Mayo 5, 2010.
La Presidenta Municipal Victoria Amparo Labastida Aguirre deberá comparecer ante la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, para rendir un informe sobre las múltiples irregularidades que se han presentado en la privatización parcial del servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos no peligrosos, que fuera instrumentada, armada y preparada por la anterior administración para favorecer al grupo Vigue-Red Recolector, y explicar el por qué del incumplimiento de lo establecido en el Decreto 537 que refiere a la autorización para dicha subrogación.
El panorama que actualmente se presenta en materia de disposición de residuos en la capital potosina es desastroso, pues esta se da aún en la celda emergente de Peñasco, sobresaturada desde hace más de 10 meses y que de manera ilegal sigue operando.
Sin relleno sanitario, con un Ayuntamiento sometido a un contrato firmado con fecha 6 de marzo del año 2009, sin una estrategia de sustentabilidad, y con una creciente inconformidad social, el Congreso debe actuar conforme a las atribuciones que el Decreto 537 le faculta y establecer si la subrogación es viable al día de hoy o si lo más conveniente sería rescindir el contrato y que el municipio asuma la responsabilidad constitucional de prestar el servicio.
En este sentido el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal manifestó, es necesario la LIX Legislatura revise con la administración municipal el contrato con la empresa Vigue- Red Recolector, pues la situación de la celda emergente de Peñasco, en la vía de los hechos es un remedo de relleno sanitario, se encuentra en un momento caótico, a punto de colapsar y con un grave riesgo de salud para la población.
Es por ello que el legislador perredista presentará un Punto de Acuerdo para que a través de la Comisión de Ecología, Victoria Labastida presente un informe pormenorizado sobre el estado en que se encuentra la implementación del proyecto ejecutivo para la clausura del relleno sanitario de Santa Rita, el tiradero de Peñasco y el estado que guarda su celda provisional y emergente.
Además de que explique las razones técnicas y jurídicas por las que no se ha cerrado la celda emergente, no obstante que en el contrato se establece claramente que la misma debió ser clausurada tres meses después de firmado el mismo. Y revele por qué el predio adquirido por la empresa Vigue-Red Recolector en el Ejido Santa Rita no ha obtenido el uso de suelo correspondiente.
Así mismo Labastida Aguirre deberá explicar por qué no se ha remitido el contrato realizado entre el Ayuntamiento y la empresa Vigue-Red Recolector, debidamente aprobado por el Cabildo, acreditándolo con el acta correspondiente y acompañándolo con todos sus anexos de conformidad con el articulo 6 del Decreto 537 que así lo mandata.
Por otra parte Rodríguez Leal recordó que el Decreto 537 estableció en su articulo 5 la obligación de hacer uso de todas sus facultades y medios a su alcance para preservar las garantías y derechos laborales de los empleados y servidores públicos que pudieran verse afectados por la concesión parcial del servicio, esto vinculado a los trabajadores del departamento de aseo publico y de la misma forma se mandata instrumentar los mecanismos a su alcance, para no obstaculizar el trabajo de los integrantes de organizaciones de carretoneros, camioneteros, pepenadores y demás personas que hacían de la recolección informal de la basura, su fuente de empleo.
Sin embargo los integrantes de los sindicatos municipales y de los grupos arriba mencionados, han sido presionados, engañados y hostigados, al grado de que a los recolectores de puerta en puerta cada vez se les ha invadido más sus rutas y se les ha obstaculizado incluso para la pepena, reduciendo sus ingresos hasta cuarenta pesos diarios.
Es por ello que se solicita a la Presidenta Municipal, proporcione la relación de trabajadores que han pactado su retiro voluntario, el número de expediente tramitado ante la instancia laboral correspondiente, estableciendo con claridad el monto del pago indemnizatorio, además de la relación de los empleados que se han incorporado a la empresa Vigue- Red Recolector.
Así como un informe de la condición laboral de los trabajadores del servicio de limpia que decidieron mantenerse en la planta laboral del Ayuntamiento, y de cómo se ha respetado la fuente de trabajo de las organizaciones de los denominados camioneteros, carretoneros, pepenadores y similares.
Y se proporcionen datos precisos y soportes documentales sobre el destino de los 23 millones de pesos que en forma de garantía fueron depositados por la empresa concesionaria para efecto de garantizar el pago indemnizatorio a trabajadores de limpia que decidieron acogerse a un retiro voluntario.
El diputado manifestó también tener conocimiento de que la empresa concesionaria manipula la información del tonelaje de su recolección, por lo que Labastida Aguirre deberá informar sobre los pagos realizados a Vigue por el Ayuntamiento, que en esta situación se percibe como complice y negligente al no prever un sistema de control y vigilancia que verifique la veracidad del tonelaje.
Así mismo, tras la determinación de rescindir el contrato tomada por la Comisión Permanente de Ecología del Ayuntamiento, dicho Dictamen de fecha 28 de Abril del 2010, deberá ser remitido al Congreso del Estado.
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