viernes, 30 de marzo de 2012

Ley Federal de Justicia para Adolescentes criminaliza a la juventud: FARL

Marzo 29, 2012.

Respecto a la aprobación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que impone un nuevo sistema de prisión, prohibiciones y sanciones para jóvenes que cometan delitos federales, el Diputado local Felipe Abel Rodríguez Leal expresó que esta es una muestra más de que el sistema penal transita hacia un modelo puramente represivo que privilegia la sanción punitiva y no la prevención, y que gravemente criminaliza a la juventud.

El ordenamiento aprobado sustituye el sistema de consejos tutelares para menores e impone que la edad para que se les impute la comisión de un delito es a partir de los 14 años y no a partir de los 18, como hasta ahora.

“Esta reforma considera que son imputables las personas a partir de los 14 años, sin embargo hay una contradicción, se les trata como adultos penalmente pero no se les reconocen derechos civiles y políticos, eso implica un tratamiento desigual y evidencia un sistema autoritario en contra de las personas más vulnerables, las y los jóvenes”, manifestó el legislador.

El perredista indicó que en todo caso debería promoverse fundamentalmente la prevención, la educación, el esparcimiento, el deporte y la cultura, pues en todos los casos, los responsables penales son adultos y las propias autoridades que han sido incapaces de generar espacios que alejen a los jóvenes de la delincuencia organizada.

El catálogo de delitos que sanciona la ley son: terrorismo, contra la salud, ataques a las vías generales de comunicación, violación, asalto en carreteras o caminos, lesiones, homicidio, secuestro, robo calificado; así como uso, acopio, portación e introducción de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, y robo de hidrocarburos.

Las limitaciones son las siguientes: residir en lugares donde la convivencia social sea perjudicial, y privilegiar en este caso los domicilios de familiares para vivir; “relacionarse con determinadas personas”, que serán designadas por el juez, y finalmente, prohibir la conducción de vehículos automotores, así como negarles la licencia de conducir o cancelarla.

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