Junio 22, 2011.
El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal presentará en la próxima sesión ordinaria, un Punto de Acuerdo para solicitar que el Congreso del Estado requiera a diversas autoridades, se otorguen las garantías para el cabal desempeño de las y los defensores de los Derechos Humanos, y específicamente para que se esclarezca la agresión en contra el vocero Leonardo Vásquez, y se finquen responsabilidades.
En días pasados algunos medios locales y nacionales dieron a conocer que en la madrugada del viernes 17 de junio del presente año, el vocero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue agredido físicamente, golpeado y vejado por elementos presuntamente de la Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento.
Los graves hechos fueron confirmados por el Director de Gestión y Quejas de la propia Comisión, Pablo Loredo Oyarvide, quien detalló que los acontecimientos ocurrieron en el Anillo Periférico cerca de la Avenida Juárez, en donde los elementos policíacos detuvieron sin motivo alguno a Leonardo y a su acompañante, para aplicarles una falta administrativa.
En este tenor el legislador perredista hizo mención de que recientemente el vocero, como parte de sus labores en la Comisión, había denunciado que el mayor número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos eran contra elementos policíacos de San Luis Potosí.
Por lo que indicó que el número de asesinatos de defensoras y defensores en la región, demuestra que los Estados deben tomar una denuncia de amenaza contra un defensor de manera seria y actuar en forma inmediata y eficaz, ya que en muchos casos de asesinatos de defensores, fueron precedidos por amenazas que en su momento se denunciaron pública y legalmente ante los medios de comunicación y las autoridades, denuncias que fueron ignoradas.
Rodríguez Leal afirmó que los Estados deben asegurar que sus autoridades o subalternos, no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas, como es el caso de las defensoras y defensores de Derechos Humanos.
“Ninguna autoridad, mucho menos policíaca debe inhibir mediante amenazas, hostigamiento y agresiones físicas las actividades de personas vinculadas con la promoción y defensa de los Derechos Humanos”.
En el instrumento legislativo propuesto por la Representación del PRD se solicita al Gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, que realice en el ámbito de sus atribuciones y a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las investigaciones necesarias de los presuntos delitos cometidos en contra del vocero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Leonardo Vázquez, y se finquen las responsabilidades correspondientes.
En este tenor el legislador perredista hizo mención de que recientemente el vocero, como parte de sus labores en la Comisión, había denunciado que el mayor número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos eran contra elementos policíacos de San Luis Potosí.
Por lo que indicó que el número de asesinatos de defensoras y defensores en la región, demuestra que los Estados deben tomar una denuncia de amenaza contra un defensor de manera seria y actuar en forma inmediata y eficaz, ya que en muchos casos de asesinatos de defensores, fueron precedidos por amenazas que en su momento se denunciaron pública y legalmente ante los medios de comunicación y las autoridades, denuncias que fueron ignoradas.
Rodríguez Leal afirmó que los Estados deben asegurar que sus autoridades o subalternos, no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas, como es el caso de las defensoras y defensores de Derechos Humanos.
“Ninguna autoridad, mucho menos policíaca debe inhibir mediante amenazas, hostigamiento y agresiones físicas las actividades de personas vinculadas con la promoción y defensa de los Derechos Humanos”.
En el instrumento legislativo propuesto por la Representación del PRD se solicita al Gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, que realice en el ámbito de sus atribuciones y a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las investigaciones necesarias de los presuntos delitos cometidos en contra del vocero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Leonardo Vázquez, y se finquen las responsabilidades correspondientes.
Asimismo se requiere a la Presidenta Municipal, Victoria Labastida Aguirre, presente un informe detallado sobre las agresiones cometidas por personal de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en contra del vocero, y que detalle los datos de los agresores y dé a conocer de qué manera serán sancionados ellos y sus superiores jerárquicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario