Julio 16, 2010.
Sobre la solicitud de arraigo para el Ex Gobernador Marcelo de los Santos Fraga, así como el embargo de 5 empresas y 6 inmuebles, que realizó Gustavo Barrera López, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal consideró que “el Congreso del Estado y la Auditoria Superior, no pueden prestarse a interferir por intereses de particulares y grupos de poder, que son a los que representa este abogado” .
El legislador señaló que si bien es necesario tomar decisiones contra el Ex Gobernador, esto se tiene que hacer sobre lo que señale el Gobierno después de que haya concluido las investigaciones en la cuenta pública 2009, así como sobre lo que señala la Auditoría y el Congreso, pues la autoridad no debe actuar en función de la presión de los grupos de poder.
Indicó que se deben investigar los fines con los que Gustavo Barrera está actuando, pues no cree que lo esté haciendo a título propio, pues señaló que al abogado siempre lo han movido intereses de otra naturaleza, es decir, ligados a grupos de poder.
“Yo particularmente no confío en Gustavo Barrera, y no porque crea que no sea verdad, sino porque para mí es una persona que no tiene a autoridad ni la calidad para decir cosas, después de que ha sido siempre un abogado que está en contubernio con el poder, una abogado que a través del tráfico de influencias y del derecho ha crecido”, expresó, además de que dijo, que se debe esperar a que el demandante presente las pruebas que sustenten lo que está diciendo.
Por otra parte Rodríguez Leal criticó el hecho de que el ex titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Cesáreo Carvajal Guajardo, pretenda presentar su comparecencia sobre la Cuenta Pública 2009 por escrito, dijo que es un muy mal antecedente, pues el ex funcionario tiene la obligación de comparecer ante el Legislativo.
En el mismo tenor manifestó que espera que el tema se discuta y se llegue a la conclusión de que se necesita mantener un ejercicio de apertura y de un espacio de rendición de cuentas de los funcionarios públicos, pues de lo contrario se estaría complicando una de las principales virtudes y obligaciones que tiene el Congreso.
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