domingo, 7 de febrero de 2010

Se prepara un nuevo fraude: nuevo periférico.

5 de febrero del 2010.

El Proyecto del Nuevo Libramiento Norponiente no es más que un negocio privado para el que Gobierno del Estado ha gestionado el apoyo de la Federación, además de que las autoridades han coadyuvado en el operativo de despojo; un sinnúmero de ventas arrancadas con engaños pagando de doce a veinte pesos el metro cuadrado en el municipio de Mexquitic de Carmona.

Así lo señaló el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal, quien además aseguró, empleados del empresario Vicente Rangel Lozano han ingresado en propiedades ejidales y privadas sin presentar ninguna autorización, realizando trabajos con lujo de violencia e incluso con pleno desafío al orden legal, al destruir cercas, brechas en parcelas y posesiones legítimas, apoyados por funcionarios de la Procuraduría Agraria; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Estatal y Federal; por conducto de su Delegado en el Estado, la Junta Estatal de Caminos, e incluso la Presidencia de Mexquitic.

El legislador explicó, ejidatarios y pobladores de localidades como Estanzuela, Agua Señora, Cerrito del Jaral, Cerro de Maravillas, Paso Blanco, Loma Chica, La Loma, entre otras, han planteado el drama social que se vive por la irrupción generada por trabajos técnicos de localización, medición y apertura de brechas de lo que, se les ha dicho, se identifica como nuevo periférico. “Nosotros sabemos no es más que la ampliación de una concesión de una carretera privada propiedad del empresario Vicente Rangel”.

Se amedrenta a los afectados con la afirmación de que es una obra federal, y que es un proyecto validado, decidido, y que a los ejidatarios solamente les toca resignarse a recibir una indemnización.

En relación a estos hechos, Rodríguez Leal presentó ante la Diputación Permanente el pasado jueves, un Punto de Acuerdo para que el Congreso llame a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Octavio Arredondo Mata; al Director de la Junta Estatal de Caminos, Ricardo Fermín Purata Espinoza; el Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, Manuel Barrera Guillén; Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luis Nava Calvillo; y Fermín Estala Jacobo, Presidente Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P.; así como autoridades de la SCT y la Procuraduría Agraria, a efecto de que rindan un informe pormenorizado del proyecto en mención.

Por su parte indicó, el pasado viernes 28 de enero en una reunión informativa con la Junta Estatal de Caminos, los habitantes de Mexquitic fueron solamente recibidos por funcionarios y empleados menores, quienes les comentaron que sólo tenían un croquis en una hoja tamaño carta, y que eso era todo, que todavía no existía ningún proyecto con planos, localizaciones, costos. “El trato cambió desde luego, al darse cuenta que me encontraba entre los presentes; les advertimos que no es posible tratar a los afectados como personas de tercera, que es una burla y una falta de respeto, y que este Congreso tomará las medidas necesarias”.

Señaló, lo grave es que los gobernantes sumisos ante el poder económico, siguen siendo facilitadores. Por lo que exhortó a sus compañeros diputados a poner atención en esta grave problemática, ya que ante la intromisión de un proyecto que no se ha consensado ni se ha preguntado a los ciudadanos afectados de dónde viene ni qué va a pasar, se vislumbra un panorama de violencia.

En este sentido el diputado perredista hizo mención de los acercamientos que ha tenido con los habitantes de las comunidades y el hecho de que ellos tienen una decisión manifiesta de no vender nada, no ha habido ningún momento en que ellos cedan de manera colectiva los derechos para la construcción de la carretera, por lo que se está violentando la ley y los derechos de los ciudadanos.

Así mismo expresó, se trata de una estrategia de las que acostumbra Vicente Rangel, que tiene buenas relaciones en Gobierno del Estado que le amparan comportamientos ilegales en sus desarrollos industriales y comerciales. “Las autoridades deben iniciar un procedimiento que asegure los derechos de los ciudadanos, inclusive el derecho de aceptar que no pasen por sus tierras y tener que plantear el proyecto en otro sentido y en otro lugar”.

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