Noviembre 10, 2010.
En el marco del Foro Contra la Discriminación; “Legislar con perspectiva de derechos humanos”, mismo que se llevó a cabo el día de ayer en la Facultad de Derecho de la UASLP, los ponentes coincidieron en señalar la necesidad de respetar primordialmente el derecho a la igualdad, siendo que en México existe una amplia diversidad que debe ser reconocida como una realidad, además de que se deben hacer las reformas necesarias a la Ley para evitar que exista discriminación. Este foro fue organizado por la Representación Parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, a fin de continuar con la discusión de las Iniciativas de reforma de ley a favor de reconocer en la entidad el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, independientemente de su orientación o preferencia sexual, así como de la Iniciativa para crear la Ley de Sociedades de Convivencia.
En el mismo la Diputada Federal por el PRD, Enoé Margarita Uranga Muñoz, quien es secretaria de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la Unión, afirmó que la Ley de Sociedades de Convivencia no busca competir con el matrimonio, sino que busca regular hogares distintos, que se estructuran a partir de afecto y solidaridad, y a los que no se les da reconocimiento. Además de que dijo que la propuesta del matrimonio lo que busca es cumplir el precepto constitucional de ser iguales ante la ley.
Así mismo señaló que es necesario terminar con la cultura hipócrita que se nos ha impuesto, y dar reconocimiento a una realidad que está ahí, dar protección que permita tener sociedades mucho más armónicas e incluyentes, en donde la inspiración sea rescatar uno de los mejores valores, que es la diversidad, entender que el mundo no es binario.
“En México no somos todos iguales, hay una amplia diversidad de formas de ser, y esa diversidad tiene que ser reconocida como un valor. Los homosexuales, lesbianas y bisexuales somos parte de esta diversidad de la que forman parte los heterosexuales, no está en duda nuestra preferencia, en tanto se continúe discriminando, la que sí está en duda es la heterosexualidad, desde el momento que es una norma impuesta”.
Por lo que además aseguró que la diversidad sexual es parte de la realidad en la que vivimos, y llegó para quedarse, y en consecuencia lo que corresponde es aprender a respetarnos, sacudirnos las fuertes inercias, estigmas, ignorancias y exclusiones, fomentadas de muchos siglos. “Es evidente que hay toda una desinformación, una exhortación al odio, una confusión de conceptos que obliga a que tengamos que desaprender mucho de lo enseñado, abrir la mente a lo distinto, y a partir de ahí avanzar”.
Por su parte, Hilda Lino Téllez del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señaló que la Constitución Política en su artículo primero garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, por lo que no debiera haber ciudadanos de segunda, ni de primera clase, pues todos tienen los mismo derechos incluso al matrimonio entre personas del mismo sexo. Además de que dijo los derechos evolucionan, y en consecuencia es necesario hacer el reconocimiento de los nuevos derechos.
Pablo Oyervidez, Director de Quejas de la CEDH, indicó que ningún derecho está a votación, pues es una lucha que le ha costado a la sociedad civil. Igualmente resaltó el hecho de que no basta con que los derechos se encuentren plasmados en la ley, pues de nada sirve si no se pueden traducir en políticas públicas.
El Doctor en Derechos Humanos, Alejandro Rosillo, profesor de la misma materia en la Facultad de Derecho hizo consideró que existe una gran hipocresía por parte de las leyes mexicanas, siendo que nos encontramos en un gran atraso en Derechos Humanos en comparación con otros países como Bélgica y España, que no tienen el alto grado de laicidad que se marca en nuestra Constitución Política.
En el Foro Contra la Discriminación quedó de manifiesto que la solidez jurídica de las propuestas de matrimonio, y de sociedades de convivencia no está a debate, pues la única institución en este país que tiene el poder de decidir si algo es constitucional o no, es la Suprema Corte de Justicia, la que ha resuelto que no sólo tienen solidez jurídica, sino que son una familia que merece ser reconocida con todos los derechos. En este sentido se concluyó que actualmente corresponde a los estados atender esta realidad, empezando desde la política pública y desde la educación.
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