Enero 17, 2010.
La Representación Parlamentaria del PRD presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado solicita al Gobernador Fernando Toranzo Fernández, indique a la titular del Instituto de las Mujeres, Teresa de Jesús Mendoza Rivera, que informe de manera puntual y detallada, por escrito y en comparecencia pública, las razones por las cuales emitió un voto para declarar improcedente la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, pese a la evidencia estadística, documental, y académica presentada por diversas organizaciones.
El Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal consideró que la postura asumida por la funcionaria, evidencia un menosprecio total y absoluto por los Derechos de las Mujeres, es contrario a la finalidad del Instituto que dirige, y obedece más bien a mezquinos intereses partidistas, protegiendo al Gobernador Enrique Peña Nieto.
La importancia de que se emitiera esa Alerta del Sistema Nacional, radica en que el Estado de México se ubica como la entidad con mayor número de feminicidios cometidos, con 526, muy por encima de Chihuahua con 446.
En este sentido, el legislador expresó que la actuación de la titular del IMES deja muy mal parado a San Luis Potosí, pues existe una total incongruencia respecto de los derechos que dice representar y defender, y sus verdaderos intereses políticos. “A las potosinas no les conviene tener un representante que vota en contra de los Derechos de las Mujeres y que le parece menor la muerte de más de 500 mujeres”.
Señaló que la decisión del Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no sólo es errada e infundada, sino que es una afrenta gravísima contra los Derechos de las Mujeres de todo el país, perpetúa el riesgo y la impunidad en el que se vive en esa entidad, y en todo el país. Además aseguró que el voto por la improcedencia de la Alerta de Violencia de Género de las 20 titulares de los Institutos de las Mujeres del país, muestra su poco compromiso con los derechos de las mujeres, con una comprensión del enfoque de género, con una mínima adherencia a los principios constitucionales, de los instrumentos internacionales de protección y defensa de las mujeres, y de los Derechos Humanos en general.
“Es evidente que las titulares de los Institutos de las Mujeres usaron de manera facciosa su posición en el Sistema Nacional para proteger política y mediáticamente al Gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, lo cual es inadmisible”.
Ante la situación, Rodríguez Leal indicó que es necesario tomar cartas en el asunto, por lo que dentro del mismo Punto de Acuerdo que presentará el jueves a la Diputación Permanente, se requiere al Secretario General de Gobierno, Marco Antonio Aranda, en su calidad de Presidente del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y a la titular del IMES, quien funge como Secretaria Ejecutiva del Sistema, para que rindan un informe pormenorizado y actualizado de los resultados obtenidos hasta la fecha del Banco Estatal de Datos e Información sobre la violencia contra las mujeres.
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