Junio 2, 2010.
Ante el brutal homicidio del ciudadano potosino Anastasio Hernández Rojas, perpetrado por miembros de la policía estadounidense, el Congreso del Estado solicitará a la titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, Patricia Espinosa Cantellano, que eleve su enérgica protesta a las autoridades del Condado de San Diego, y del gobierno del Estado de California en los Estados Unidos de América por este hecho. Además de que envíe a la Cónsul General de México en San Diego, California, María de Los Remedios Gómez Arnau, una solicitud para que coadyuve con la familia del difunto en la realización de los trámites legales y administrativos.
Así mismo, el Legislativo solicitará al Gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, gire instrucciones a quien considere pertinente dentro de sus atribuciones, a fin de que se proporcione toda la ayuda legal, moral y material a la familia Hernández Rojas.
Esta solicitud será presentada ante la LIX Legislatura, a través de un Punto de Acuerdo que plantea el Diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, quien indicó que la violencia policíaca con la que fue pretendidamente neutralizado el hoy occiso, fue desmedida y ajena a toda proporcionalidad dentro del marco de la legalidad y de la seguridad pública, aún en caso de existir una hipotética resistencia por parte del detenido, situación que de acuerdo a las declaraciones de testigos, nunca sucedió .
En ningún momento corrió riesgo físico alguno de los elementos policíacos que participaron, sin embargo, como lo describen los medios de comunicación, entre 15 y 20 elementos sometieron al migrante, con toletes, pies y puños, lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas hasta dejarlo inmóvil, provocándole entre otras contusiones, fractura cráneoencefálica, lo que le derivó primeramente en muerte cerebral y como consecuencia en paro cardíaco.
El legislador perredista señaló que este homicidio se da en el marco del debate en torno a la aprobación de la llamada Ley Arizona, que criminaliza la sola presencia de individuos sin un estatus migratorio legal. “Es una consecuencia social de la propagación de medidas de odio que aplican funcionarios y ejecutores de las políticas de seguridad nacional, que lejos de proteger, infringen daños mayores a los Derechos Humanos y violentan los tratados internacionales que en materia migratoria ha firmado la mayoría de los países democráticos del mundo”.
De igual manera hizo mención de que este tipo de homicidios suceden de manera cotidiana, y seguramente comenzarán a presentarse con más frecuencia al amparo de la racista Ley Arizona, pues este escenario coloca a los migrantes en una posición aún mas vulnerable, y se fomenta una cultura del odio y la discriminación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene los mecanismos legales de protección y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular por color de piel u origen étnico o nacional. De tal manera que la condición migratoria del potosino Anastasio Hernández Rojas, ni de ningún connacional puede servir de pretexto para infringírsele daños en detrimento de su dignidad, su salud, o incluso como en este caso, su vida.
En este tenor, Rodríguez Leal aseguró que la Comisión de Asuntos Migratorios debe actuar de inmediato ante este hecho indignante, pues es un escenario que se repite y que ha cobrado un sinnúmero de víctimas, y que acecha constantemente a los connacionales que van a Estados Unidos en la búsqueda de empleo.
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