El Ejecutivo Estatal ya comienza a dar muestras de ineficiencia para tratar los conflictos laborales.
En solidaridad con los miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), que víctimas de un acto de absoluta represión, fueron desalojados por la fuerza pública la madrugada del lunes de Plaza de Armas y de la casa de gobierno, lugares en los que se manifestaban, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal solicitará a las diversas dependencias que intervinieron, un informe sobre los términos y condiciones jurídicas en que se realizó el inconstitucional operativo.
Desde el 24 de noviembre del 2009, en ejercicio de sus garantías constitucionales los integrantes del sindicato realizaron dos plantones, con el objetivo de que el Ejecutivo del Estado cumpliera la demanda pública laboral de reinstalación de seis trabajadores despedidos injustamente, situación con la que se incumplió con los acuerdos firmados expresamente por el anterior representante del Ejecutivo.
Sin embargo, el pasado 4 de enero aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, se ordenó a las fuerzas de seguridad pública el desalojo del plantón. Más de 200 agentes de seguridad pública llevaron a dicha acción anticonstitucional. En casa de gobierno 60 uniformados y 30 civiles comandados por un Ministerio Público que se identificó con el nombre de Oscar Lugo, quien bajo amenazas procedió el operativo, pretextando presuntas violaciones a Bando de Policía y Buen Gobierno vigente en el municipio de San Luis Potosí.
Así mismo a Plaza de Armas acudieron 60 uniformados y 20 civiles comandados por el comisario de Seguridad pública Ricardo González Fernández. Siendo que en ambos casos, sin existir resistencia por parte de los trabajadores y trabajadoras presentes se procedió al desalojo por la fuerza, además de que confiscaron pertenencias como, plantas de luz, sillas, mesas, bocinas y demás equipo.
Rodríguez Leal explicó, los términos y condiciones jurídicas en que se desarrolló el operativo resultan muy extrañas, siendo que quienes acudieron fueron elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, acompañados por elementos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, lo que es totalmente irregular si se sustenta en la aplicación del Bando, que es de jurisdicción enteramente municipal.
En este sentido consideró, es importante que se aclare a quién ordenó dicho operativo, pues si éste fue requerido por el Ayuntamiento Capitalino, solicitando el auxilio de las corporaciones estatales, deberá existir un oficio fundado y motivado; de no ser el caso, existirá responsabilidad penal y administrativa para los involucrados, dado que fue violentada la Garantía Constitucional que consagra el derecho a manifestarse libremente.
Por lo que la fracción parlamentaria del PRD presentó como Punto de Acuerdo ante el Congreso del Estado; se exhorte al Secretario General de Gobierno Lic. José Guadalupe Durón Santillán y al Oficial Mayor de Gobierno del Estado C.P. José Francisco Carrera Martell, a renunciar a la utilización de la fuerza pública para disolver cualquier manifestación legal y pacífica.
Así mismo, tratar los conflictos laborales en un ambiente de diálogo respetuoso de los derechos laborales y ciudadanos, a abstenerse del uso de instrumentos y procedimientos represivos en contra de quienes ejercen derechos consagrados en la Constitución General de la República, la Particular del Estado y en las leyes laborales vigentes.
Y solicitar un informe pormenorizado de los actos y hechos que motivaron el desalojo, a la Presidenta Municipal Victoria Amparo Labastida Aguirre, al Procurador del Estado Licenciado Cándido Ochoa Rojas, y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Licenciado Enrique Francisco Galindo Ceballos. Así como demandar a la autoridad responsable entregar las pertenencias confiscadas en la acción.
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