Mayo 10, 2010.
“Debe precisarse que la reestructura solicitada por el Ayuntamiento capitalino tiene su verdadero origen en una grave omisión presupuestal, de manera totalmente ilegal y no en una intención de liberar 100 millones de pesos para obra social, como se ha estado argumentando”, aseguró el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal.
En este sentido manifestó; lo que realmente está sucediendo es que no se incluyó el pago de esa deuda en el Presupuesto de Egresos 2010, y ahora enfrentan el problema de carencia de recursos para pagarla. Por lo que tendrían que modificar el presupuesto y tomar los recursos de otras partidas y programas para poder pagar ese crédito.
Rodríguez Leal expresó que todavía es más grave el que se hayan violado preceptos legales, de las leyes de Deuda Pública y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, pues ambas obligan a que los pagos de deuda pública queden consignados y autorizados en el respectivo presupuesto anual.
Lo que no se ha dicho, es que los intereses aumentan 110 %, pues el pago de éstos se ampliaría con 67 millones, y en lugar de pagar 57 millones que actualmente corresponden al adeudo de 190 mdp, se terminaría pagando poco menos de 121 millones por este concepto.
“El Congreso no es lavadero de nadie, el Ayuntamiento omitió intencionalmente circunscribir el pago al presupuesto, pues no es opcional incluir o excluir el pago de deuda pública en el Presupuesto Anual, esta acción está obligada por Ley cuando el calendario de los compromisos de pago así lo exijan”.
El perredista explicó que una vez considerado el pago del capital de 190 millones, el pago total aumentaría de 247 a 311 millones de pesos, derivado de un enorme error de planificación financiera y de violaciones graves al marco legal aplicable en materia presupuestal y de deuda pública.
Por lo que finalmente el legislador indicó que se llevará a cabo una labor de difusión a través de los medios de comunicación, así como un consenso con los demás integrantes de la LIX Legislatura, para que la pretendida reestructuración no pase en las comisiones de Hacienda, 1ª y 2ª de Hacienda y Desarrollo Municipal y Desarrollo Territorial Sustentable, o rechazarla en el Pleno.
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