19 de marzo del 2010.
Nuevamente compareció ante el Congreso del Estado el Secretario del Medio Ambiente Manuel Barrera Guillén, en relación al conflicto entre Minera San Xacier y diversas organizaciones ambientalistas y ejidales, y respecto al proyecto minero en Cerro de San Pedro, esto a través de la Comisión de Ecología que preside la Diputada Ivette Salazar Torres.
Existe mucho temor del Gobierno del Estado a definir una postura y actuar y las respuestas del funcionario volvieron a ser ambiguas y titubeantes. Esto no puede ser así ya que Manuel Barrera se encuentra perfectamente informado sobre el conflicto. Como diputado local y presidente del partido verde, siempre demostró simpatía por la lucha del FAO, pero ahora su actuar no es el mismo, no obstante de que tiene perfectamente claro lo que tiene que hacer.
Durante el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental promovido el 27 de noviembre del 2009 por MSX, la SEGAM jamás compareció a posicionar los intereses del estado sobre el asunto.
Por su parte, la diputada Ivette Salazar señaló que esa comisión presentó una denuncia contra la empresa, pues la misma no cuenta con permiso de operación. Al respecto, PROFEPA y SEMARAT desatendieron el documento presentado en el mes de enero. Luego se pidió a SEGAM realizar una inspección a la empresa en el mes de febrero, sin embargo la misma no lo permitió. Por otra parte las autoridades ambientales en materia federal, le han dicho a los diputados de este Congreso que no se les puede dar información, pues se trata de un tema confidencial.
Manuel Barrera señaló que “actualmente la situación jurídica de Minera San Xavier en cuanto a permisos, deriva de los efectos de la resolución del juicio 170/00-05-02-9/634/01-pl-10-04-qc-da de fecha 24 de septiembre del 2009 por parte de la sala superior del tribunal de justicia fiscal y administrativa, que anuló el oficio sgpa/dgria: dg.0567/06 de fecha 10 de abril del 2006 que le otorgo a msx autorizacion de impacto ambiental”. La delegación de la PROFEPA clausuró según su dicho, provisionalmente las instalaciones y el tajo el 18 de noviembre del 2009.
Al respecto, también especificó que la minera logró reabrir el 19 de diciembre del año pasado, luego de que un juez les otorgara una suspensión de amparo.
El diputado Felipe Abel Rodríguez Leal recordó y cuestionó que en la reunión celebrada en noviembre del año pasado, en la que estuvo presente este secretario y diversos funcionarios del Gobierno Estatal, se generaron diversos compromisos, entre ellos convocar al comité de seguimiento de las condicionantes impuestas a MSX en el permiso del 10 de abril del 2006. Y cuál es el resultado de dicho compromiso.
Barrera Guillén respondió que el Comité suspendió sus actividades desde noviembre último con los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Nuevamente el diputado perredista cuestionó si la MSX ha presentado su plan de remediación del sitio y qué sucederá si la trasnacional no presenta dicho plan. A lo que el secretario comentó de que ese es el principal problema, de que se necesitan muchos millones de pesos para lograra la remediación y de que si la empresa no cumple, tendría que actuarse legalmente y solicitar a la federación una declaratoria de emergencia ambiental.
Durante la reunión quedó de manifiesto la descoordinación entre autoridades estatales y federales y una aparente impotencia de la SEGAM para actuar.
Uno de los factores que han permitido a la MSX maniobrar y burlar el Estado de Derecho es lo relativo al permiso estatal de uso de suelo del año 2000, otorgado por el gobierno de Fernando Silva Nieto. En este sentido se dio el siguiente cuestionamiento: ¿el permiso de uso de suelo otorgado por el gobierno de San Luis Potosí el 5 de mayo del 2000 se sustentó en el permiso que otorgó el Instituto Nacional de Ecología en 1999? si este ya fue anulado ¿puede seguir teniendo vida jurídica este permiso estatal?
Barrera Guillén comentó que el área Jurídica del Gobierno del Estado es la que cuenta con la información. Que efectivamente existen dudas de interpretación. Pero que finalmente la MSX no ha solicitado al Gobierno del Estado ningún nuevo permiso y sí es necesario hacer un estudio sobre este punto .
Así mismo Felipe Abel cuestionó por qué se permite a la Minera tirar desechos de su proceso en los cauces del Rio San Nicolás cuando esto es una violación de condicionantes. A lo que el responsable de SEGAM titubeante indicó que harían propia la denuncia y que la llevarían ante la PROFEPA y que de ser cierto es una grave irregularidad.
Ante la pregunta de qué debe hacer el gobierno del estado en caso de una controversia internacional de acuerdo al apartado 11 del TLCAN en el caso de que MSX demande al gobierno de México, de San Luis Potosí y Cerro de San Pedro, el funcionario estatal dijo que este asunto es de competencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que él está de acuerdo en ese planteamiento, pues si bien la demanda sería contra el Gobierno Federal, las repercusiones serán para el Estado.
La reunión concluyó en el sentido de que esta comisión buscará en lo inmediato a las autoridades de PROFEPA y SEMARNAT pues es inconcebible que la información no esté sobre la mesa y no se defina en lo inmediato la extinción de MSX, situación que de una u otra forma sucederá.
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