lunes, 2 de noviembre de 2009

El presupuesto 2010 se debe ejercer de manera transparente, clara y en beneficio de los ciudadanos de los municipios y de sus regiones.

En el interés de la fracción del PRD en la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión y la representación en el Congreso del Estado con el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, entre las tres partes organizan el Foro hacia el Presupuesto 2010; La necesidad de la equidad en la distribución en el gasto público.

Por su parte Rodríguez Leal señaló, debido a que el tema de temas es la disputa del presupuesto y de la reforma fiscal, considera importante que en San Luis Potosí se comience de una vez la discusión rumbo a la definición del presupuesto 2010 estatal, con una línea fundamental; que este foro sea el primero de una serie de eventos en los cuales poder confluir diversos sectores.

“Discutir de manera muy seria y profesional con académicos, políticos, especialistas en el tema, cómo pudiéramos reorientar y armar el presupuesto 2010 en San Luis y aportar de nuestra parte para que se convirtiera en un presupuesto con un corte social en primer término”. A lo que agregó, debe estar orientado principalmente a los tres grandes rubros; educación, vivienda, salud, y también una parte apoyar la actividad productiva, aunque bajo reglas que le den seguridad tanto a los empresarios como a la población, de que se están haciendo las cosas bien.

Indicó, el objetivo principal de este foro, es analizar a fondo la propuesta de cambiar el esquema de repartición de los fondos de aportaciones que van a los estados y municipios, siendo que actualmente el 80 % es manejado por el gobernador y 20% los municipios.

“Pensamos es necesario que los foros lleven a una reforma legislativa que nos permita cambiar por mas fondos manejados por los ayuntamientos y las regiones y menos por el gobernador”, agregó.

Aseguró, es necesaria una reforma no solamente en los términos de asignación sino también en los controles, a fin de crear candados que permitan evitar excesos y abusos en el uso del recurso público, por lo que el Congreso tendría que implementar mejores controles, como mejorar la Auditoría Superior del Estado, ya que quien audita y vigila debe estar a la altura de lo que requieren los ayuntamientos, lo que también implicaría mayor vigilancia y mayor sanción a aquéllos munícipes que transgredieran el manejo de los fondos públicos.

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