Enero 28, 2010.
La Representación Parlamentaria del PRD presentó un Punto de Acuerdo en sesión de la Diputación Permanente, en el que se plantea que el Congreso del Estado solicite al Gobernador Fernando Toranzo Fernández; al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Octavio Arredondo Mata; y a los consejos del transporte a nivel estatal y municipal, que se mantengan las tarifas del Servicio de Transporte Público como se encuentran actualmente, a fin de no menoscabar la, ya muy dañada economía popular.
Asimismo la propuesta contempla que en caso de autorizarse un incremento, las autoridades mencionadas deberán intervenir para que el Ejecutivo del Estado otorgue un subsidio equivalente al monto del aumento, además de vigilar que las condiciones en las cuales la empresa responsable proveer del mecanismo llamado “Boletur”, sean las más adecuadas, eficientes, dignas y accesibles para la población, pues actualmente existen innumerables quejas por parte de los usuarios del servicio de prepago.
En este tenor, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal aseguró que el aumento a la tarifa es injustificado, ilegal, inmoral y absurdo, pues en las condiciones actuales de la economía de la mayoría de la población puede conllevar a una situación extrema para el grueso de la población. Además mencionó que el Consejo Estatal del Transporte, no ha atendido parámetros, tales, como el ingreso per cápita media de los ciudadanos de la zona metropolitana, incluyendo Soledad de Graciano Sánchez, por lo que de aprobarse la pretendida alza, por este solo hecho, deviene en inconstitucional.
Por otra parte el legislador dijo que es de considerarse, que el aumento obsequiado por el Estado en febrero del año próximo pasado fue condicionado a mejorar el servicio alcanzando estándares de calidad, cosa que en los hechos no ocurrió. “No hay calidad en el servicio, el trato sigue siendo indigno para los potosinos, con especial énfasis en las personas de la tercera edad y los estudiantes que son los que por su condición acceden al servicio de prepago”.
Subrayó que a su vez, los salarios que reciben los conductores de las unidades son paupérrimos, la mayoría de ellos laboran jornadas alrededor 12 horas, sin descanso, sin seguridad social, sin un esquema laboral mínimamente sustentable, mientras que los dueños de las unidades argumentan que el dinero y las utilidades obtenidas en el año de trabajo se utilizan en la compra de nuevos autobuses, pero cuando uno los aborda se observan goteras, asientos flojos y pasillos sucios. “Prácticamente el pago que se realiza por el servicio sirve sólo para que los tenedores de las concesiones, lucren con el dinero de las familias potosinas”.
El diputado del sol azteca aseveró que el transporte es un servicio público, que se presta a través de una concesión otorgada por el Estado a particulares, por lo que si no satisface las condiciones mínimas técnicas y jurídicas, puede ser revocada. Recalcó que se trata de un servicio público, no un negocio, por lo que consideró que si los concesionarios admiten que no es redituable, debe revocarse su concesión y buscar otros posibles concesionarios que se hagan cargo de manera efectiva de proveer dicho bien público a la ciudadanía. “Es urgente que las autoridades Ejecutivas revisen las condiciones en las que se presta el servicio”.
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