19 de febrero del 2010.
El pasado viernes durante Sesión Extraordinaria del Congreso, se aprobaron varias reformas a la Constitución Política del Estado para la regulación salarial de los funcionarios públicos en el 2011, sin embargo, estas reformas son omisas de aspectos importantes, por lo que no existen los mecanismos para que la ley pueda llevarse a la realidad.
En este sentido el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal afirmó, no existe ningún elemento efectivo que asegure no se llevará a cabo un abuso en términos de la asignación de los salarios. “Establece efectivamente, como criterio máximo el sueldo del Gobernador y que aparentemente nadie más puede ganar ese salario, sin embargo no marca ningún criterio sobre la discrecionalidad de Presidentes Municipales y de funcionarios para asignarse salarios, así sean cercanos a los del Ejecutivo”.
Indicó, en lo general la Ley es positiva en cuanto a buscar que los salarios de los servidores públicos tengan un marco de legalidad y una referencia para evitar abusos y excesos, no obstante las comisiones que resolvieron el dictamen, a pesar de haber un acuerdo, no entraron al estudio de la propuesta que el Legislador hiciera en materia de remuneración, la cual se planteó en función de que los salarios fueran tasados a razón de los salarios mínimos vigente.
Entre las irregularidades de dichas reformas, resulta grave encontrar que no se imponen mecanismos para detener la discrecionalidad en las remuneraciones, pues solamente están obligados a presentar los tabuladores, pero no se indica quién va a resolver y castigar en caso de que se abuse.
Por lo que Rodríguez Leal se deslindó de la responsabilidad de “legislar al vapor”, pues no es posible aprobar una ley de esa naturaleza cuando no se ha dado una definición concreta y acordada, con los límites exactos de lo que significa un servidor público en San Luis Potosí, pues se corre el riesgo de cometer tropelías contra cualquiera.
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