Junio 29, 2010.
El dictamen sobre la revisión de la cuenta pública 2009, mismo que deberá ser votado el día de hoy por la LIX Legislatura, omite gravísimas inconsistencias, como la falta de un informe sobre el destino de cada una de las disposiciones del crédito por 1,500 millones de pesos durante los primeros diez días del mes en que fue solicitado. Además de que no se menciona que la inversión en 2009 se redujo 138 millones 448 mil pesos pese a estar autorizada por el Congreso, y el gasto en Servicios Personales, aumentó con 61 millones 670 mil pesos.
En este tenor el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal reiteró, esta clara irregularidad de disminuir la inversión para aumentar el pago en Servicios Personales, se omite en el Informe de la Auditoría Superior del Estado, a pesar de que las modificaciones al presupuesto autorizadas por la pasada Legislatura.
Así mismo indicó que el artículo 27 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios, mandata al Ejecutivo a informar a su Contraloría General sobre el destino de cada una de las disposiciones del crédito por 1,500 millones, sin embargo esto nunca ocurrió, y a pesar de ello, tampoco la Auditoría Superior del Estado informó al Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia. Por lo que aseguró, es más grave aún que dicha comisión estuviera enterada de la omisión, no la hubiera hecho del conocimiento de la Legislatura.
“Cualquiera que fuese la razón, esta es una omisión inaceptable tanto por parte de la Comisión y como de la Auditoría Superior”, aseguró Rodríguez Leal. Además de que precisó que durante el ejercicio 2009, de acuerdo a los resultados mostrados por el Informe de la ASE, existe la presunción fundada de que no solamente se violó el Presupuesto de Egresos 2009, sino también los marcos legales tanto Federal y Estatal aplicable en lo que respecta a la gestión administrativa y financiera de los recursos públicos, esto porque se disminuyó la inversión pública y a la vez, se aumentó el gasto corriente o de operación.
Destaca el incremento del renglón denominado “Gratificación de fin de año”, el cual ascendió a 349 millones 381 mil pesos frente a los 131 millones 555 mil pesos autorizados por la pasada Legislatura.
“Esto debe de necesariamente tener consecuencias, las mismas que precisa la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos. Resulta inaceptable que en Informe de la Auditoría Superior no se mencione ni precise nada, abonando a la duda, y lo que presumo es la parcialidad manifiesta de su actuación”, señaló.
Así mismo el legislador perredista informó que de acuerdo a los Estados financieros presentados, tanto por la Secretaría de Finanzas en la Cuenta Pública 2009, como en el informe de la ASE, se precisa un total de 929 millones 595 mil pesos de compromisos pendientes de pago por insuficiencia presupuestal. Situación particularmente grave, pues se constituye en el equivalente a haber contratado Deuda Pública y, sin la autorización previa del Congreso.
Por otra parte es de considerarse que en los capítulos globales de gasto Bienes Muebles e Inmuebles, e Inversión Financiera, se modificaron durante 2009 como resultado de una decisión unilateral del Ejecutivo. El primero se redujo en 37.3 por ciento, mientras que el segundo aumentó 44.1 por ciento. Así como también disminuyó 4.5 por ciento la inversión pública ejercida, frente a lo que autorizó la pasada Legislatura.
Por lo que como señaló Rodríguez Leal, resulta todavía más grave, que la Auditoría Superior precise, tergiversando la información para pretender engañar al cuerpo colegiado legislativo, que los aumentos fueron de 5.0% en Bienes Muebles e Inmuebles y de 21.3 % en Inversión Financiera. Además de afirmar que la reducción financiera en el renglón de Inversión Pública realmente aumentó 7 por ciento.
“Probablemente al Auditor lo traicionó el inconsciente, y se olvidó que debe defender la legalidad y la transparencia que demanda la ciudadanía potosina y que también tutela este Poder, y no encubrir y disfrazar las ilegalidades del gobierno Marcelista. Probablemente sigue a las órdenes del ex Gobernador y no de esta Legislatura”, aseveró el diputado perredista.
“Después de la serie de inconsistencias, mañas, cifras tramposas y truqueadas, omisiones legales, para mi partido, mi persona y para la ciudadanía, es completamente insatisfactorio este informe. De manera contundente lo rechazo. Es inaceptable e insuficiente esa respuesta por parte del Auditor”.
Hoy por hoy los potosinos tenemos que sufrir las consecuencias presupuestales y financieras de un ex Gobernador que tuvo como prioridades una política de oropel y gusto por las cámaras y los reflectores propios de un emperador, más que de un Gobernador responsable por las necesidades más apremiantes de un pueblo pobre y ávido de seguridad, de justicia y de servicios sociales básicos.
El costo de la irresponsabilidad en el ejercicio del gasto y de una irracional e injustificada política de endeudamiento, la pagarán las siguientes 3 generaciones de Potosinos, con el consecuente atraso en la política social que implica la carencia de recursos comprometidos por 25 años por un gobernador insensible y con una visión torcida del ejercicio gubernamental.
Un gobierno que convirtió la corrupción y el dispendio en su carta de presentación, y que encontró mediante el manipuleo y el mayoriteo que le otorgaba la condición particular del voto de la pasada legislatura, una posibilidad de intentar encubrir sus irregularidades y corrupción a través de un Auditor Superior complaciente, obsequioso y tramposo en la interpretación de la Ley.
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