Diciembre 2, 2010.
En respuesta al cobro ilícito de derecho de piso que pretende hacer el Ayuntamiento del municipio de Mexquitic de Carmona, a pobladores del Núcleo Agrario de Guadalupe Victoria y Anexo de la Cruz, los mismos interpusieron un amparo, por el cual el Juez 6º Federal ordenó que se suspenda cualquier acto contra el ejido, para efecto de que no sea despojado de tierras ejidales por un total de cien hectáreas, ni para que se cambie el uso de suelo de dicha superficie.
De acuerdo a la versión de los pobladores, durante las fiestas patronales de la iglesia de San Francisco Javier se instala un tianguis en los alrededores, por uso y costumbre el Ayuntamiento cobraba el impuesto, pero todo lo que cobraba era destinado a la realización de obras para el ejido. Sin embargo eso se acabó con la actual administración y ahora el municipio pretende disponer del recurso que se obtenga por el cobro de dicho impuesto, amenazando a los habitantes con el despojo de 100 hectáreas.
En el amparo No. 1259/2010/VI, presentado por la vía de la personalidad sustituta por el ejidatario Gavino Quistiano Hernández, con asesoría de abogados de la Representación Parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, se reclaman los actos de orden de despojo por parte de las autoridades, así como el cambio de uso de suelo, lo que conllevaría convertir la superficie mencionada en una propiedad Municipal, administrada y regulada por el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona.
Los pobladores manifestaron que desde el pasado 6 de noviembre, personal adscrito al gobierno municipal se presentó al ejido informando que en los próximos días se ejecutarían las acciones arriba enunciadas.
Por su parte el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal aseguró que el Ayuntamiento no puede ejercer actos administrativos sobre el núcleo agrario, por lo que no tiene derecho a cobrar el gravamen. Además consideró que ante el disgusto social, es probable que la situación se torne difícil, por lo que indicó que el Congreso del Estado llamará a comparecer al Presidente Municipal, Fermín Estala Jacobo; al Secretario General, Vicente Puerta Saucedo; y a su asesor jurídico, para que den una explicación de porqué pretenden cobrar algo a lo cual no tienen derecho, y además tratar de mediar la problemática.
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