguez Leal indicó, es necesario que se den respuestas lógicas y fundamentadas sobre la forma en la que ha venido operando la transnacional, siendo que esta ha violado las garantías constitucionales y los derechos humanos, lo cual no hubiera sido posible sin la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Advirtió, es urgente que el Congreso tome cartas en el asunto, siendo que tras la resolución de la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, que anula la autorización condicionada que la SEMARNAT otorgó a MSX, existe la posibilidad de un conflicto ante el Panel de Controversias del TLCAN, y un chantaje de demandas millonarias.
“Es una posibilidad real, si el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no preparan desde hoy las acciones pertinentes, si el Gobernador del Estado no prevé los escenarios de conflicto, el gobierno será arruinado por una trasnacional que de la corrupción del Estado de Derecho, ha destruido el símbolo imagen y origen de San Luis Potosí”.
Minera San Xavier pretende mantener su funcionamiento derivado de autorizaciones estatales y municipales. La de Uso de Suelo otorgada por Fernando Silva Nieto y la de Funcionamiento y Construcción, obsequiada por la ex munícipe de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo, ambas del año 2000.
Situación considerada como absurdo e inadmisible por el legislador, pues ambas derivaban de un permiso declarado nulo desde octubre del 2005, y que con la nulidad del generado en abril del 2006 es todavía más inadmisible.
“En base a las declaraciones de los comparecientes, que obviamente no podrán justificar la ilegalidad de las actividades de la Minera en Cerro de San Pedro, solicitamos que este Honorable Congreso del Estado, intervenga para que las autoridades correspondientes de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cumplan conforme a Derecho y y que la transnacional suspenda de inmediato su proyecto, a fin de evitar más destrucción y contaminación”
La problemática que el multicitado proyecto ha generado en nuestro Estado, extendiéndose por todo el país y en el extranjero, ha sentado un precedente altamente negativo y escandaloso, debido a las redes de corrupción que esta empresa ha tejido entre funcionarios públicos de los tres poderes y niveles de gobierno. Lo que ha quedado cínicamente al descubierto, con una impunidad asombrosa por parte de las diversas autoridades., como única forma de sacar adelante el ilegal y criminal proyecto minero.
Un litigio en el que los tribunales superiores de la nación llevan más de 10 años, mientras que la multicitada empresa minera ya destruyó el Cerro de San Pedro; emblema del Escudo de Armas de la Ciudad y del Estado de San Luis Potosí, y amenaza con destruir el histórico poblado que dio origen a la fundación de esta metrópoli, considerado por ley, zona de patrimonio histórico.
Por lo que además, resultan totalmente incongruentes los discursos de la búsqueda de una declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad para la ciudad capital, cuando nuestro escudo en la vía de los hechos, es destruido, despedazado y vulnerado.
Finalmente el Diputado perredista reafirmó, es necesaria la intervención del Congreso, ya que no es posible reeditar el discurso gubernamental de que el asunto es de exclusivo ámbito de tribunales federales, o de que son determinaciones de administraciones pasadas.
Concretamente se llamaría a comparecer a los funcionarios estatales: Lic. Jesús Juárez Portillo; Director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Lic. Manuel Barrera Guillén; Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, Arq. Luis Nava Calvillo; Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, J. Santos Loredo; Presidente Municipal de Cerro de San Pedro.
Rodríguez Leal indicó, es necesario que se den respuestas lógicas y fundamentadas sobre la forma en la que ha venido operando la transnacional, siendo que esta ha violado las garantías constitucionales y los derechos humanos, lo cual no hubiera sido posible sin la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Advirtió, es urgente que el Congreso tome cartas en el asunto, siendo que tras la resolución de la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, que anula la autorización condicionada que la SEMARNAT otorgó a MSX, existe la posibilidad de un conflicto ante el Panel de Controversias del TLCAN, y un chantaje de demandas millonarias.
“Es una posibilidad real, si el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no preparan desde hoy las acciones pertinentes, si el Gobernador del Estado no prevé los escenarios de conflicto, el gobierno será arruinado por una trasnacional que de la corrupción del Estado de Derecho, ha destruido el símbolo imagen y origen de San Luis Potosí”.
Minera San Xavier pretende mantener su funcionamiento derivado de autorizaciones estatales y municipales. La de Uso de Suelo otorgada por Fernando Silva Nieto y la de Funcionamiento y Construcción, obsequiada por la ex munícipe de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo, ambas del año 2000.
Situación considerada como absurdo e inadmisible por el legislador, pues ambas derivaban de un permiso declarado nulo desde octubre del 2005, y que con la nulidad del generado en abril del 2006 es todavía más inadmisible.
“En base a las declaraciones de los comparecientes, que obviamente no podrán justificar la ilegalidad de las actividades de la Minera en Cerro de San Pedro, solicitamos que este Honorable Congreso del Estado, intervenga para que las autoridades correspondientes de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cumplan conforme a Derecho y y que la transnacional suspenda de inmediato su proyecto, a fin de evitar más destrucción y contaminación”
La problemática que el multicitado proyecto ha generado en nuestro Estado, extendiéndose por todo el país y en el extranjero, ha sentado un precedente altamente negativo y escandaloso, debido a las redes de corrupción que esta empresa ha tejido entre funcionarios públicos de los tres poderes y niveles de gobierno. Lo que ha quedado cínicamente al descubierto, con una impunidad asombrosa por parte de las diversas autoridades., como única forma de sacar adelante el ilegal y criminal proyecto minero.
Un litigio en el que los tribunales superiores de la nación llevan más de 10 años, mientras que la multicitada empresa minera ya destruyó el Cerro de San Pedro; emblema del Escudo de Armas de la Ciudad y del Estado de San Luis Potosí, y amenaza con destruir el histórico poblado que dio origen a la fundación de esta metrópoli, considerado por ley, zona de patrimonio histórico.
Por lo que además, resultan totalmente incongruentes los discursos de la búsqueda de una declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad para la ciudad capital, cuando nuestro escudo en la vía de los hechos, es destruido, despedazado y vulnerado.
Finalmente el Diputado perredista reafirmó, es necesaria la intervención del Congreso, ya que no es posible reeditar el discurso gubernamental de que el asunto es de exclusivo ámbito de tribunales federales, o de que son determinaciones de administraciones pasadas.
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