Junio 9, 2010.
El día de hoy en sesión ordinaria de la LIX Legislatura, fue retirado el dictamen relativo a la solicitud del Ayuntamiento de la Capital para refinanciar el crédito por 190 millones de pesos, principalmente por el Voto Particular en contra presentado por el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal. De entre sus argumentos destaca el no haber sido notificado para asistir a la reunión de comisiones unidas en donde se discutió el tema, misma a la que desde luego no asistió, por lo que no fueron oídas sus razones para formular su voto en contra.
Cabe mencionar que a la fecha, la autoridad municipal no ha explicado y detallado con documentos e información fidedigna lo concerniente a las obras autorizadas con dicho recurso; no se ha acreditado el estado de las mismas, además de que no se ha presentado el expediente de licitación, los pagos realizados según el crédito descrito, el monto de adeudos, y las razones por la modificación o cambio de la corrida financiera.a Labastida, debe de visualizarse dentro del contexto financiero y de liquidez del Municipio, y no como el hecho aislado del cual es objeto.
En este tenor, el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal manifestó que la petición realizada por la Presidenta Municipal, Victoria Labastida, debe de visualizarse dentro del contexto financiero y de liquidez del Municipio, y no como el hecho aislado del cual es objeto.
Pues el alargamiento del pago, en los términos en los que fue propuesto, implica pagos de 27 millones en el 2013; 25 millones en el 2014; 24 millones en el 2015; 23 millones en el 2016; y 22 y 21 millones en los siguientes dos años, lo que equivale a un costo financiero total de 115 millones de pesos; es decir, un aumento al adeudo de 65.5% real al costo original.
“Lo cierto es que la inestabilidad financiera que se adujo en forma indubitable, no sustenta un razonamiento que acredite la necesidad de ampliar los términos de pago del crédito, pues esta se podría generar nuevamente al estar siempre al vaivén de la globalización económica”.
Además de que existen otros asuntos que en este momento inciden en el perfil de pago de deuda y de compromisos del Ayuntamiento, que no se han tomado en consideración para aprobar o rechazar la solicitud de reestructura, aún cuando estos se reflejarán de manera fundamental en las finanzas municipales a partir del ejercicio 2013.
Por lo que Rodríguez Leal hizo mención del proyecto de la presa El Realito, que recientemente, y a solicitud expresa del Banco otorgante del crédito, se modificó el Decreto 563, a través del cual se obliga a la Capital de Estado y a Soledad de Graciano Sánchez, a aportar 360 millones y 60 millones respectivamente.
Esta modificación incluye una cláusula, concerniente a la indexación del compromiso de pago a precios del ejercicio de 2008, lo que significa que en la misma medida que aumente la inflación, se ajustará hacia la alza la aportación de ambos municipios.
“Esto implica, que para el 2013, ejercicio durante el cual se iniciarán los pagos de este proyecto, los 360 millones de pesos se habrán transformado en 420 millones por efecto inflacionario, de los que la quinta parte que son 84 millones, se tendrán que pagar en el 2013”, afirmó el legislador.
Al final, y solamente por este proyecto, se terminarán pagando 545 millones en cinco años.
En cuanto a los compromisos municipales, tenemos también el servicio de recolección de basura, por el cual se obliga al Ayuntamiento a pagar 60 millones anuales por los próximos 15 años, también indexados en una fórmula integral compuesta que considera aumentos de inflación, de salarios y de combustibles.
Así mismo Felipe Rodríguez explicó que para el ejercicio 2013, se tendrán que pagar dcasi 70 millones anuales por este compromiso. Y evidentemente, durante los años siguientes el pago aumentará, para concluir liquidando una cantidad muy cercana a los 125 millones de pesos anuales.
Y por si no fuera poco, hace unos días el Ejecutivo del Estado solicitó un nuevo crédito, en el que se requieren casi 45 millones para la capital de San Luis Potosí, a cuenta de anticipo de recursos Federales.
Ante este escenario, el perredista indicó que se vislumbra una circunstancia verdaderamente preocupante para las finanzas del Municipio en el período del 2013 hasta el 2018, pues tendrá que realizar pagos muy cercanos y por encima de los 100 millones de pesos anuales. “El Ayuntamiento no tiene la capacidad financiera para pagar estos compromisos, a los cuales habría que sumarle el pago de nóminas y el resto del gasto de operación”.
Fundado en los argumentos señalados, el legislador perredista manifestó que su voto para este dictamen será en contra, en tanto no se describa y acrediten las razones por las que solicita el refinanciamiento del crédito, justificando el objetivo del mismo en función de criterios coherentes y financieramente sustentables; determinando las causas por las que la misma implica un saneamiento financiero a la administración municipal y un beneficio al interés y orden público.
Además de que se expliquen las razones por las que dicho planteamiento no fue programado en el Presupuesto de Egresos de este Municipio, pues lo cierto es que simplemente se está planteando un adeudo injustificado para las próximas cinco administraciones, aún cuando los recursos predestinados, provenientes del Ramo 28, se encuentran etiquetados y debieran ser inamovibles.
De la misma manera, Rodríguez Leal aseguró mantendrá su postura hasta en tanto se proporcione el listado de predios municipales susceptibles a venta, respecto a la manera de utilizar este esquema para el pago del crédito.
Finalmente señaló no haber sido notificado para la reunión de comisiones unidas, en las que aprobaron el dictamen que hoy se discute, por lo que se reserva el derecho a interponer cualquier recurso que considere pertinente para combatir esta decisión, pues el artículo 151 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado enuncia que, el presidente de la comisión o comité deberá citar a las reuniones ordinarias, con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación.
“Esta representación parlamentaria no puede permitirse que se violente ningún procedimiento máxime, cuando se trata de una decisión tan trascendental que afectará el futuro de cuando menos una tercera parte de los ciudadanos potosinos, sobre todo a sabiendas que es de explorado y reconocido derecho que las notificaciones en cualquier materia son una parte toral del procedimiento, y bastaría por ese solo hecho, para anular el mismo, por falta de formalidad ya que violenta a mi Representación Parlamentaria los artículos 14,16 y 17 de nuestra Carta Magna.
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