Mayo 5, 2011.
La iniciativa del Gobernador Fernando Toranzo Fernández, para que los ex mandatarios y sus familias, cuenten con la protección de los cuerpos de seguridad hasta 6 años después de concluido su mandato, fue considerada como “un abuso para el erario”, por el Diputado local Felipe Abel Rodríguez Leal.
En el mismo tenor puntualizó que en materia de seguridad pública, lo que se requiere es que los elementos de vigilancia estén abocados a la ciudadanía. Dijo que si el Gobernador piensa hacer una lucha a fondo contra el crimen organizado, y que eso pudiera dejarle en alguna situación de vulnerabilidad al terminar su administración, lo que debiera hacer es contratar servicios privados de seguridad, dado que cualquier funcionario de alto nivel tendría los recursos suficientes para pagar por este servicio.
El perredista manifestó que la propuesta es incorrecta, pues evidencia una errónea concepción del servicio público, pues se piensa que por haber logrado llegar a un cargo de elección popular se está en una situación de privilegio. “Lo que debiéramos privilegiar es la situación de los ciudadanos para tomar medidas que posibiliten y aseguren que los potosinos tengan cada vez mayor y mejor seguridad pública, y no al contrario, que los que tengamos mayores posibilidades de seguridad seamos los funcionarios públicos”.
Enfatizó en que lo que les da su salario es suficiente para contratar seguridad privada, por lo que si cualquiera de los funcionarios después de dejar el cargo lo requiere, podrá pagarlo de su propio bolsillo, salvo situaciones especiales y particulares. En este sentido señaló que ante situaciones en que verdaderos luchadores sociales o ciudadanos han sido afectados por el crimen organizado, nunca se ha tenido el apoyo y la seguridad que debiera brindar el Estado.
“Es una decisión un tanto cuanto patrimonialista, puedo usar el poder para beneficio mío o de mi familia, me parece que es una exageración pedir que lo hagan para los familiares. Yo creo que no es correcta la medida, es contraproducente, innecesaria, desangra las finanzas públicas, moral y éticamente no está justificado ante los ciudadanos”, concluyó
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