Septiembre 27, 2010.
El diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal presentó este lunes dos iniciativas de reforma de ley a favor de reconocer en la entidad el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, independientemente de su orientación o preferencia sexual. Y una iniciativa para crear la Ley de Sociedades de Convivencia cuya finalidad es proveer un mecanismo de solidaridad social a individuos desprotegidos de la seguridad social.La primera es una iniciativa para reformar el artículo 15 del Código Familiar, en la parte que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, para que en adelante diga: “El matrimonio es la unión legal entre dos personas, libremente contraída, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, que hacen vida en común, con la finalidad de proporcionarse ayuda mutua, formando una familia.” Asimismo se reforma el Código de Procedimientos Civiles en lo relativo al divorcio, para concordarlo con la primera reforma.
La tercera es una Ley que busca proveer una forma de protección a individuos excluidos de derechos sociales y de esta manera cumplir un objetivo fundamental de la sociedad: la solidaridad. El legislador explicó que esta iniciativa, aunque ha sido vista como una estrategia para dar legalidad a las uniones entre personas del mismo sexo, no está diseñada solo para dicha finalidad, sino para cualquier tipo de acuerdo entre dos personas que quieran proveerse beneficios civiles mutuos.
Manifestó que como parte de la agenda legislativa de la Representación Parlamentaria del PRD, esta propuesta pretende ser un avance en la legislación en materia de derechos humanos, pues “un Estado Democrático de Derecho, no puede negar el reconocimiento de facultades y libertades, ni puede excluir del marco normativo a un individuo por su orientación sexual, ya que ésta se encuentra en el ámbito de lo privado”.
En este sentido hizo referencia a diversos instrumentos jurídicos internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que establecen claramente la obligación de los Estados Nacionales de evitar y combatir la discriminación en contra de sus ciudadanos. De la misma manera el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece “queda prohibida toda forma de discriminación por preferencias de cualquier tipo”.
Además reconoció que, el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmara que la Asamblea Legislativa tiene facultades para modificar la definición de matrimonio, para incluir en ella a las personas del mismo sexo y dicha modificación al Código Civil del Distrito Federal, es un ejercicio de federalismo que trata de dar una solución, democráticamente respaldada, hacia el reconocimiento de grupos sociales que han sido tradicionalmente discriminados.
Bajo el principio de entera fe y crédito del artículo 121 de la Constitución y en consonancia con el sistema federal, los matrimonios entre personas del mismo sexo válidamente celebrados en el Distrito Federal tienen pleno reconocimiento en el resto de las entidades federativas.
Por lo que se vuelve necesario armonizar la legislación de las diferentes entidades federativas para estar acordes con los criterios de la legislación del DF ya avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo contrario, se estaría simplemente obstaculizando el reconocimiento de una serie de Derechos, ya que sin la armonización, dos ciudadanos del mismo sexo que se encuentren en el supuesto de querer entablar una unión legal matrimonial y adoptar, podrían hacerlo en la Ciudad de México. Sin embargo es conveniente que los ciudadanos del resto de las entidades tengan los mismos derechos sin tener que desplazarse de sus ciudades.
El perredista argumentó a favor de este reconocimiento legal, pues dijo que las justificaciones legales se centran en decir que no debe llamarse "matrimonio" a la unión entre dos personas del mismo sexo, porque la mayoría de los códigos establecen que es la unión entre un hombre y una mujer. “Eso es lo que queremos reformar, los saberes cambian, los significados de las palabras también, y la ley debe avanzar en la protección de libertades. No hay argumentos que justifiquen la discriminación. Los derechos no se negocian”.
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