La privatización de la basura en SLP; la peor herencia de Jorge Lozano.

Mayo 19, 2010.

Titubeantes, desencajados y preocupados, funcionarios del Ayuntamiento de la Capital estuvieron el día de ayer en una reunión con la Comisión ampliada de Ecología del Congreso del Estado, encabezada por la Diputada Yvette Salazar Torres, además de Jaime Yañez Peredo, María Patricia Álvarez Escobedo, José Luis Martínez Meléndez, Tito Rodríguez Ramírez y Oscar Bautista Villegas, quienes se dieron cita en la Sala de Previas del Pleno, en relación al Punto de Acuerdo presentado por el legislador perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, presentado ante el Pleno el pasado 6 de mayo.

A dicha reunión asistieron la Presidenta Municipal, Victoria Labastida Aguirre, el Secretario General, Emigdio Ilizaliturri Guzmán, el Tesorero, Agustín Soberón Álvarez, el Síndico, Luis Miguel Meade Rodríguez, la Directora de Ecología e Imagen Urbana, Mayra Denisse Govea Tello, el Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, Manuel Barrera Guillén, así como los regidores Sara Catalina Ramos Reyna, Ramón Oyarbide Escalante y media docena más de funcionarios de diferentes niveles.

De entrada, la Alcaldesa manifestó que ella nunca estuvo de acuerdo con la privatización del servicio cuando fue diputada, e inclusive votó en contra, pero que ahora debe asumir la responsabilidad de la institución municipal que representa, por lo que dejó ver su firme postura de no rescindir el contrato, argumentando que se deben de analizar todos los escenarios legales antes de correr el riesgo de un daño patrimonial.

Señaló que se están pagando 60 millones de pesos por año y que esto sería por los 15 años de la concesión, y que es una situación muy complicada. Por su parte el Síndico Municipal, en una larga exposición intentó justificar la incapacidad jurídica y económica para rescindir o nulificar el contrato con la empresa Red Recolector y /o Vigue.

En un documento pretendió desglosar el contrato firmado el 6 de marzo del 2009. Realizó una serie de definiciones de conceptos y compromisos insertos en el mismo, y a su vez definió lo relativo a la celda emergente que al día de hoy se sigue utilizando, en cuanto o a su operación y posible clausura, de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003, expresando que el inicio de operación del nuevo sitio de disposición final de residuos, se dará hasta en tanto quede clausurada la anterior. Sin embargo sabemos que en la actualidad no hay terreno para el sitio.

En forma poco veraz Meade Rodríguez comentó, que por existir de acuerdo al punto 2.4 de las bases del concurso de la licitación, los trabajos de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos, sólo podía ser exigible hasta que se firmara el punto referido, que es concerniente a los compromisos laborales de los trabajadores del servicio de limpia que llegasen a un acuerdo de indemnización y /o contratación con la empresa que obtuvo la concesión.

Es decir, de acuerdo a esta interpretación, Red Recolector y/o Vigue, pueden seguir arrojando los residuos en la celda emergente que al día de hoy se encuentra totalmente colapsada.

Durante la exposición del síndico se hizo referencia a un documento elaborado por un despacho particular denominado Loperena, Lerch y Martín del Campo, en donde se analizan el concepto del caso fortuito y la fuerza mayor como eventos que escapan a la voluntad del Ayuntamiento y de la concesionaria para cumplir el contrato, de la misma forma lo relativo a fianzas, los riesgos que le implicarían al municipio concluir anticipadamente la concesión.

Por su parte el Diputado Jaime Yañez manifestó su preocupación por el problema que vive hoy la capital de nuestro Estado, estableciendo que el síndico municipal había expuesto cuestiones sobre cómo la empresa Red Recolctor y /o Vigue pudiera defenderse de la posible demanda, pero que en ningún momento comentó de qué forma se debieran de proteger los intereses del Municipio, en función de las irregularidades generadas por la empresa concesionaria.

Así mismo el legislador perredista Felipe Rodríguez Leal, cuestionó muchos de los señalamientos realizados por los funcionarios municipales, como es el hecho de que en forma indudable se contaba con 180 días después de la firma del contrato para el inicio de operaciones del nuevo relleno sanitario, lo que desde luego ya había concluido como plazo. Además de que SEGAM había rechazado la autorización para el terreno del nuevo relleno sanitario por diversas cuestiones sólo imputables a la empresa, por lo que los trámites fracasaron.

Por otra parte recalcó que el Ayuntamiento jamás había realizado sesión de cabildo para aprobar el contrato, y que era falso que bastara la autorización en lo general para su firma, pues las cláusulas y la totalidad del documento deberían haber sido aprobadas por el cabildo entonces en funciones.

Ante el cuestionamiento del diputado hacia el Secretario de Ecología, sobre si la celda emergente provoca un problema de salud a los potosinos, dadas las condiciones de sobresaturación en las que se encuentra, Barrera Guillén evadió responder. Sin embargo, manifestó que en San Luis Potosí no hay un relleno sanitario, sino que por el estado en que se encuentra la celda emergente de Peñasco, “el lugar es un tiradero a cielo abierto”. Por lo que informó, ha sido instaurado un procedimiento para sancionar tanto a Vigue como al Ayuntamiento.

Así mismo el funcionario estatal señaló, no existe en este momento ningún trámite para volver a intentar la autorización de un terreno para el sitio de disposición final ante la instancia que representa, además de que no se subsanó absolutamente nada en tiempo y forma. “La empresa no ha presentado la documentación y no sabemos si presentarán otra propuesta de terreno. No hay a la fecha trámite sobre la viabilidad”.

Por su parte Rodríguez Leal concluyó exigiendo la entrega de la información requerida en el Punto de Acuerdo que dio origen a esta mesa de trabajo, pues no obstante de que en algunos casos son acciones que se generaron en la anterior administración municipal, las consecuencias se viven el día de hoy. Además de que reiteró su postura, en el sentido de que si existen condiciones para rescindir el contrato.

Por lo que además solicitó conocer las supervisiones que la administración municipal ha hecho, tanto a la empresa Vigue y/o Red Recolector como a los carretoneros, camioneteros y pepenadores que realizan la colecta de casa en casa, de acuerdo al dicho del Secretario General en la misma reunión. Así mismo se informe sobre el cumplimiento del Decreto 537, en torno a diversos aspectos, entre estos, el respeto a las rutas que se habían asignado para los recolectores informales.