Mayo 06, 2010.
Se tiene conocimiento de que en la actualidad, más de 2 millones de trabajadores en el país están subcontratados bajo la modalidad de outsourcing. En el territorio nacional hay más de 5 mil empresas, de las que gran parte sirven para evadir el pago a los trabajadores, prestaciones, reparto de utilidades, así como omitir la seguridad social y fondos de vivienda. Además de que no pagan impuestos federales ni locales y demás obligaciones fiscales.
En este tenor el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal consideró, esta modalidad de contratación violenta la estabilidad laboral y la seguridad de quienes por necesidad se someten a esta forma de relación laboral, con empresas que han hecho del outsourcing un modelo de acumulación de riqueza y plusvalía.
Así mismo hizo referencia de una denuncia publicada en un diario de circulación nacional, en donde se dan a conocer los intereses que guardan Marcelo de los Santos Fraga, Ernesto Zedillo Ponce de León y Santiago Creel Miranda en relación con la empresa Álvarez Puga y Asociados, quienes a través de prestanombres asesoran a diversas empresas outsourcing y utilizan sus influencias como funcionarios o ex funcionarios, a fin de obtener todo tipo de ventajas y beneficios de proporciones económicas insospechadas al evadir obligaciones fiscales, administrativas y laborales.
“De acreditarse dicha denuncia en el sentido de que la empresa Alvarez Puga y Asociados está violando flagrantemente la ley, y que esto a su vez se relaciona con alguna empresa local, nos llevaría a suponer que estamos ante una defraudación que afecta de manera estructural la economía del Estado potosino y vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores directamente involucrados, más aún si se comprueba la participación del Ex Gobernador Marcelo de los Santos”, advirtió el legislador.
Ante esta situación y tras el anuncio que en días pasados diera el Oficial Mayor, José Francisco Carrera Martell, sobre el contrato firmado por el Gobierno del Estado con una empresa outsorcing, resulta el obligado involucramiento del Congreso del Estado, a fin de solicitar a las diversas instancias del Ejecutivo se abstengan de hacer uso de este modelo de contratación, que constituye un instrumento para la desviación de recursos públicos.
Por lo que Rodríguez Leal presentará un Punto de Acuerdo para que el Poder Legislativo solicite al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Miguel Cardoza Mora, vigile e inspeccione a las empresas privadas de jurisdicción estatal, así como que se acuerde la comparecencia del mismo, a fin de que rinda un informe pormenorizado respecto a esta modalidad de subcontratación por intermediarios o terciarizada en la que tenga o hubiese tenido injerencia el Gobierno.
Además de que se exhorte al Oficial Mayor del Gobierno del Estado, para que por su conducto las demás dependencias del Ejecutivo, se abstengan de hacer uso de esta modalidad de contratación, ya que vulnera los derechos de los trabajadores. Y el funcionario rinda un informe pormenorizado en donde se enuncie todos y cada uno de los ciudadanos contratados bajo la modalidad de subcontrato por intermediarios o terciarizada, y que presten un servicio a las instituciones públicas a su cargo.
Así mismo se solicite al Gobernador Fernando Toranzo Fernández y sus subordinados, que bajo ninguna circunstancia se generen apoyos económicos, financiamientos y programas a empresas que utilicen el modelo de contratación terciarizada y que en su lugar se generen las instrucciones para que la fuerza laboral sea etiquetada en los documentos, contratos y convenios de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Por otra parte, el Punto de Acuerdo en mención señala también, se acuerde la comparecencia del Secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, a través de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, a efecto de que informe cuántos contratos, convenios de colaboración o formas de financiamiento y apoyo económico ha generado el Ejecutivo a favor de empresas privadas desde el año 2003 a la fecha, donde se haya justificado el mismo respecto a la creación de fuentes de empleo.
Finalmente el legislador perredista consideró como inconstitucional la disonancia social que origina este tipo de subcontratación, pues permite que existan trabajadores de primera y de segunda clase; pues las prestaciones de los trabajadores contratados por esta modalidad son por lo común muy inferiores a las de los trabajadores sindicalizados, ya que en eso consiste el “ahorro” para las empresas.
“La diferenciación entre trabajadores que implica la contratación por outsourcing atenta contra el principio consagrado en el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo que señala que no se harán distinciones por ninguna circunstancia entre los trabajadores”, puntualizó.
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