REFORMA DEL ESTADO

RETOS Y PERSPECTIVAS

El régimen posrevolucionario trajo consigo estabilidad social en el país, prescindiendo de cuadros caudillistas para crear instituciones políticas. El 2 de octubre de 1968 modificó en extremo el sistema político mexicano, eliminando la paz simulada que durante mucho tiempo perduró y exponiendo la realidad del país: exclusión social, beneficio exclusivo de las élites políticas y económicas, democracia aparentada, un corporativismo creciente y una corrupción insaciable que se ha extendido a límites insospechables.

El combate a estos males devino en una serie de acciones de los sucesivos presidentes que encabezaron el ejecutivo; Echeverría con su discurso contra-la-derecha no pudo disimular el acrecentado descontento social que coronó con la grave crisis económica que finalizó con la devaluación del 76. A partir de 1977, con la denominada Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, comienza la llamada Reforma del Estado mexicano, así como la transición a la formación de un Estado democrático.

Ante esta situación se buscó llevar a cabo acciones consecuentes a los objetivos preestablecidos y el Presidente López Portillo pretendió una reforma electoral incluyente que no pudo contener el aumento brutal de la burocracia amén de la nacionalización de la banca. Para el tiempo de Miguel de la Madrid los conflictos sociales y económicos llegaron a límites insostenibles, que lo llevaron a la aplicación de las recetas neoliberales cuyo resultado fue un triunfo, reconocido solo 18 años después por el propio De la Madrid, de la incipiente izquierda mexicana encabezada por el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988, que sin embargo le sería arrebatado por medio de un descomunal fraude, que exhibía la ruptura del viejo sistema político hegemónico.

Con la llegada de Carlos Salinas a la titularidad del Ejecutivo las cosas no fueron diferentes, más bien se acrecentó el modelo neoliberal que llevó a su sexenio a terminar con una de las mayores crisis sociales que vivió el país.

El interior del país, sin embargo, parecía ir en otra dirección. La oposición, poco a poco, le ganaba el terreno a la hegemonía política del centro: hubo victorias electorales en los gobiernos estatales, municipales y diputaciones locales. En suma se venía poniendo de manifiesto la posibilidad de una alternancia política sin ruptura, que se materializaría con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, la cual fue resultado de la suma de esfuerzos desplegados a lo largo de dos décadas por partidos, gobierno y sociedad, cuyos determinantes fundamentales fueron los cambios ocurridos en estos años en la competitividad electoral, en el sistema de partidos y la participación de la sociedad en los procesos políticos.

El optimismo que reinó antes y después de su arribo al Ejecutivo, no pudo ocultar la decepción de los más optimistas en cuanto observaron que las estructuras del poder caduco y corrompido que había heredado siguieron intactas, así como el modelo económico imperante y la situación social crítica.

El velo de la manipulación electoral no podía ser intocado, por lo que rápidamente se echó mano de reformas electorales que no serían más que panaceas ante la incapacidad de modificar estructuras de poder y sociales.

En el sistema electoral se generaron inercias y vicios que hicieron acto de presencia en las elecciones federales de 2000 y 2003. La opacidad en la obtención de fondos para campañas y precampañas; el desvío de recursos públicos a favor de un candidato; el alto costo de propaganda electoral: los abusos de las encuestas y las campañas negativas, comenzaron a ser moneda corriente en la disputa electoral.

Así las cosas, en la elección del año 2006, se reflejó la inestable condición de la democracia mexicana y como las instituciones son vulnerables a las presiones de ciertos grupos del poder, así, el irresponsable actuar de las instituciones del estado constituye grabes riesgos para la estabilidad política, económica y social de nuestro país.

Ante estas adversidades el Senado de la República entendió que hacía falta trastocar los pilares institucionales del país que hicieran frente a la profunda desigualdad social y el resquebrajamiento del modelo económico imperante, y aprobó por unanimidad una Ley para la Reforma del Estado que tendría como áreas fundamentales de reforma las siguientes: Régimen de Estado y gobierno, bajo el supuestos de diseñar una nueva arquitectura constitucional que proporcionara mecanismos para la gobernabilidad; democracia y el sistema electoral; el federalismo, con el fin de acotar horizontalmente el régimen político y de fortalecer al municipio; la reforma del Poder Judicial; y por último, las garantías sociales, bajo los supuestos de elevar a rango constitucional los tratados y conclusiones internacionales en materia de derechos humanos, elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación y el derecho al agua y la salud de calidad. De esta forma se definió como un asunto de interés público la reforma del Estado.

Bajo la Reforma del estado se buscaba actualizar las estructuras jurídicas de nuestro país, sus instituciones políticas y sus formas de interrelación con la sociedad, que empataran las nuevas necesidades sociales, económicas y políticas resultantes del desarrollo social, institucional, político, científico, tecnológico y económico; así como de los avances acelerados como la cibernética, la globalización y la regionalización comercial, que, como vemos, son fenómenos que requieren de formas distintas de entender y tratar la política, las áreas gubernamentales, las instituciones políticas, y las formas en las que el Estado se relaciona y legitima ante la sociedad.

La meta es buscar un poder ejecutivo en donde se distingan las funciones del Estado y del gobierno; un Poder Legislativo ágil y con mayores facultades; un Poder Judicial renovado que busque la justicia a través de procesos eficaces y eficientes; el redimensionamiento del pacto federal y la creación de órganos autónomos del estado.

En la actualidad, el gobierno mexicano opera bajo importantes esquemas de ineficacia; limita la iniciativa individual y la productividad, genera inestabilidad e inseguridad y no tiene los suficientes elementos para catalogarse como representativo, así como favorecer el desarrollo de una ciudadanía responsable. No es la alternancia lo que puede asegurar la consolidación democrática, sino el rediseño de viejas instituciones y el diseño de nuevas que permitan ejercer la democracia entendida ésta en su más elemental significado; reglas establecidas para la coexistencia de las distintas posiciones ideológicas de los partidos políticos y el aseguramiento de condiciones de igualdad para el acceso al poder político, la representación de las minorías, la aplicación imparcial y el respeto de la ley, así como la justicia.

En nuestro Estado las cosas no debieran de ser diversas. La instalación consecutiva de gobiernos que más que voltear a las necesidades imperantes de la sociedad y su sometimiento a un modelo económico que las mantenía en un mismo estado, que les negaba intrínsecamente la posibilidad del desarrollo, debe de desencadenar necesariamente una acción colectiva por parte de las diversas fuerzas políticas del Estado para proponer un camino diferente al andado.

En este sentido proponemos crear un instrumento jurídicamente sustentable, plural, legitimo. Con capacidad de convocatoria y con acceso a toda la información. Que en etapas concretas y tiempos establecidos proponga la Reforma del Estado, la revisión constitucional, los lineamientos óptimos para crear, reformar y optimizar leyes y reglamentaciones. Para racionalizar los recurso del estado en beneficio del pueblo de San Luis Potosí, que armonice la relación de los poderes de la República y el Estado y que defina una auténtica reforma electoral que establezca auténticos y posibles mecanismos de participación ciudadana.

Necesitamos una Reforma de Estado que se genere como punto de acuerdo entre todos los actores del gobierno, que logre superar la peor crisis económica de los últimos veinte años. Es esencial la certidumbre de la sociedad, la convivencia bajo valores como la justicia, la libertad y la igualdad, lo que implica una reforma integral de las instituciones del Estado, y en forma autentica consensar con la sociedad y sus instituciones lo mejor para San Luis Potosí.

DIPUTADO FELIPE ABEL RODRIGUEZ LEAL.